Agencia Boliviana de Información (ABI) http://www.abi.bo
La Paz, 4 diciembre 2008 (ABI) - La Comisión Especial de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) recomienda profundizar investigaciones sobre las denuncias de la ejecución de niños, desapariciones, entierros clandestinos, abusos sexuales y otros ocurridos en los hechos sangrientos del pasado 11 de septiembre en la localidad de Porvenir, Pando.
"La Comisión propone profundizar la labor investigativa sobre las siguientes cuestiones: ejecuciones sumarias de niños, enterramientos clandestinos, destino de personas cuyo paradero se desconoce, heridos, víctimas de tortura y tratos o penas crueles inhumanos o degradantes y abusos sexuales", señala una de las recomendaciones.
Estas consideraciones fueron motivo de reacciones exacerbadas por parte del senador pandino del opositor Poder Democrático Social (Podemos), Roger Pinto, quien cuestionó el informe y exigió que se muestren los niños muertos y las mujeres violadas que afirma la Unasur.
Además propaló una serie de calificativos y adjetivos contra el Rodolfo Mattarollo jefe de la Comisión Especial.
Ante estas declaraciones, el subjefe de bancada del oficialista Movimiento Al socialismo (MAS), Jorge Silva, lamentó la desesperación de algunos opositores que buscan encubrir crímenes de lesa humanidad y atribuyó esos "descriterios" al desconocimiento del informe en detalles.
Aclaró que el informe de Unasur explica que falta comprobar las denuncias de ejecuciones de niños, violaciones, fosas comunes y por eso recomienda a la justicia boliviana investigar esos extremos para determinar la verdad, "en ningún momento afirmaron (Unasur) la existencia de estos delitos sino recomendaron una investigación".
"Los parlamentarios opositores lo que pretenden es politizar el informe, pero no lo van a conseguir porque expertos internacionales de nueve países han certificado que hubo masacre en Pando con crímenes de lesa humanidad. Este hecho debe ser tomado en cuenta para que los responsables tengan su sanción y no queden impunes estos crímenes", aseveró Silva.
REPARACIONES
El informe de la masacre de Pando en sus recomendaciones también sugieren la reparación de los daños a las víctimas de esta masacre se constituya en una política de Estado, buscando para su realización la contribución de la comunidad internacional.
Estas reparaciones, deben enmarcarse en los principios aprobados recientemente por la asamblea general de las Naciones Unidas, que deben comprender tanto la reparación individual como la reparación comunitaria.
Asimismo se determinó que debe existir una reparación simbólica que se exprese mediante el levantamiento de memoriales, espacios para la memoria y la promoción de los derechos humanos, "acciones que constituirán un instrumento ético y pedagógico fundamental para la construcción de una cultura democrática", señala el documento.
DIFERENCIAS
De la misma manera, la Comisión Especial de la Unasur recomendó al Estado boliviano implementar y fortalecer las medidas legales, administrativas y judiciales para eliminar la brecha que existe entre grupos privilegiados y los que se encuentran en situaciones vulnerables en materia política, económica, social y cultural.
La Comisión recomienda también que los órganos competentes del Estado sancionen conforme a la ley, situaciones de discriminación creadas por otros sectores sociales.
El informe puesto a disposición del Gobierno nacional por la Comisión de la Unasur, convoca además a que las evidencias y pruebas recogidas en el mismo, sean puestas a disposición de la justicia a fin de que se investigue, se juzgue y se sancione a los responsables.
http://www.abi.bo/index.php?i=noticias_texto_paleta&j=20081204133813&l=200809130009_Campesino_torturado_por_c%EDvicos_y_funcionarios_en_Pando_(archivo)
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sexta-feira, 5 de dezembro de 2008
quarta-feira, 3 de dezembro de 2008
Bolivia/Unasur concluye que masacre en Pando fue planificada y pide juicio ordinario
Agencia Boliviana de Información (ABI) http://www.abi.bo
La Paz, 3 diciembre 2008 (ABI) - La masacre en Pando del 11 de septiembre fue organizada bajo una cadena de mando prefectural y el atentado contra la vida y la integridad de personas en esos hechos son delitos comunes que corresponden a ser procesados en la justicia ordinaria, concluyó el informe final de la Comisión Especial de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
"A la luz de los hechos, la Comisión concluye que no se está ante delitos de función y esto, conforme a la misma jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Bolivia. En efecto, la función pública no consiste en atentar contra la vida y la integridad personal de los ciudadanos, los delitos de esa naturaleza, no pueden ser nunca delitos de función. Se trata de delitos comunes que deben ser juzgados por la justicia ordinaria", señala la octava conclusión del informe.
Estas son algunas de las 10 conclusiones que contempla el informe de la Comisión Especial que estuvo liderada por el jurista argentino, Rodolfo Mattarollo, quien fue el encargado de hacer al entrega el miércoles de este documento al presidente Evo Morales en instalaciones del hall de Palacio Quemado.
