Convencidos de que hay que hacer una lectura correcta de los resultados y los mandatos del referéndum revocatorio que el pasado 10 de agosto le dio un 68 por ciento de apoyo en todo el país y que su hegemonía indiscutible en el occidente se fortaleció por el triunfo en la mayoría de la provincias de la llamada Media Luna (oriente), el Presidente Evo Morales y los movimientos sociales, que se han llamado a administrar bien la victoria, saben que a la derecha herida de muerte hay que terminar de derrotarla para que no se recupere.
Por: Hugo Moldiz
27 agosto 2008/TeleSUR http://www.telesurtv.net
A escasos quince días de haber obtenido una histórica victoria en el referendúm revocatorio, con un apoyo del 68% en todo el país, el presidente boliviano Evo Morales ha decidido apoyarse más en la fuerza del pueblo y su movilización para enfrentar los planes desestabilizadores de la ultraderecha, hacer realidad el mandato del 10 de agosto: tener una nueva Constitución Política del Estado, reapropiarse de la autonomía y establecer una nueva forma de distribución de los recursos del Estado.
La determinación ha sido más que oportuna para responder a una contraofensiva que la derecha busca concretar, después de su derrota en la consulta popular, a través de un plan de desestabilización que contiene métodos violentos, económicos y jurídicos que anticipan con radicalizarse a partir de este lunes.
A falta de partidos, las clases dominantes, timoneadas por las burguesías agroexportadoras, ganadera y comercial, las más conservadoras del viejo bloque histórico que todavía se resiste a morir, han encontrado en los comités cívicos y los medios de comunicación los instrumentos para resistir el proceso de cambio y para golpear, en los planos políticos, físicos y simbólicos, a Evo Morales y el proyecto emancipador que representa.
Los comités cívicos de cinco departamentos de la llamada ''Media Luna'' ampliada (Santa Cruz, Beni, Tarija, Pando y la ciudad de Sucre) han pasado en los últimos días de una huelga de hambre, un paro de 24 horas y otro día de bloqueo de caminos, a la ejecución de un plan orientado a la toma de instituciones públicas, campos petroleros y la suspensión de envío de carne y otros productos al occidente boliviano.
A estas acciones de hecho, hasta ahora rechazadas por la población, se han sumado los acostumbrados operativos de violencia que desarrollan grupos paramilitares al empuje de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) y de los que en los últimos días no solo han sido víctimas dirigentes y militantes de los movimientos sociales sino policías que han sufrido golpes y agresiones de todo tipo.
Y eso es lo que el gobierno sabe que debe parar. Los movimientos sociales se lo han exigido este sábado en la reunión que tuvieron con el presidente Morales y en la que se acordó unir a todas las fuerzas políticas y sociales para profundizar el proceso de cambio y derrotar, según ha señalado el Jefe de Estado, a la derecha fascista que agoniza.
Gobierno y movimientos sociales aprobaron la línea de avanzar hacia la aprobación, mediante referéndum, de la nueva Constitución Política del Estado y la recuperación de la bandera de la autonomía que la derecha la ha utilizado muy bien en sus objetivos desestabilizadores.
La Constitución aprobada en diciembre pasado por la Asamblea Constituyente deja atrás el Estado monocultural y reconoce el carácter plurinacional de la formación social boliviana, amplia la democracia representativa con la incorporación de formas de democracia directa y comunitaria, enfatiza en papel activo del Estado y lo comunitario en la economía nacional, respeta la propiedad privada en la medida que cumpla una función económico-social, prohibe la instalación de bases militares extranjeras en territorio nacional y contiene una amplia cantidad de derechos sociales para niños, jóvenes y ancianos como nunca antes se conoció en 183 años de historia republicana.
El proyecto de Constitución reconoce cuatro tipos de autonomía -departamental. regional, indígena-originario-campesino y municipal (que ya existe), con lo que supera la propuesta de las clases dominantes que solo quieren una autonomía departamental.
El gobierno ha expresado su desacuerdo con la sola implementación de la autonomía departamental con el criterio de que reproduce el centralismo que tanto se critica, burocratiza e impide el acceso de los municipios y las comunidades indígenas a los recursos y restringe la democracia.
Apoyados en su victoria en 95 de las 112 provincias del país, lo cual ha significado que triunfe en la mayor parte de las provincias de la Media Luna, el gobierno y los movimientos sociales han adoptado, además, la decisión de ir hacia la elección de consejeros y subprefectos en todo el país.
En esa misma línea, el gobierno y los movimientos sociales ratificaron el sábado que los recursos del Estado deben distribuirse con esos criterios y que todos los niveles de gobierno -nacional y subnacionales-, deben aportar a la sostenibilidad de las medidas sociales puestas en marcha en dos años y medio de gestión, como la Renta Dignidad que favorece a ancianos mayores de 60 años con un pago de 3.000 bolivianos al año.
Esta línea de trabajo, cuyo mandato ya se construyó en el imaginario social en 10 de agosto, se traducirá en una ofensiva en todos los escenarios, desde los parlamentarios hasta el social, y contará, sobre todo, con la unidad ferrea que el presidente ha llamado a garantizar en estos momentos decisivos para la revolución boliviana.
