Brasil/Indígenas amazónicos preparan su Cumbre

12 agosto 2011/Minga Informativa de Movimientos Sociales http://www.movimientos.org

El próximo 15 de agosto, en la ciudad de Manaus, Brasil, inicia la “Primera Cumbre Regional Amazónica: Saberes Ancestrales, Pueblos y Vida Plena en armonía con los Bosques”, convocada por la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica -COICA-.

En este Año Internacional de los Bosques, declarado por Naciones Unidas, la Cumbre propone “ofrecer una plataforma de diálogo proactivo que permita intercambiar conocimientos y experiencias sobre saberes ancestrales, conservación y uso sostenible de los bosques”, según la convocatoria. Diálogo que pondrá en escena a pueblos indígenas, gobiernos, organismos internacionales y sociedad civil “para definir acuerdos, compromisos políticos y acciones prácticas por la conservación y los usos que ofrecen los bosques”.

El temario incluye el cambio climático; los proyectos REDD+; biodiversidad; derechos colectivos; saberes ancestrales; territorios, “economía verde” y vida plena e incidencia y comunicación en derechos indígenas, entre otros. Se espera consensuar propuestas de cara a los próximos procesos multilaterales como la reunión de la COP17 en Durban, Sudáfrica, en diciembre, sobre cambio climático, y la Conferencia Mundial Rio+20 sobre desarrollo sustentable (Rio de Janeiro, junio 2012).

Para el día 16 está previsto un gran acto público en defensa de la vida y de los pueblos, contra la represa Belo Monte y otros grandes proyectos en la Amazonia.

Según información de la COICA, la cuenca amazónica abarca más de 10 millones de km cuadrados en nueve países amazónicos, donde están asentados unos 390 pueblos indígenas.

Sin duda las propuestas en torno a la REDD+ (Reducción de Emisiones de la Deforestación y la Degradación de Bosques) constituirán uno de los temas de debate central de esta Cumbre. Se estima que la destrucción de los bosques es uno de los primeros factores generadores de gas carbónico a nivel mundial. No cabe duda que los conocimientos y prácticas ancestrales de los pueblos indígenas, y su motivación por conservar su hábitat, ofrecen una clave de solución frente a este gravísimo problema, que avanza con paso precipitado en la Amazonia.

La REDD+ es una de las respuestas formuladas en el marco de las negociaciones globales de reducción de las emisiones de carbono, que prevé incentivos financieros para conservar los bosques. No obstante, es un tema polémico que no hace consenso en el seno del movimiento indígena. Si por un lado, varias comunidades ya están participando en los llamados programas de servicios ambientes, por otro, hay sectores que temen que el apoyo de los países ricos a estos programas es una estrategia para eximirse de la obligación de reducir sus propias emisiones industriales. Además, se los cuestiona por subvertir los derechos tradicionales y convertir los bosques tropicales en un commodity.

Frente a este debate, la COICA ha formulado una propuesta de condiciones y garantías para una REDD+ en comunidades indígenas, que contempla, entre otros aspectos:

- El principio de acción colectiva, desde la cosmovisión de los pueblos indígenas, encaminada a proteger el suelo, el bosque, el oxigeno y el agua.

- El desarrollo de los derechos a la consolidación jurídica de los territorios indígenas; el ordenamiento territorial y la zonificación económica y ecológica; y el fortalecimiento de las formas de gobernabilidad en los territorios.

- La no aceptación en los territorios indígenas: de proyectos de monocultivos; de intermediarios del mercado de carbono; de concesiones de bosques superpuestas bajo la figura del mercado de carbono y los proyectos privados o estatales que pretendan desarrollar un rubro de carbono a causa de los bosques.

- La aplicación por los Estado de los procedimientos de consulta para lograr un consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas, según el convenio 169 de la OIT, respectando el sistema y las estructuras de representación de las organizaciones indígenas en cada país; en su idioma y sin intermediación de terceros.

La Cumbre es organizada conjuntamente con la organización indígena amazónica brasileña COIAB.

Perú/“El próximo gobierno tiene una oportunidad histórica de construir un Perú intercultural”

Servindi, 23 de julio, 2011- Compartimos el texto de la ponencia de la abogada Adda Chuecas Cabrera, directora del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), expuesta durante la presentación del anuario El Mundo Indígena 2011 realizada el jueves 21 de julio en la Feria Internacional del Libro.

Chuecas observa que los conflictos sociales manifiestan la debilidad y fragilidad de nuestra democracia y del estado de derecho. Por lo que la estabilidad de la democracia peruana pasa en definitiva por su adaptación a esta realidad pluricultural que se ha venido negando sistemáticamente.