En el acto participaron los miembros de esta Comisión investigadora de los países miembros de la Unasur, autoridades nacionales, familiares de victimas de la masacre de Porvenir, medios de prensa, entre otros.
Además, el informe determinó sobre los sucesos sangrientos el pasado 11 de septiembre en el departamento boliviano de Pando, concluyó que la masacre de campesinos fue premeditada y constituye un crimen de lesa humanidad.
Mattarollo aclaró que el informe fue firmado por todos los delegados unánimemente que trabajaron en esta investigación.
La Comisión Especial fue creada por la Declaración de la Moneda, de 15 de septiembre pasado, para investigar los trágicos hechos acaecidos en Pando, donde al menos 20 personas resultaron muertas, decenas heridas y desaparecidas, a manos de sicarios presumiblemente vinculados al ex prefecto Leopoldo Fernández, preso en la cárcel de San Pedro de La Paz.
Luego de varias semanas de trabajo, que incluyó visitas al lugar de los hechos, testimonios y la opinión de peritos, la Comisión elaboró un informe que contiene conclusiones y recomendaciones que fueron puestas en conocimiento del presidente boliviano Evo Morales.
La Comisión Especial está encabezada por el jurista Rodolfo Mattarollo y lo secundan Juan Gabriel Valdés y Luciano Fouillioux (Chile), Fermino Fechio (Brasil), Francisco Borja (Ecuador), Guido Toro (Perú), Carlos Pita (Uruguay), Freddy Gutiérrez (Venezuela), Fulvia Benavides (Colombia) y Nicolás Gutman, Eduardo Zuain y Ciro Annichiarico (Argentina).
CADENA DE MANDO
La Comisión de la Unasur en sus investigaciones determinó que aún cuando hubo personas que actuaron particularmente, los agresores de los campesinos lo hicieron de forma organizada y respondían, según testimonios, "a una cadena de mando y contaban con funcionarios y bienes del gobierno departamental, al servicio de una empresa criminal".
Según el informe, de esa masacre fueron víctimas fatales un número no definitivamente establecido de campesinos. El número enteramente comprobado hasta el momento es de 20 campesinos asesinados.
"Dicha masacre reviste por sus características los rasgos de una violación extremadamente grave y flagrante de derecho a la vida y a la integridad de la vida, cuyo goce y ejercicio es condición de todos los derechos humanos", señala el documento.
POLICÍA Y POLÍTICOS
Las conclusiones también identifican a la Policía y los políticos en su rol pasivo que permitió estos hechos violentos con saldos lamentables.
El documento señala que los funcionarios políticos de los que depende la obligación de garantía de los derechos humanos y los cuadros superiores de la Policía incumplieron de manera patente su obligación de preservar la vida y la integridad física de las personas que fueron objeto de ataque, con lo que no observaron su obligación de garantía de derechos humanos fundamentales.
"Téngase en cuenta que la responsabilidad criminal alcanza aquellos que tenían el dominio de los hechos, porque en cualquier momento los podrían haber hecho cesar y por su omisión de actuar, se hacen responsables del resultado trágico de estas muertes producidas con premeditación y alevosía", señala.
Se muestra en un video el accionar militante y político del senador opositor José Villavicencio, quien advierte sobre sangre y violencia.
También se observó en los testimonios el trabajo de una policía (presumiblemente Mirtha Sosa), quien, aparentemente trabajó en complicidad con los agresores de campesinos.
CAMPESINOS TORTURADOS
La Comisión mostró la tortura de los campesinos una vez detenidos cuando pretendieron obligarlos a incriminar a algún responsable y hasta cuando los trasladaban a los heridos a un centro hospitalario.
"Igualmente hay testimonios y evidencias suficientes para calificar como tortura en unos casos y como tratos crueles inhumanos y degradantes en otros, el trato recibido por numerosos campesinos que fueron detenidos por (funcionarios) estatales y para estatales", señala otra conclusión.
La Comisión califica como tortura el trato recibido por muchos campesinos heridos, que fueron sometidos a brutales agresiones físicas y psíquicas, cuando eran conducidos a los hospitales.
Se evidenció que se desencadenó una clara persecución de un grupo o colectividad con identidad propia, fundada en motivos raciales, nacionales, étnicos, culturales y sociales.
También el informe recomienda investigar la muerte de los funcionarios prefecturales Pedro Oshiro y Alfredo Céspedes (caídos entre la mañana del día 11 de septiembre y el 12 de septiembre).
"Ambos presentaban heridas de armas de fuego por lo que se encarece a las autoridades judiciales de Bolivia su investigación exhaustiva y la sanción correspondiente", señala el informe.
IMPUNIDAD
Mattarollo, que dio lectura las conclusiones, afirmó que es necesario superar la impunidad que ha sido una constante en muchos de los países de la región, no sólo bajo las dictaduras militares, sino también después de restituido el orden constitucional.
