19 octubre 2009/TeleSUR http://www.telesurtv.net
La decisión de la Corte Suprema uruguaya se produce seis días antes del referendo en el que la ciudadanía decidirá, en coincidencia con las elecciones presidenciales, la anulación o no de dicha norma que cuenta con el apoyo del 48 por ciento de la población según las últimas encuentas.
La Corte Suprema de Uruguay declaró este lunes como inconstitucional la Ley de Caducidad que impedía juzgar a los militares acusados de violar los derechos humanos durante la dictadura cívico militar que rigió al país suramericano entre 1973 y 1985.
La decisión de la máxima instancia judicial uruguaya se produce apenas seis días antes del plebiscito en el que la ciudadanía decidirá, en coincidencia con las elecciones presidenciales, la anulación o no de dicha norma.
El referendo contra la ley, que fue convocado después de que sus detractores reunieran 300 mil firmas para solicitar su anulación, cuenta con el apoyo inequívoco del partido en el poder, el Frente Amplio, mientras que los grupos políticos opositores se muestran a favor de mantener la norma tal y como está.
Según las últimas encuestas, la anulación de la ley tiene el apoyo del 48 por ciento de los uruguayos, mientras que el 34 por ciento está a favor de mantenerla y el 18 por ciento restante se declara indeciso.
Cuatro de los cinco jueces de la Corte Suprema votaron a favor de la inconstitucionalidad de la ley, para permitir el juicio por la muerte de la joven profesora Nibia Sabalsagaray, quien falleció en 1974 en un cuartel militar a manos de la fuerza represiva de la dictadura.
Los magistrados justificaron la medida al argumentar que la norma viola la separación de poderes y que no puede ser entendida como una ley de amnistía, pues no fue aprobada según lo regulado por la Constitución para ese tipo de instrumento legal.
Esta decisión fue adoptada en horas de la tarde de este lunes y era esperada por todos los implicados, después de que tanto el Poder Ejecutivo uruguayo como el Legislativo expresaran su opinión contraria a la Ley de Caducidad.
El pasado mes de febrero, las dos cámaras del Parlamento uruguayo entregaron a la Suprema Corte de Justicia su dictamen a favor de declarar inconstitucional esa norma, aprobada en 1986 y ratificada en 1989 en otro referendo.
El planteamiento de inconstitucionalidad de la ley fue elevado por la fiscal Mirtha Guianze en base a la muerte de la profesora Sabalsagaray, lo que motivó al Legislativo a discutir la medida. La petición fue posible después de que el presidente Tabaré Vázquez, primer mandatario de izquierda de la historia del país, excluyera el caso de Sabalsagaray de la Ley de Caducidad y permitiera su investigación.
La decisión del Ejecutivo habilitó la serie de mecanismos jurídicos necesarios para lograr la inconstitucionalidad de la norma, que si bien sólo se podrá aplicar para investigar el caso de la joven militante comunista asesinada, sanciona jurisprudencia que podría emplearse en nuevas investigaciones.
Nenhum comentário:
Postar um comentário