“Nuestra sociedad muestra un modelo de democracia que ha dejado fuera de juego a las instituciones tradicionales de representación y organización indígena basada en nexos de carácter cultural, étnico y social”. (Luna et al 2006) (1)

“De no aceptarse esta realidad se seguirá produciendo la inestabilidad política y la irrupción de modelos autoritarios. La exclusión política proviene de una democracia poco inclusiva de la diversidad socio-cultural”, prosigue.

La especialista destaca que es urgente disminuir la brecha étnica y la brecha de género que permita construir entre todos un país más inclusivo, solidario y democrático. Para este propósito es esencial el diálogo intercultural.

Concluye señalando que el próximo gobierno “tiene una oportunidad histórica de construir un Perú intercultural, con la participación de costeños, andinos y amazónicos: como el Perú de todas las sangres que soñaba Arguedas”.

Presentación “El Mundo Indígena 2011″

Por Adda Chuecas Cabrera
Directora del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)

Mis cordiales saludos al Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) institución con la cual el CAAAP tiene cercana relación, por la iniciativa de publicar este anuario El Mundo Indígena 2011. La importancia de publicaciones como ésta es que nos ayuda a tener una mirada global de la situación de los derechos de los pueblos indígenas. En una primera lectura nos damos cuenta que la problemática indígena es similar en la mayoría de países: presión sobre sus territorios tradicionales, exclusión social, fragilidad jurídica, impactos de industrias extractivas, etc.

Esta publicación nos permite conocer el avance de los derechos indígenas en el sistema internacional, la participación de los pueblos indígenas en los distintos foros y en los propios Estados. Pero al mismo tiempo nos permite visibilizar las graves violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, en especial a sus derechos territoriales y su participación en la toma de decisiones en los procesos de desarrollo que los involucra directamente. Una situación especial es la de las mujeres, niños y niñas indígenas que continúan siendo los sectores más vulnerables.

En este escenario es importante destacar los cambios ocurridos en el orden jurídico internacional sobre derechos humanos, obligatorio para los Estados, entre los que se encuentra el Convenio Número 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, por el cual se reconoce su derecho al igual disfrute de los derechos humanos y, al mismo tiempo, a ser colectivos diferentes.

Un factor determinante en estos derechos se basa en la libre determinación de los pueblos, a definir su condición política y perseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural. Este derecho es colectivo y a su vez se traduce a varios derechos como son el autogobierno, territorialidad, desarrollo, identidad, consulta y participación. Es necesario destacar que la participación en la toma de decisiones y el derecho al consentimiento libre, previo e informado son elementos fundamentales en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.

Podemos apreciar que en los distintos países existen serias limitaciones en el avance del reconocimiento de los derechos indígenas. Los diferentes informes recogidos en esta publicación nos demuestran que la presencia de industrias extractivas en las tierras y territorios indígenas constituye una de las mayores amenazas que enfrentan los pueblos indígenas en el mundo. Esto supone desplazamientos, pérdidas de territorios, contaminaciones de los ríos que ponen en riesgo la supervivencia de estos pueblos.

Es importante destacar el estudio definitivo sobre los pueblos indígenas y el derecho a participar en la adopción de decisiones. En el Informe del Mecanismo de Expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas del Consejo de Derechos Humanos -en el IV período de sesiones-, se analizan las buenas prácticas en materia de participación de los pueblos indígenas dentro de las instituciones de los propios pueblos, instituciones estatales, parlamentos, entre otros.

Este avance se debe a que los pueblos indígenas en el mundo han obtenido protagonismo en el sistema internacional de derechos humanos; se han colocado como sujetos de derechos y actores sociales y políticos, e inciden para el reconocimiento pleno de sus derechos como pueblos. Sin embargo, persiste una brecha en su implementación de políticas en los propios Estados. Ellos no promueven una participación real y efectiva de los pueblos indígenas en la adopción de decisiones. Las raíces de esta exclusión están en la propia construcción de los Estados Nación, efectuadas a espaldas de los pueblos y culturas originarias.

El caso peruano

Para comprender la actual situación de los pueblos indígenas en el país, quisiera recordar el papel del Estado en relación a los pueblos indígenas desde el siglo XIX. Esto es fundamental para entender los procesos actuales en que se enmarca esta relación que significó el despojo de sus tierras y el que fueran considerados como “razas inferiores”, negándoles derechos ciudadanos fundamentales. El resultado no solo fue la extrema desigualdad, sino la subordinación persistente hasta la actualidad.