"Se trata de erradicar un fenómeno complejo que deslegitimiza al Estado y aleja a la sociedad del apego al derechos y la justicia, ya que sustituye el respeto a ley, por la búsqueda de los intereses individuales o sectoriales a cualquier precio", afirmó.
El informe considera que la impunidad es especialmente reprobable cuando, como en el caso de Pando, se está ante delitos extremadamente graves conforme al derecho interno y al derecho internacional.
http://www.abi.bo/index.php?i=noticias_texto_paleta&j=20081203134052&l=0
La Paz, 3 diciembre 2008 (ABI) - La masacre en Pando del 11 de septiembre fue organizada bajo una cadena de mando prefectural y el atentado contra la vida y la integridad de personas en esos hechos son delitos comunes que corresponden a ser procesados en la justicia ordinaria, concluyó el informe final de la Comisión Especial de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
"A la luz de los hechos, la Comisión concluye que no se está ante delitos de función y esto, conforme a la misma jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Bolivia. En efecto, la función pública no consiste en atentar contra la vida y la integridad personal de los ciudadanos, los delitos de esa naturaleza, no pueden ser nunca delitos de función. Se trata de delitos comunes que deben ser juzgados por la justicia ordinaria", señala la octava conclusión del informe.
Estas son algunas de las 10 conclusiones que contempla el informe de la Comisión Especial que estuvo liderada por el jurista argentino, Rodolfo Mattarollo, quien fue el encargado de hacer al entrega el miércoles de este documento al presidente Evo Morales en instalaciones del hall de Palacio Quemado.
En el acto participaron los miembros de esta Comisión investigadora de los países miembros de la Unasur, autoridades nacionales, familiares de victimas de la masacre de Porvenir, medios de prensa, entre otros.
Además, el informe determinó sobre los sucesos sangrientos el pasado 11 de septiembre en el departamento boliviano de Pando, concluyó que la masacre de campesinos fue premeditada y constituye un crimen de lesa humanidad.
Mattarollo aclaró que el informe fue firmado por todos los delegados unánimemente que trabajaron en esta investigación.
La Comisión Especial fue creada por la Declaración de la Moneda, de 15 de septiembre pasado, para investigar los trágicos hechos acaecidos en Pando, donde al menos 20 personas resultaron muertas, decenas heridas y desaparecidas, a manos de sicarios presumiblemente vinculados al ex prefecto Leopoldo Fernández, preso en la cárcel de San Pedro de La Paz.
Luego de varias semanas de trabajo, que incluyó visitas al lugar de los hechos, testimonios y la opinión de peritos, la Comisión elaboró un informe que contiene conclusiones y recomendaciones que fueron puestas en conocimiento del presidente boliviano Evo Morales.
La Comisión Especial está encabezada por el jurista Rodolfo Mattarollo y lo secundan Juan Gabriel Valdés y Luciano Fouillioux (Chile), Fermino Fechio (Brasil), Francisco Borja (Ecuador), Guido Toro (Perú), Carlos Pita (Uruguay), Freddy Gutiérrez (Venezuela), Fulvia Benavides (Colombia) y Nicolás Gutman, Eduardo Zuain y Ciro Annichiarico (Argentina).
CADENA DE MANDO
La Comisión de la Unasur en sus investigaciones determinó que aún cuando hubo personas que actuaron particularmente, los agresores de los campesinos lo hicieron de forma organizada y respondían, según testimonios, "a una cadena de mando y contaban con funcionarios y bienes del gobierno departamental, al servicio de una empresa criminal".
Según el informe, de esa masacre fueron víctimas fatales un número no definitivamente establecido de campesinos. El número enteramente comprobado hasta el momento es de 20 campesinos asesinados.
"Dicha masacre reviste por sus características los rasgos de una violación extremadamente grave y flagrante de derecho a la vida y a la integridad de la vida, cuyo goce y ejercicio es condición de todos los derechos humanos", señala el documento.
POLICÍA Y POLÍTICOS
Las conclusiones también identifican a la Policía y los políticos en su rol pasivo que permitió estos hechos violentos con saldos lamentables.
El documento señala que los funcionarios políticos de los que depende la obligación de garantía de los derechos humanos y los cuadros superiores de la Policía incumplieron de manera patente su obligación de preservar la vida y la integridad física de las personas que fueron objeto de ataque, con lo que no observaron su obligación de garantía de derechos humanos fundamentales.
"Téngase en cuenta que la responsabilidad criminal alcanza aquellos que tenían el dominio de los hechos, porque en cualquier momento los podrían haber hecho cesar y por su omisión de actuar, se hacen responsables del resultado trágico de estas muertes producidas con premeditación y alevosía", señala.
Se muestra en un video el accionar militante y político del senador opositor José Villavicencio, quien advierte sobre sangre y violencia.
También se observó en los testimonios el trabajo de una policía (presumiblemente Mirtha Sosa), quien, aparentemente trabajó en complicidad con los agresores de campesinos.
