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La Paz, 16 noviembre 2010 (ABI) - La alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, llamó el martes a los periodistas bolivianos a participar en la reglamentación de Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, para garantizar una implementación adecuada en el marco legislativo, que beneficie a todos los sectores.
En conferencia de prensa con medios nacionales e internacionales, Pillay aseguró que la Ley Antirracismo "necesita una discusión con todas las partes interesadas; actores políticos y sociales, incluyendo los periodistas para consensuar una reglamentación".
"Hago un llamado a los periodistas para que participen en un diálogo de forma tal que se tomen en cuenta sus intereses y preocupaciones en la reglamentación de la Ley", remarcó a través de una traductora.
A su juicio, el Gobierno y la sociedad civil deben extremar esfuerzos para concertar acuerdos que "aseguren una implementación adecuada de la ley, que resultará en beneficio de todos los sectores".
La Alta Comisionada de la ONU aseguró que la aprobación de una ley contra el racismo en Bolivia representa un "avance histórico", que fue recibida con "beneplácito", porque fue impulsada por las Naciones Unidas durante mucho tiempo.
"El derecho internacional obliga a los estados a penalizar el racismo y la discriminación. El discurso del odio y la violencia racial son inaceptables en un sociedad democrática", argumentó.
Aseguró que aquellas personas que emiten mensajes racistas y discriminatorios "no puede ser protegidas por la libertad de expresión", sin embargo, recomendó que toda acción que tienda a limitar la libertad de expresión "debe adaptarse por ley y debe expresarse de forma clara y precisa".
"La ley internacional requiere que las limitaciones sean estipuladas por ley, que sean definidas de forma clara y precisa e implementadas por un ente independiente", insistió.
Detalló que en la reunión que sostuvo el martes con el presidente, Evo Morales, el mandatario le explicó el "trasfondo histórico de la ley ", que se basa en los actos de racismo y discriminación registrados en Bolivia en más de 500 años.
"Le aseguré al Presidente que entendía ese contexto y que había una similitud con la historia de Sudáfrica y Morales insistió en la inclusión de los artículos 16 y 23, y le recordé que la legislación de Bolivia tiene que ajustarse a los estándares internacionales de derechos humanos", apuntó.
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