A inicios del siglo XX se comienzan a reconocer derechos de pueblos indígenas relacionados con la seguridad jurídica a la propiedad comunal. Este hecho es significativo porque coloca en el escenario político de la época, un tema de permanente preocupación de los pueblos indígenas y que hasta la actualidad constituye un tema central en las demandas de los pueblos indígenas.

En el país existe una legislación indígena dispersa, que expresa la falta de planificación y coordinación estatal sobre la materia. La ausencia de una institucionalidad estatal en materia indígena ha sido motivo para que la CEACR de la OIT reitere recomendaciones al Estado para que cumpla con esta institucionalidad.

En el caso peruano, podemos afirmar que no hay experiencia que cumpla con lo establecido por el artículo 2 y 33 del Convenio 169 de la OIT; solo tenemos avances aislados, impulsados en gran parte, por las demandas y reivindicaciones sociales. Es positivo el hecho de que los pueblos indígenas afirman la institucionalidad estatal indígena, expresada en diversos informes alternativos de cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, en los que reclaman una actuación coordinada y sistemática que les garantice otros derechos como el territorio, desarrollo, la consulta y la participación.

Los actuales conflictos sociales, muchos de ellos en zonas rurales, manifiestan la debilidad y fragilidad de nuestra democracia y del estado de derecho. La estabilidad de la democracia peruana pasa en definitiva por su adaptación a esta realidad pluricultural que se ha venido negando sistemáticamente. De no aceptarse esta realidad se seguirá produciendo la inestabilidad política y la irrupción de modelos autoritarios. La exclusión política proviene de una democracia poco inclusiva de la diversidad socio-cultural. Nuestra sociedad muestra un modelo de democracia que ha dejado fuera de juego a las instituciones tradicionales de representación y organización indígena basada en nexos de carácter cultural, étnico y social (Luna et al 2006) (1)

Los mecanismos actuales de la democracia no han sido capaces de representar o dar espacios de manifestación a los diversos y diferentes actores sociales: costeños, andino y amazónicos. El espacio público es restringido sólo a un grupo pequeño que decide el rumbo del país. Así, una tarea fundamental es generar un proceso de concientización, de reconocimiento del otro cultural: un reconocer al otro en la diferencia.

Nelson Manrique (2) sostiene que construir la democracia en el país, supone encarar diferentes formas de representación. La propuesta oficial de imponer la homogeneidad en torno a la cultura criolla ha fracasado debido a la crisis de esta cultura. El reto actual es plantear nuevos modos de representación que recojan la pluralidad y la diversidad (Manrique 2006).

Reconocer al otro como sujeto y como cultura es realizar el tejido intercultural desde una manera moderna, al estilo latinoamericano. Éste se convierte en un medio para que la modernidad crezca en una compleja articulación de actores sociales con voz pública desde su cultura particular (Luna et al 2006) (3)

Esta propuesta de diálogo y tejido intercultural no niega la propia identidad cultural. No se refiere ni a un patrimonio cultural ni al resultado anterior de la cultura, sino a una cultura viva, a una actividad que la ha producido y que la asume sobrepasándola. La interculturalidad supone el encuentro de las propias identidades culturales.

Finalmente, la importancia de esta publicación se manifiesta en dar a conocer una realidad que para muchos peruanos no existe, solo existe en un pequeño círculo de especialistas y líderes e intelectuales indígenas. Una realidad que estamos llamados a transformar ¿cómo hacerlo? Creemos que a través del diálogo intercultural, del respeto al otro: Se debe buscar que, en la práctica, el grado de ejercicio real de los derechos ciudadanos sea igual para todos los peruanos y peruanas. Es urgente disminuir la brecha étnica y la brecha de género que permita construir entre todos un país más inclusivo, solidario y democrático. Creemos que el próximo gobierno -que se inicia la próxima semana- tiene una oportunidad histórica de construir un Perú intercultural, con la participación de costeños, andinos y amazónicos: como el Perú de todas las sangres que soñaba Arguedas.

Notas:

(1) Luna, Fabiola et al 2006. Interculturalidad y Pueblos Indígenas. Documento interno. Lima: CAAAP.

(2) Manrique, Nelson 2006. “Democracia y Nación. La Promesa Pendiente” en: La Democracia en el Perú: Proceso Histórico y Agenda Pendiente. Lima: PNUD.

(3) Op. Cit.