CAMPESINOS TORTURADOS
La Comisión mostró la tortura de los campesinos una vez detenidos cuando pretendieron obligarlos a incriminar a algún responsable y hasta cuando los trasladaban a los heridos a un centro hospitalario.
"Igualmente hay testimonios y evidencias suficientes para calificar como tortura en unos casos y como tratos crueles inhumanos y degradantes en otros, el trato recibido por numerosos campesinos que fueron detenidos por (funcionarios) estatales y para estatales", señala otra conclusión.
La Comisión califica como tortura el trato recibido por muchos campesinos heridos, que fueron sometidos a brutales agresiones físicas y psíquicas, cuando eran conducidos a los hospitales.
Se evidenció que se desencadenó una clara persecución de un grupo o colectividad con identidad propia, fundada en motivos raciales, nacionales, étnicos, culturales y sociales.
También el informe recomienda investigar la muerte de los funcionarios prefecturales Pedro Oshiro y Alfredo Céspedes (caídos entre la mañana del día 11 de septiembre y el 12 de septiembre).
"Ambos presentaban heridas de armas de fuego por lo que se encarece a las autoridades judiciales de Bolivia su investigación exhaustiva y la sanción correspondiente", señala el informe.
IMPUNIDAD
Mattarollo, que dio lectura las conclusiones, afirmó que es necesario superar la impunidad que ha sido una constante en muchos de los países de la región, no sólo bajo las dictaduras militares, sino también después de restituido el orden constitucional.
"Se trata de erradicar un fenómeno complejo que deslegitimiza al Estado y aleja a la sociedad del apego al derechos y la justicia, ya que sustituye el respeto a ley, por la búsqueda de los intereses individuales o sectoriales a cualquier precio", afirmó.
El informe considera que la impunidad es especialmente reprobable cuando, como en el caso de Pando, se está ante delitos extremadamente graves conforme al derecho interno y al derecho internacional.
http://www.abi.bo/index.php?i=noticias_texto_paleta&j=20081203134052&l=0
segunda-feira, 10 de novembro de 2008
Bolivia/Mattarollo afirma que masacre en Pando no debe quedar impune
Buenos Aires, 7 noviembre 2008 (ABI) - El jefe de la comisión designada por la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para esclarecer la masacre del departamento boliviano de Pando, Rodolfo Mattarollo, afirmó que la masacre del 11 de septiembre en Porvenir no debe quedar en la impunidad.
"Para reforzar la democracia es indispensable la lucha contra la impunidad, y en este momento esa lucha en Bolivia pasa porque la masacre de Pando no quede impune", enfatizó el jefe de la misión de la Unasur.
El ex subsecretario de Derechos Humanos de la Nación llegó a Buenos Aires procedente de Bolivia, tras culminar su visita a ese país encabezando la comisión investigadora determinada por la Unasur en su reunión en septiembre en Santiago de Chile para realizar un informe sobre la denominada "masacre de Pando", en la que murieron 18 personas.
La comisión -compuesta por delegados de casi todos los países suramericanos- escuchó "a más de 60 testigos de todos los sectores involucrados, tanto del sector campesino que apoya al presidente Evo Morales como a los opositores del movimiento cívico-prefectural", explicó Mattarollo a Télam.
Junto con la comisión viajó el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), "bien conocido allá porque ayudó a encontrar los restos del Che Guevara)", indicó Mattarollo.
Además, también formaron parte del grupo dos peritos criminalísticos especialistas en video -los que intervinieron en el caso del intendente de Pinamar, Roberto Porreti-, para examinar un video cuya autenticidad estuvo inicialmente cuestionada por la oposición.
Para Mattarollo, esta labor tuvo dos dimensiones, una "política, por la respuesta internacional poco frecuente, ya que se logró conformar una comisión a los 3 días de sucedidos los hechos".
Otra más metodológica, vinculada a la estricta "imparcialidad y rigurosidad" con que busca trabajar la comisión.
"El mismo Evo Morales cuando nos recibió en La Paz nos pidió total imparcialidad, es algo muy encomiable del gobierno boliviano", opinó.
Tras recoger testimonios y realizar los peritajes respectivos, Mattarollo señaló que "se habla de 18 víctimas, pero el número puede ser más, porque algunas personas huyeron por un río, y seguramente fueron arrastradas porque no sabían nadar".
MARCHA - BALACERA
"Lo que ocurrió aquel 11 de septiembre en Pando fue que una marcha campesina de varias localidades iba a confluir en la alcaldía de Filadelfia, en Pando, cuyo edificio fue incendiado por los enemigos del Gobierno", explicó.
Explicó que la Prefectura de Pando envió cuadros y funcionarios para hacer zanjas de 4 metros de profundidad y 5 de ancho para evitar que los campesinos pasen, quienes fueron perseguidos y debieron huir al desatarse una balacera que dejó numerosos heridos, quienes incluso eran agredidos mientras se los trasladaban al hospital.
