Silvana M. Romanol*
La cuestión de fondo en el conflicto de las Malvinas entre Gran Bretaña y Argentina es la relación entre soberanía y recursos naturales. La soberanía y el derecho a la autodeterminación han sido uno de los ejes principales de las relaciones interamericanas, planteado ya desde la Conferencia Panamericana en 1889; sostenido por las doctrinas Calvo y Drago; discutido en las reuniones de la Unión Panamericana en las décadas de 1920 y 1930, y (supuestamente) consagrado en la Carta de la OEA. Recientemente, organismos de integración latinoamericanos han enarbolado la bandera de la autodeterminación de los pueblos de América Latina, en un contexto donde la posición geoestratégica de la región adquiere cada vez mayor relevancia en virtud de las reservas de combustibles, minerales, agua y biodiversidad (recursos esenciales para mantener los niveles de producción y consumo en los países centrales).
La disputa entre Argentina y el Reino Unido por esos territorios lleva 179 años (al menos desde 1833), con una guerra de por medio (1982), de las más asimétricas que se hayan dado en el continente. Sin embargo, no es casualidad que se renueven –justo ahora– las tensiones entre Argentina y Gran Bretaña por las Malvinas en tanto que ciertamente hay fuertes intereses en la explotación de los recursos presentes en la zona de las islas.
La posición de Gran Bretaña es de clara negación a la resolución de controversias por medios pacíficos, como lo recomiendan la ONU y la OEA. Este punto es clave pues como sostiene uno de los ex cancilleres de Brasil, Samuel Guimaraes (2004), en su obra Cinco siglos de periferia, los países centrales son los que elaboraron estas reglas y por eso pueden darse el lujo de no cumplirlas. De hecho, uno de los últimos acuerdos entre Gran Bretaña y Argentina fue el celebrado en 1999 (entre los cancilleres Di Tella y Rifkind), en el que se requiere que todo buque que transite entre el territorio continental argentino y las islas o atraviese aguas jurisdiccionales cuente con autorización previa; también incluye medidas que permiten la sanción de aquellas empresas que exploren o exploten recursos de hidrocarburos sin permisos argentinos (Página 12, 12/I/2011). Acudiendo a la acusación de que Argentina está teniendo una actitud colonialista, según declaraciones del primer ministro inglés David Cameron, Gran Bretaña se permite (sin sanción alguna) evadir las normas del derecho internacional, culpando a Argentina de perpetrar un bloqueo económico a la isla y de actuar con una actitud colonialista (ciertamente irrisorio si revisamos la historia de la expansión británica a escala mundial).
Más allá de la intransigencia de Gran Bretaña para negociar con Argentina por vías pacíficas, el punto nodal está en la relación entre recursos naturales-soberanía. Las denuncias de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se han centrado en la militarización británica de la zona del Atlántico sur. ¿Por qué la militarización? ¿Para resguardar qué cosa? La respuesta queda clara incluso en aquellos medios de comunicación que culpan a Argentina de bloqueo económico, como CNN, que informa: “La Armada Real británica decidió enviar el buque de guerra HMS Dauntless destructor hacia el Atlántico sur, medida que el Ministerio de Defensa británico consideró un despliegue de rutina, según informaron los medios británicos. Un submarino nuclear también se ha dirigido a las islas Malvinas, de acuerdo con las mismas fuentes. ¿Por qué además de apoyar a los habitantes de las Malvinas los británicos quieren aferrarse a las islas? La respuesta puede estar en las zonas de pesca alrededor de las islas que representan un negocio lucrativo, donde se desarrolla una industria de petróleo cada vez mayor” (CNN México, 7 febrero 2012).
Es sugerente que en esa misma nota se retome la declaración de un experto en política latinoamericana de una universidad de Texas que asegura que el gobierno argentino eleva el tema de Malvinas como una estrategia para distraer la atención de los problemas internos (Ibid). Más allá de estas opiniones de expertos extranjeros, lo cierto es que la disputa por las Malvinas es histórica y ha tomado un cariz latinoamericano pues es uno de los conflictos para el que diversos organismos, como la Unasur, el Mercosur, la ALADI, la Cumbre Iberoamericana, etcétera, vienen solicitando hace tiempo una resolución pacífica y el respeto por la soberanía (que, queremos pensar, exceden a las supuestas estrategias de disuasión planteadas desde la Casa Rosada).
Por último, vale señalar que al menos desde 2010, Gran Bretaña está realizando exploraciones y perforaciones en el Atlántico sur y en el archipiélago austral. Las empresas involucradas incluyen capitales europeos (por ejemplo Rockhopper), pero también estadunidenses, como la empresa Anadarko Petroleum (Cadena 3, 24 enero 2012). El conflicto por las Malvinas da cuenta pues de la importancia geopolítica y geoeconómica de América Latina en el contexto de la disputa creciente (y cada vez más violenta) por el acceso a recursos naturales estratégicos por los países centrales. También permite analizar el papel protagónico que pueden tener los organismos de integración económica y política a escala regional.
* Silvana M. Romanol -- Doctora en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Córdoba; licenciada en Historia y en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Becaria posdoctoral de la Coordinación de Humanidades-Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, Universidad Nacional Autónoma de México.
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