28
junio 2014, PIA-Pediodismo Internacional Alternativo http://www.noticiaspia.org
(Argentina)
PIA
-- Pese a la oposición de Estados Unidos y la Unión Europea, el Consejo de
Derechos Humanos de Naciones Unidas logró aprobar en Suiza la creación de un
grupo intergubernamental para elaborar un Tratado de carácter vinculante para
las empresas multinacionales en materia de Derechos Humanos. La propuesta
impulsada por Ecuador y decenas de organizaciones sociales y políticas, tuvo el
respaldo de la Declaración del Tribunal Permanente de los Pueblos que condenó
por “crímenes contra la humanidad y el ambiente” a corporaciones como Chevron,
Shell, Mekorot y Glencore.
El
objetivo del Tratado que comenzará a diseñarse tras la aprobación de la resolución
de la ONU es que obligue a las Corporaciones Transnacionales (ETNs) a
respetar las normas internacionales en materia de derechos humanos e instaure
responsabilidades civiles y penales en el caso de que incurran en violaciones,
y señale las obligaciones de los Estados con relación a la regulación y control
de las ETNs. De ese modo, complementará los mecanismos universales,
regionales y nacionales.
“La
propuesta conjunta ecuatoriana – sudafricana logró ser aprobada, a pesar de
la fuerte oposición y presión política que ejercieron Estados Unidos,
Japón, Corea del Sur y la Unión Europea sobre los demás países miembros
del Consejo”, destacó
la cancillería de Ecuador, luego de
informar que la resolución tuvo 20
votos a favor, 13 en contra y 14 abstenciones.
La
iniciativa fue respaldada por una campaña mundial “Paremos el crimen
corporativo y la impunidad” en la que decenas de organizaciones políticas y
sociales participaron desde el lunes pasado en denuncia de la “intensificación
y proliferación de atroces violaciones empresariales contra los derechos
humanos y crímenes ecológicos”.
La
resolución contó con el apoyo de Bolivia, Nicaragua y El Salvador; y
el voto favorable de Rusia, China, India, Cuba, Venezuela, Argelia, Benín,
Burkina Faso, Congo, Costa de Marfil, Etiopía, Indonesia, Kazajstán, Kenia,
Marruecos, Namibia, Pakistán, Filipinas, Vietnam, Sudáfrica y Ecuador.
Declaración del
Tribunal Permanente de los Pueblos
En
paralelo a la 26° Sesión del Consejo de la ONU en Ginebra – Suiza- , en el
Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP)se presentaron testimonios contra
empresas por sus crímenes: Chevron
en la Amazonia Ecuatorial; Shell
en Nigeria; Glencore en
Filipinas, Zambia, República Democrática del Congo, Peru y Colombia; Pacific
Rim en El Salvador; Lonmin
en Sudáfrica; Coca-cola en Colombia; Mekorot
en Palestina; e Hidralia en Guatemala.
“Esta
audiencia constata una vez más que las violaciones perpetradas por ETNs no
constituyen casos aislados y sin conexión, más si prácticas sistemáticas que se
repiten alrededor del mundo, como expresión de la arquitectura de la
impunidad”, destacó en su sentencia el TPP tras la audiencia del pasado lunes.
Luego
precisaron que los Estados sede de las empresas acusadas “mantienen su
complicidad a través de las acciones y omisiones en la promoción y en el
mantenimiento de los abusos perpetrados “. Entre ellos destacaron a Suiza,
Estados Unidos, Canadá, Israel y países de la Unión Europea.
El
TPP señaló que la “arquitectura de la impunidad” de las ETNs se sustenta en la
complicidad de tribunales de arbitraje como el Centro Internacional de Arreglo
de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial.
En
ese sentido, la sentencia exige que los crímenes de las multinacionales no sean
recurridos ante paneles arbitrales internacionales, sino que se refuerce la
competencia de los Estados. “Los tribunales nacionales deben resolver los
conflictos y los gobiernos y parlamentos deben consultar en audiencias públicas
con movimientos sociales, sindicatos, ONG y pueblos autóctonos”, indicaron.
También
destacaron que el incumplimiento de los derechos humanos, es favorecido desde
hace décadas por organizaciones como la Organización Mundial del Comercio
(OMC), el
Fondo Monetario Internacional (FMI) y los Tratados de Libre Comercio
(TLC) que promueven.
En
la Declaración
de la audiencia, sistematizaron los siguientes rasgos y consecuencias de
los crímenes corporativos:
-- Daños
para la vida: medioambiente, amenazas a la soberanía alimentaria, amenazas
a la Salud pública
-- Privatización de
bienes públicos y agua y despojo de tierras
--
Destrucción y acaparamiento de las tierras y los territorios ancestrales
de los pueblos indígenas y afrodescendientes
--
Ataque a los derechos de las mujeres y los derechos laborales y
explotación del trabajo infantil
-- Persecución de
defensores y defensoras de los derechos humanos
-- Violencia,
la represión y criminalización contra los movimientos sociales y
sindicales, pueblos en resistencia y masacres “como la de los trabajadores de
Marikana” en Sudáfrica. “La ejecución de las mismas se llevan a cabo por medio
de grupos policiales y militares, paramilitares y de empresas de seguridad
privada, así como también otras instituciones de los Estados receptores”,
señalaron.
--
El acceso a la justicia y a la reparación por parte de las víctimas
se ve gravemente afectado por la falta de recursos, así como por implicaciones
políticas y de seguridad, y aún más por las asimetría de condiciones de
litigar.
-- Jurisdicción:
la instrumentalización de las reglas sobre jurisdicción y competencia
representa un obstáculo más a la justiciabilidad de los derechos de los
pueblos.
-- Complicidad
de los Estados sede: “la Audiencia permitió constatar que los Estados sede de
las empresas acusadas (Suiza, Estados Unidos, Canadá, Israel y países de la
Unión Europea) mantienen su complicidad a través de las acciones y omisiones en
la promoción y en el mantenimiento de los abusos perpetrados”, precisaron.
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