La sensación que percibió Mattarollo en el lugar de los hechos es que "las heridas están abiertas, hay mucho temor, gran zozobra espiritual como resultado de una agresión insólita".
"La gente tiene una gran necesidad de protección, son sectores muy pobres y desamparados, en comunidades aisladas y con un grado de desarrollo educativo limitado, lo que los coloca en situación muy vulnerable", añadió.
En ese sentido, Mattarollo consideró que "para reforzar el estado de derecho y la democracia es indispensable la lucha contra la impunidad. Y en Bolivia, en este momento, esta lucha pasa porque la masacre de Pando no quede impune", aseveró.
El 17 de noviembre próximo todos los comisionados llegarán a Buenos Aires y serán recibidos por Mattarollo, quien les presentará la versión preliminar del informe para luego consensuar lo que finalmente le presentarán a la presidenta chilena Michelle Bachelet, en su calidad de presidenta pro tempore de la Unasur.
http://www.abi.bo/index.php?i=noticias_texto_paleta&j=20081107124341&l=200811040022_Rodolfo_Mattarollo_en_conferencia_de_prensa._(ABI)
"Para reforzar la democracia es indispensable la lucha contra la impunidad, y en este momento esa lucha en Bolivia pasa porque la masacre de Pando no quede impune", enfatizó el jefe de la misión de la Unasur.
El ex subsecretario de Derechos Humanos de la Nación llegó a Buenos Aires procedente de Bolivia, tras culminar su visita a ese país encabezando la comisión investigadora determinada por la Unasur en su reunión en septiembre en Santiago de Chile para realizar un informe sobre la denominada "masacre de Pando", en la que murieron 18 personas.
La comisión -compuesta por delegados de casi todos los países suramericanos- escuchó "a más de 60 testigos de todos los sectores involucrados, tanto del sector campesino que apoya al presidente Evo Morales como a los opositores del movimiento cívico-prefectural", explicó Mattarollo a Télam.
Junto con la comisión viajó el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), "bien conocido allá porque ayudó a encontrar los restos del Che Guevara)", indicó Mattarollo.
Además, también formaron parte del grupo dos peritos criminalísticos especialistas en video -los que intervinieron en el caso del intendente de Pinamar, Roberto Porreti-, para examinar un video cuya autenticidad estuvo inicialmente cuestionada por la oposición.
Para Mattarollo, esta labor tuvo dos dimensiones, una "política, por la respuesta internacional poco frecuente, ya que se logró conformar una comisión a los 3 días de sucedidos los hechos".
Otra más metodológica, vinculada a la estricta "imparcialidad y rigurosidad" con que busca trabajar la comisión.
"El mismo Evo Morales cuando nos recibió en La Paz nos pidió total imparcialidad, es algo muy encomiable del gobierno boliviano", opinó.
Tras recoger testimonios y realizar los peritajes respectivos, Mattarollo señaló que "se habla de 18 víctimas, pero el número puede ser más, porque algunas personas huyeron por un río, y seguramente fueron arrastradas porque no sabían nadar".
MARCHA - BALACERA
"Lo que ocurrió aquel 11 de septiembre en Pando fue que una marcha campesina de varias localidades iba a confluir en la alcaldía de Filadelfia, en Pando, cuyo edificio fue incendiado por los enemigos del Gobierno", explicó.
Explicó que la Prefectura de Pando envió cuadros y funcionarios para hacer zanjas de 4 metros de profundidad y 5 de ancho para evitar que los campesinos pasen, quienes fueron perseguidos y debieron huir al desatarse una balacera que dejó numerosos heridos, quienes incluso eran agredidos mientras se los trasladaban al hospital.
La sensación que percibió Mattarollo en el lugar de los hechos es que "las heridas están abiertas, hay mucho temor, gran zozobra espiritual como resultado de una agresión insólita".
"La gente tiene una gran necesidad de protección, son sectores muy pobres y desamparados, en comunidades aisladas y con un grado de desarrollo educativo limitado, lo que los coloca en situación muy vulnerable", añadió.
En ese sentido, Mattarollo consideró que "para reforzar el estado de derecho y la democracia es indispensable la lucha contra la impunidad. Y en Bolivia, en este momento, esta lucha pasa porque la masacre de Pando no quede impune", aseveró.
El 17 de noviembre próximo todos los comisionados llegarán a Buenos Aires y serán recibidos por Mattarollo, quien les presentará la versión preliminar del informe para luego consensuar lo que finalmente le presentarán a la presidenta chilena Michelle Bachelet, en su calidad de presidenta pro tempore de la Unasur.
http://www.abi.bo/index.php?i=noticias_texto_paleta&j=20081107124341&l=200811040022_Rodolfo_Mattarollo_en_conferencia_de_prensa._(ABI)
quarta-feira, 5 de novembro de 2008
Bolivia/La Unasur evidencia que en Pando hubo masacre y alista informe para fin de mes
Agencia Boliviana de Información http://www.abi.bo
La Paz, 4 noviembre 2008 (ABI) - La Comisión Especial de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) informó este martes que, por la magnitud de los datos recolectados y los testimonios directos, se evidenció que fue una masacre lo sucedido el 11 de septiembre pasado en Porvenir (Pando), y que el informe final con los detalles correspondientes se prevé que esté listo a fines de noviembre.
