Camiri (Santa Cruz), 28 enero 2008 (ABI) -El presidente, Evo Morales Ayma, entregó este lunes un paquete de 30 títulos ejecutoriales de propiedad agraria que consolida el derecho propietario sobre una superficie de 373.813 en beneficio del Pueblo Guaraní, iniciando así el proceso de liberación de indígenas que viven como esclavos.
Los documentos otorgados por el Gobierno corresponden a propiedades colectivas de Tierras Comunitarias de
Origen (TCO) y comunidades ubicadas en las provincias Luis Calvo y Hernando Siles de Chuquisaca y Cordillera de Santa Cruz.
"Tienen que acabarse estas familias cautivas y para eso pedimos conciencia a los terratenientes", demandó el presidente Evo Morales.
Las palabras del Jefe de Estado fueron expresadas durante un acto celebrado en la Capitanía Ivo, distante a 65 km de la ciudad de Camiri, en conmemoración de los 116 años de la masacre en el Chaco boliviano, cuando guaraníes fueron duramente reprimidos el 28 de enero de 1892.
"Tienen que saber ellos, que antes de la invasión española, esta tierra era de los pueblos indígenas", afirmó Morales.
En la oportunidad el Jefe de Estado presentó un conjunto de medidas en beneficio del pueblo guaraní, como revertir 2.600 hectáreas sin indemnización en la localidad de Huacareta en Chuquisaca.
Además, anunció el inicio del saneamiento de tierras en la localidad de Alto Parapetí, donde todavía habitan pueblos indígenas cautivos.
Reconducción agraria
Uno de los aportes de la Ley de Reconducción Agraria es que legaliza la expropiación por causal de agrupamiento de pueblos indígenas que no son dotados en cantidad y calidad suficiente para asegurar su reproducción étnica. A esto se denomina "reconocimiento territorial suficiente".
La expropiación con indemnización, predio por predio, no supondrá disponibilidad inmediata de la tierra, pero es un proceso irreversible.
Los hacendados afectados pelean en el Tribunal Agrario, pero no anunciaron recursos contra el decreto por no exponerse al desprecio general.
Los empresarios no pueden oponerse a la expropiación y enfrentarse a un pueblo indígena tan importante como el guaraní. Hay que precisar que el proceso de expropiación no afectará a campesinos ni a pequeños propietarios.
Por otra parte, el Gobierno emitió las primeras tres resoluciones de reversión de tierras sin indemnización -más simbólicas porque representan menos de dos mil hectáreas- que se fundamentan en el incumplimiento de la Función Económica Social (FES).
En el reglamento de la ley se menciona que la FES obliga al hacendado a cumplir un interés colectivo y a anular relaciones de servidumbre.
Esto quiere decir que si un solo indígena es sometido a un régimen de servidumbre, no se reconoce la FES en el predio aunque en él existan 10 mil vacas. En la anterior norma, sólo el no pago de impuestos era considerado incumplimiento de la FES.
Asimismo se ha dispuesto la dotación de algo más de 100 mil hectáreas de tierras fiscales a los pueblos indígenas del Chaco.
Con todas estas dotaciones, más las tierras ya tituladas y lo que se planea seguir recortando a los particulares, el Gobierno calcula que podría atender la demanda guaraní en Chuquisaca que asciende a 700 mil hectáreas.
El siguiente paso será sanear otras zonas donde habitan indígenas cautivos, como el Alto Parapetí en la provincia Cordillera de Santa Cruz.
El plan es realizar un saneamiento relámpago en cuatro meses apelando a la determinación y a la fuerza necesaria.
Saneamiento
El proceso de saneamiento de las tierras del pueblo guaraní es único por su adversidad.
Por un lado, en las provincias Cordillera, Luis Calvo, Hernando Siles, O’Connor y Gran Chaco de los Departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, comunidades guaraníes enteras sobreviven en el régimen feudal en pleno siglo XX, como ciervos de la gleba que nacen y mueren sin tierra, sin salario ni educación, y atados a grandes haciendas.
Por otro lado, los guaraníes son los indígenas menos beneficiados por los planes de redistribución y saneamiento de tierras de los últimos años.
El Decreto Supremo 28159 del 17 de mayo de 2005 definió por primera vez a las comunidades cautivas como aquellas que "trabajan por cuenta ajena, en condición de subordinación y dependencia, en labores propias de la actividad agropecuaria en espacios histórica y ancestralmente ocupados por ellas, y que no tienen tierra en propiedad".
Los guaraníes con predios propios que viven fuera de las haciendas también dependen del hacendado, pues sus tierras magras y erosionadas les obligan a emplearse en la hacienda.
Estas familias "empatronadas" son empleadas temporal o permanentemente en haciendas para trabajos agrícolas o ganaderos.
Por lo general, las mujeres trabajan en la casa del patrón cocinando, lavando ropa y cuidando niños, mientras que los menores de edad acarrean agua y crían gallinas, chanchos, chivas y otros animales. La población empatronada aumenta en periodos de cosecha.
Todas las familias guaraníes del Alto Parapetí dependientes de las haciendas de una u otra manera terminan siendo empatronadas.
Muchas familias indígenas cautivas y empatronadas viven esclavizadas por deudas heredadas de sus abuelos.
Los bajísimos salarios que perciben en especie (ropa usada, aceite, alcohol, coca, alguna vez); en dinero y en remuneración mixta no alcanzan para cubrir el costo de los alimentos (que los mismos hacendados venden con sobreprecio) ni las deudas por la coca y el alcohol que les proporcionan al fiado.
A la hora de hacer cuentas, el indígena iletrado siempre pierde frente al patrón, y se ve obligado a trabajar en la hacienda otro periodo más hasta pagar su deuda.
De las 20 Tierras Comunitarias de Origen (TCO) demandadas por el pueblo guaraní, muy pocas son de gran superficie y el porcentaje de titulación es dramáticamente pequeño, entre el 5 y 10 por ciento.
Por ejemplo, si piden al Estado 100 mil ha, reciben de 5 mil a 10 mil hectáreas, mientras que los demás pueblos indígenas consiguen la titulación de más del 50 por ciento de los territorios que demandan al Estado, como los yuracarés de Cochabamba o los ayoreos, que lograron titular del 95 por ciento del territorio que solicitaron.
El saneamiento insuficiente para el desarrollo de este pueblo indígena se debe a dos razones, la primera relacionada con la matufia política que favoreció a terceros, y la segunda más estructural.
Las haciendas en el Chaco
Las haciendas ganaderas del Chaco aparecieron en los siglos XVII y XVIII y se expandieron desde la primera mitad del siglo XIX hasta el XX. Esto quiere decir que se consolidaron en cientos de años y en diferentes momentos históricos.
Favorecieron a los hacendados las leyes republicanas y la reforma nacionalista de 1953 que entendió que la hacienda ganadera no era latifundio y permitió que el Consejo Nacional de Reforma Agraria hiciera excepciones en las tierras bajas bolivianas.
En 2006 el Viceministerio de Tierras se comprometió con la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) a dotar suficiente tierra a todas las comunidades de Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca.
Esto con el objetivo de asegurar su desarrollo con identidad y pagar la deuda histórica. Las autoridades comienzan cumplir su promesa en el departamento de Chuquisaca, donde ya se hizo el saneamiento.
Los indígenas de Santa Cruz, con buen criterio, no quisieron que el saneamiento "blanquee" las haciendas mal habidas, y ahora las autoridades preparan un proceso de saneamiento relámpago.
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