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Violencia Institucional Contra la Niñez Mapuche en Chile llegará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

17 marzo 2011/Mapuexpress http://www.mapuexpress.net

Gentileza: Fundación ANIDE

Heridas de balines a niños y niñas entre 9 meses y 16 años, asfixias por bombas lacrimógenas, encañonamiento con armas de fuego, golpes y patadas, golpes con armas de fuego, tortura, amenaza de muerte por inmersión, tratos degradantes, persecución, allanamientos a establecimientos educacionales, tratos inhumanos durante la detención, hostigamiento, rapto e incluso el homicidio de Alex Lemún Saavedra, de sólo 17 años, el año 2002, son algunas de las acciones de violencia policial que han sufrido niños, niñas y adolescentes mapuche durante los últimos diez años, y que serán presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

En un completo informe, la Fundación ANIDE, en alianza con la Red de ONGs de Infancia y Juventud de Chile (ROIJ Chile), gracias al auspicio de Kindernothilfe, y con el respaldo de la Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (REDLAMYC), exponen la grave situación de violencia que las instituciones del Estado chileno ejercen hacia niños, niñas y adolescentes mapuche pertenecientes a comunidades movilizadas en el marco de la protesta social por la recuperación de sus tierras ancestrales.

Heridas de balines a niños y niñas entre 9 meses y 16 años, asfixias por bombas lacrimógenas, encañonamiento con armas de fuego, golpes y patadas, golpes con armas de fuego, tortura, amenaza de muerte por inmersión, tratos degradantes, persecución, allanamientos a establecimientos educacionales, tratos inhumanos durante la detención, hostigamiento, rapto e incluso el homicidio de Alex Lemún Saavedra, de sólo 17 años, el año 2002, son algunas de las acciones de violencia policial que han sufrido niños, niñas y adolescentes mapuche durante los últimos diez años, y que serán presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la Fundación ANIDE y la Red de ONGs de Infancia y Juventud de Chile (ROIJ Chile), con el respaldo de la Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (REDLAMYC), y gracias al auspicio de Kindernothilfe y Save the Children.

El Informe sobre Violencia Institucional Contra la Niñez Mapuche en Chile, además da cuenta de las detenciones arbitrarias, interrogatorios que no respetan el debido proceso, detenciones de personas menores de edad sin aviso a los padres y madres ni información sobre su paradero, hostigamiento y amenazas durante los horarios de clases y en los recintos escolares, amenazas de muerte, registro de huellas digitales y pruebas para registro de ADN a niños y niñas sin consentimiento de los padres y madres.

Las organizaciones que acuden a la CIDH, advierten sobre la gravedad de la acción de las fuerzas policiales, violenta y desproporcionada, que actúa ajena a procedimientos que garanticen el respeto y la protección de la niñez y adolescencia conforme a los compromisos nacionales e internacionales suscritos por el Estado de Chile.

Existen innumerables casos documentados entre el año 2001 y 2011, por diversas organizaciones de derechos humanos que denuncian violaciones graves a los derechos de la niñez mapuche, como consecuencia de violencia innecesaria, desmedida y brutal, ejercida por las Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile, y por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), a niños, niñas y adolescentes mapuche en sus comunidades, escuelas y espacios públicos, con sus consecuentes secuelas físicas y psicológicas.

No existe por parte del Estado un reconocimiento público de la violencia institucional contra la niñez mapuche, y éste no ha implementado medidas reparatorias que apunten a la construcción de las condiciones de protección especial de derechos de la niñez mapuche en los protocolos policiales, ni ha generado sistemas de protección frente a la tortura, como acciones mínimas de gran urgencia. Esto ha favorecido que la situación de violencia institucional se mantenga inalterable por más de 10 años.

Múltiples informes y declaraciones de instituciones públicas, privadas, organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales mapuche y chilenas, así como las organizaciones solicitantes de la Audiencia en la CIDH, han constatado que los procedimientos policiales no garantizan ni resguardan la integridad de los niños, las niñas ni adolescentes en sus contextos comunitarios ni escolares. Por el contrario, éstos son objeto de violencia desmedida y acciones policíacas no reguladas ni enmarcadas en el debido proceso.

El Informe se nutre además, por una serie de testimonios de dos comunidades mapuche de la Región de la Araucanía, en Chile. Aquí se incluyen relatos y denuncias de niños, niñas y adolescentes mapuche, sus familias y autoridades tradicionales mapuche, que hablan de sus experiencias particulares y los recursos propios de sobrevivencia y resistencia de sus comunidades.

Los niños, niñas y adolescentes mapuche ponen énfasis en la brutalidad de las acciones policiales. Todos ellos han sido víctimas y/o testigos directos de violencia policial en sus propias comunidades y escuelas.