"Efectivamente, nosotros consideramos que hubo una masacre", declaró el jurista argentino Rodolfo Mattarollo, quien encabeza la Comisión de la Unasur que investiga los hechos acontecidos en Pando.
Sin embargo, Mattarollo explicó que las características (de la masacre), el marco de esa situación y la calificación de esa violación de los derechos humanos la darán a conocer en el informe que elevará a la Presidencia pro Témpore de la Unasur.
La Unasur en la investigación que realiza sobre los hechos sangrientos, visitó las regiones, se entrevistó con testigos (parte y contraparte), se reunió con los bolivianos que se encuentran en Brasilea y el domingo, al mediodía, concluyó la recolección de datos en Pando.
Asimismo, estuvo en la cárcel de San Pedro, de La Paz, en donde se reunió con el ex prefecto Leopoldo Fernández durante tres horas y media.
"Dialogamos con él, nos dio su versión de los hechos, su visión de la situación política de Bolivia (...) Las conclusiones yo no las voy a adelantar en este momento, pero les puedo asegurar que nos ha parecido importante esa entrevista, como también haber entrevistado este martes en Viacha a las personas que están detenidas (confinadas). Todo esto forma parte de esa actitud de imparcialidad que ha sido una característica de nuestro trabajo", explicó.
Respecto a la masacre, Mattarollo señaló que es un término muy preciso en el derecho internacional de los derechos humanos, al igual que en las Naciones Unidas en donde existe procedimientos especiales.
"El relator especial de Naciones Unidas sobre esta temática considera masacre a la privación ilegal de la vida de tres o más personas en el mismo acto, en el mismo acontecimiento, y aquí estamos evidentemente ante un fenómeno de esa naturaleza", mencionó.
La comisión de la Unasur, al evidenciar que el 11 de septiembre en la población del Porvenir, ubicada a 30 kilómetros de Cobija (capital de Pando) hubo una masacre, coincidió con varios informes de Derechos Humanos, Defensor del Pueblo, autopsias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FLECC), un Juez y testimonios de las víctimas que determinan que los sucesos sangrientos son producto de una masacre.
A fines de septiembre, misiones humanitarias, Derechos Humanos, Defensor del Pueblo, Cruz Roja, militares, parlamentarios, Iglesia Católica, Fundación Jubileo, investigadores de la FELCC y fiscales, que se constituyeron en la región para investigar los hechos sangrientos, determinaron que hubo masacre y producto de ello fallecieron 18 personas, la mayoría campesinos.
Ante ello, Mattarollo señaló que la Comisión que preside se va a expresar de acuerdo a una convicción moral a la que llegue a través del análisis de todo el material recogido.
"Lo que nos importa fundamentalmente es el material que nosotros hemos logrado obtener en testimonios directos de los más diversos sectores, y esa va a ser la fuente principal de nuestra actividad junto a los peritajes y la documentación que obtengamos. En función de esas fuentes, nosotros sacaremos nuestras conclusiones y probablemente vamos a señalar las responsabilidades", manifestó.
Respecto al tiempo que va a demorar la presentación del informe final, el representante de la Comisión de la Unasur explicó que tendrá características de celeridad.
En nuestros planes, antes de fin de este mes o a fines de este mes, en términos de semanas puede estar listo ese informe", declaró.
El Comisionado también abrió la posibilidad, tomando en cuenta una serie de circunstancias, que haya más víctimas de las que se conoce hasta ahora.
"Se ha pasado de una lista de varias decenas de víctimas a una de 18 digamos, me refiero a muertos, nosotros pensamos que puede haber más por las circunstancias del río, personas que pueden haber sido arrastradas por la corriente y que no han sido encontrados sus cuerpos", señaló Mattarollo.
http://www.abi.bo/index.php?i=noticias_texto_paleta&j=20081104213810&l=200811040019_Mattarollo_(der.)_lidera_la_comisi%F3n_de_investigadores_de_la_Unasur_(ABI).
La Paz, 4 noviembre 2008 (ABI) - La Comisión Especial de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) informó este martes que, por la magnitud de los datos recolectados y los testimonios directos, se evidenció que fue una masacre lo sucedido el 11 de septiembre pasado en Porvenir (Pando), y que el informe final con los detalles correspondientes se prevé que esté listo a fines de noviembre.
"Efectivamente, nosotros consideramos que hubo una masacre", declaró el jurista argentino Rodolfo Mattarollo, quien encabeza la Comisión de la Unasur que investiga los hechos acontecidos en Pando.
Sin embargo, Mattarollo explicó que las características (de la masacre), el marco de esa situación y la calificación de esa violación de los derechos humanos la darán a conocer en el informe que elevará a la Presidencia pro Témpore de la Unasur.
La Unasur en la investigación que realiza sobre los hechos sangrientos, visitó las regiones, se entrevistó con testigos (parte y contraparte), se reunió con los bolivianos que se encuentran en Brasilea y el domingo, al mediodía, concluyó la recolección de datos en Pando.
Asimismo, estuvo en la cárcel de San Pedro, de La Paz, en donde se reunió con el ex prefecto Leopoldo Fernández durante tres horas y media.
"Dialogamos con él, nos dio su versión de los hechos, su visión de la situación política de Bolivia (...) Las conclusiones yo no las voy a adelantar en este momento, pero les puedo asegurar que nos ha parecido importante esa entrevista, como también haber entrevistado este martes en Viacha a las personas que están detenidas (confinadas). Todo esto forma parte de esa actitud de imparcialidad que ha sido una característica de nuestro trabajo", explicó.
Respecto a la masacre, Mattarollo señaló que es un término muy preciso en el derecho internacional de los derechos humanos, al igual que en las Naciones Unidas en donde existe procedimientos especiales.
"El relator especial de Naciones Unidas sobre esta temática considera masacre a la privación ilegal de la vida de tres o más personas en el mismo acto, en el mismo acontecimiento, y aquí estamos evidentemente ante un fenómeno de esa naturaleza", mencionó.
La comisión de la Unasur, al evidenciar que el 11 de septiembre en la población del Porvenir, ubicada a 30 kilómetros de Cobija (capital de Pando) hubo una masacre, coincidió con varios informes de Derechos Humanos, Defensor del Pueblo, autopsias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FLECC), un Juez y testimonios de las víctimas que determinan que los sucesos sangrientos son producto de una masacre.
A fines de septiembre, misiones humanitarias, Derechos Humanos, Defensor del Pueblo, Cruz Roja, militares, parlamentarios, Iglesia Católica, Fundación Jubileo, investigadores de la FELCC y fiscales, que se constituyeron en la región para investigar los hechos sangrientos, determinaron que hubo masacre y producto de ello fallecieron 18 personas, la mayoría campesinos.
Ante ello, Mattarollo señaló que la Comisión que preside se va a expresar de acuerdo a una convicción moral a la que llegue a través del análisis de todo el material recogido.
"Lo que nos importa fundamentalmente es el material que nosotros hemos logrado obtener en testimonios directos de los más diversos sectores, y esa va a ser la fuente principal de nuestra actividad junto a los peritajes y la documentación que obtengamos. En función de esas fuentes, nosotros sacaremos nuestras conclusiones y probablemente vamos a señalar las responsabilidades", manifestó.
Respecto al tiempo que va a demorar la presentación del informe final, el representante de la Comisión de la Unasur explicó que tendrá características de celeridad.
En nuestros planes, antes de fin de este mes o a fines de este mes, en términos de semanas puede estar listo ese informe", declaró.
El Comisionado también abrió la posibilidad, tomando en cuenta una serie de circunstancias, que haya más víctimas de las que se conoce hasta ahora.
"Se ha pasado de una lista de varias decenas de víctimas a una de 18 digamos, me refiero a muertos, nosotros pensamos que puede haber más por las circunstancias del río, personas que pueden haber sido arrastradas por la corriente y que no han sido encontrados sus cuerpos", señaló Mattarollo.
http://www.abi.bo/index.php?i=noticias_texto_paleta&j=20081104213810&l=200811040019_Mattarollo_(der.)_lidera_la_comisi%F3n_de_investigadores_de_la_Unasur_(ABI).
terça-feira, 4 de novembro de 2008
Bolivia/Observatorio de DDHH censura a la justicia que intenta dejar impune masacre de Pando
Agencia Boliviana de Información http://www.abi.bo
La Paz, 3 noviembre 2008 (ABI) - El director del Observatorio de Derechos Humanos y Políticas Sociales, Guillermo Vilela, censuró a los vocales de la Sala Penal de la Corte Superior de Chuquisaca por buscar que la masacre de Porvenir quede en la impunidad al intentar liberar al acusado de ser autor material de los sucesos de Pando, Leopoldo Fernández.
"Se torna realmente inaudito que los muertos, heridos, desaparecidos y demás víctimas, de septiembre en Pando, a más de mes de ese hecho luctuoso aún continúen siendo presas de los atropellos y el manoseo político, sin que se les haga justicia y se busque la reparación de sus derechos", indicó.
Dijo que los operadores políticos y de la justicia, trasladaron al terreno de los intereses partidarios y mediáticos un hecho de violación masiva a los derechos humanos, que ha agredido la sensibilidad y dignidad de todos.
Agregó que merece la aplicación de la ley con rigurosidad, para lograr su castigo y evitar los operadores de la justicia de Chuquisaca consigan su objetivo de que quede en la impunidad la matanza sangrienta del 11 de septiembre de 2008.