“… tenía 13 años le vinieron a pegar en la casa, le quebraron la culata de la escopeta aquí en la frente, ahora lo último este año, tampoco no lo dejaron estudiar, lo fueron a buscar en el liceo y ahí lo tienen no más, preso. No hay ni una prueba, no hay ni una prueba y lo tienen ahí. Casi le fracturaron aquí la mandíbula. Le pisaron la cabeza, todo raspillado, lo arrastraron todo aquí. Eso es lo que hacen los policías”, se lee en uno de los casos expuestos en el informe.

Otro elemento preocupante es el desconocimiento de las leyes nacionales y convenios internacionales que protegen los derechos de adolescentes y jóvenes privados de libertad, por parte del sistema de justicia, en particular lo relativo a la aplicación de la Ley Antiterrorista (Ley 18.314, ref. 20.467) a personas menores de 18 años.

La ilegal e ilegítima aplicación de la Ley Antiterrorista

El Estado Chileno celebró la promulgación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente que significó el reconocimiento, después de casi 20 años de firmar la Convención Internacional de los Derechos del Niño, de que los niños y niñas en conflicto con la ley requieren de un tratamiento especial.

Sin embargo, desde el año 2008, la Ley Antiterrorista (Ley 18.314, ref. 20.467) ha sido invocada en 5 casos de personas menores de 18 años. A la luz de la anteriormente mencionada Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, la aplicación de la Ley Antiterrorista no sólo sería contradictoria legalmente, sino que además contradice la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

Cabe recordar que después de la prolongada huelga de hambre que sostuvieran 34 comuneros mapuche el año 2010, entre los cuales se encontraban dos imputados por Ley Antiterrorista (Ley 18.314, ref. 20.467) por supuestos delitos que habrían cometido siendo personas menores de 18 años, el Poder Legislativo modificó la Ley Antiterrorista excluyendo su aplicación a los casos en que estén involucrados personas menores de 18 años.

Sin embargo, el Ministerio Público ha insistido en la invocación de esta legislación de excepción en casos de personas menores de 18 años, haciendo caso omiso de la legislación vigente.

Así, el Informe que será presentado a la CIDH, da cuenta de un patrón común de violencia institucional caracterizado por la criminalización de la protesta social mapuche, el empobrecimiento de las comunidades y la persecución persistente a niños, niñas y adolescentes mapuche.

Audiencia temática en la CIDH y Petitorio

A la audiencia ante la CIDH, que se realizará el viernes 25 de marzo de 2011, en período ordinario de sesiones Nº141 en Washington DC, concurrirán Carlos Muñoz Reyes, Vocero Nacional de la Red de ONGs de Infancia y Juventud de Chile; Ana Cortez Salas, coordinadora del Proyecto PICHIKECHE, de la Fundación ANIDE; y Lorenzo Morales Cortés, abogado asesor del Proyecto PICHIKECHE, de la Fundación ANIDE.

Los objetivos para la solicitud de esta audiencia temática son:

1) Poner en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la grave situación de violencia que las instituciones del Estado chileno ejercen hacia niños, niñas y adolescentes mapuche perteneciente a comunidades movilizadas en protesta social por la recuperación de sus tierras ancestrales.

2) Solicitar el arbitrio de las medidas necesarias a fin de que el Estado chileno adecue el régimen legal a las pautas básicas establecidas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos; y la implementación de políticas públicas acordes para hacer efectivos los derechos contemplados por dicho sistema, ya que las condiciones que padecen los niños, niñas y adolescentes indígenas, en particular pertenecientes al pueblo mapuche, son violatorias de diferentes derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Las instituciones que solicitaron la audiencia en la CIDH plantean una serie de peticiones para el Estado de Chile, como cambios de normativas internas que garanticen la protección de niños, niñas y adolescentes en los procedimientos de las fuerzas policiales; la existencia de mecanismos transparentes para la vigilancia y monitoreo de estos procedimientos; la creación urgente de un mecanismo nacional de prevención contra la tortura y otros tratos degradantes; la tramitación en el Congreso de una moción que indique la total exclusión de la aplicación de la Ley Antiterrorista a personas menores de18 años; que se generen mecanismos de capacitación en enfoque de derechos para todos los funcionarios públicos del país; y que el Estado genere, en conjunto con la sociedad civil, y con la participación activa de los niños y las niñas, una Ley de Protección Integral de Derechos de la Niñez.

Por su parte, las comunidades mapuche consultadas tienen entre su petitorio la restitución de los territorios ancestrales, el respeto al Convenio 169 de la OIT, el fin de la aplicación de la Ley Antiterrorista al pueblo mapuche y la liberación de sus presos políticos, así como el retiro de las fuerzas policiales y de las empresas forestales de sus comunidades, la implementación de políticas que permitan superar la pobreza.