Criticó la manipulación e interpretación antojadiza de los procedimientos legales, lo que está alargando innecesariamente la agonía de las víctimas y sus familiares.
Las y los involucrados deben someterse a los procesos que correspondan, evitando las manipulaciones, para que en su caso demuestren su inocencia o atenúen su culpa, señaló Vilela.
Es necesario, de una vez por todas, encauzar a los autores materiales e intelectuales, individualizándolos y señalando sus culpas como corresponde.
Comentó que su demora repercute en otros ámbitos, como los ataques a la prensa, la manipulación de la información que embandera intereses políticos partidarios.
http://www.abi.bo/index.php?i=noticias_texto_paleta&j=20081103182123&l=200809100028_Guillermo_Vilela,_director_del_Observatorio_de_DDHH_(ABI).
La Paz, 3 noviembre 2008 (ABI) - El director del Observatorio de Derechos Humanos y Políticas Sociales, Guillermo Vilela, censuró a los vocales de la Sala Penal de la Corte Superior de Chuquisaca por buscar que la masacre de Porvenir quede en la impunidad al intentar liberar al acusado de ser autor material de los sucesos de Pando, Leopoldo Fernández.
"Se torna realmente inaudito que los muertos, heridos, desaparecidos y demás víctimas, de septiembre en Pando, a más de mes de ese hecho luctuoso aún continúen siendo presas de los atropellos y el manoseo político, sin que se les haga justicia y se busque la reparación de sus derechos", indicó.
Dijo que los operadores políticos y de la justicia, trasladaron al terreno de los intereses partidarios y mediáticos un hecho de violación masiva a los derechos humanos, que ha agredido la sensibilidad y dignidad de todos.
Agregó que merece la aplicación de la ley con rigurosidad, para lograr su castigo y evitar los operadores de la justicia de Chuquisaca consigan su objetivo de que quede en la impunidad la matanza sangrienta del 11 de septiembre de 2008.
Criticó la manipulación e interpretación antojadiza de los procedimientos legales, lo que está alargando innecesariamente la agonía de las víctimas y sus familiares.
Las y los involucrados deben someterse a los procesos que correspondan, evitando las manipulaciones, para que en su caso demuestren su inocencia o atenúen su culpa, señaló Vilela.
Es necesario, de una vez por todas, encauzar a los autores materiales e intelectuales, individualizándolos y señalando sus culpas como corresponde.
Comentó que su demora repercute en otros ámbitos, como los ataques a la prensa, la manipulación de la información que embandera intereses políticos partidarios.
http://www.abi.bo/index.php?i=noticias_texto_paleta&j=20081103182123&l=200809100028_Guillermo_Vilela,_director_del_Observatorio_de_DDHH_(ABI).
terça-feira, 23 de setembro de 2008
Bolivia/Víctimas de masacre de Porvenir pedirán a Brasil y Perú detención de implicados
Agencia Boliviana de Información (ABI) http://www.abi.bo
La Paz, 22 septiembre 2008 (ABI) - La abogada de las víctimas de la masacre de Porvenir, Mary Carrasco, anunció este lunes que pedirá, a través de los fiscales, que Brasil y Perú coadyuven en la búsqueda y detención de la gente criminal implicada en el caso y que huyeron a esos dos países.
"Pediremos al Ministerio Público la persecución internacional solicitando a los gobiernos del Brasil y Perú cooperen en buscar a los criminales de los grupos de paramilitares que huyeron a esos países", puntualizó.
Explicó que hay convenios entre Bolivia, Brasil y Perú para que mediante la Policía Internacional (Interpol), puedan ayudar en localizar a la gente criminal que escapó a zonas fronterizas con los países vecinos.
Dijo que también pedirá a los fiscales ampliar la imputación en contra de otras personas, en su mayoría funcionarios de la Prefectura de Pando, que participaron de la emboscada y la masacre a los campesinos, mujeres, niños y normalistas.
Citó al director del Servicio Departamental de Caminos de la Prefectura de Pando (Sedcam) que obedeciendo una orden del Prefecto movilizó la maquinaria pesada (tractores) y vehículos para cavar zanjas de 10 metros de profundidad por cinco metros de ancho con el fin de emboscar a campesinos.
Es necesario ampliar la querella porque existen más muertos, heridos, víctimas y personas torturadas por los paramilitares y sicarios al servicio de la Prefectura de Pando, añadió Carrasco.
A su vez, el fiscal Félix Peralta dijo que independientemente de la jurisdicción siguen con la investigación y acumulando las pruebas dentro del proceso ordinario que se sigue a Leopoldo Fernández.
"Lo que nos interesa como Ministerio Público es acumular los elementos de prueba que nos permitan afianzar la imputación inicial en contra de Fernández y vincular todos los elementos para un probable juicio", expresó Peralta.
http://www.abi.bo/index.php?i=noticias_texto_paleta&j=20080922221116&l=200809180017_La_necropcia_del_cuerpo_del_campesino_F%E9lix_Roca_(ABI).
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