22 mayo 2013, Rebelión http://www.rebelion.org
(Mexico)
Un nuevo
operativo encubierto busca involucrar a una autoridad boliviana en actividades
de narcotráfico y afectar la imagen del presidente
La Epoca
/ Rebelión
Dos agentes de la CIA
identificados y con residencia en Santa Cruz y dos agentes de la DEA, que hace
poco participaron de un curso antidrogas organizado
por la FELCN y la embajada de EEUU, forman parte de un nuevo operativo
encubierto que busca involucrar a una autoridad boliviana en actividades de
narcotráfico y afectar la imagen del presidente Evo Morales.
A menos de un mes de que el
presidente Evo Morales anunciara la expulsión de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) por injerencia en asuntos
internos, una operación encubierta de inteligencia se viene desarrollando por
los servicios estadounidenses para involucrar a algunas autoridades bolivianas,
particularmente al viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, en
actividades de narcotráfico.
Todavía es muy difícil de
precisar sobre el tiempo desde que se está desarrollando la operación encubierta
y combinada de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos: la Central
de Inteligencia Americana (CIA) o la Drug Enforcement Administration (DEA)
¿Antes o después de la expulsión de USAID?, ¿es una reacción ante la medida
adoptada el 1 de mayo de 2013 o forma parte de los intentos de construir una
matriz de opinión nacional e internacional que levante sospechas contra el
grado de compromiso real del gobierno boliviano en la lucha contra el
narcotráfico?
Hay razones que pueden apuntalar
cada una de estas interrogantes. En oportunidades anteriores hemos denunciado
los constantes intentos de Washington en tratar de presentar a Bolivia como un
estado fallido en el enfrentamiento al narcotráfico. Todos recordamos como hace
dos años atrás la embajada norteamericana en Bolivia coordinó un operativo
conjunto de la CIA y la DEA para convertir al ex general de Policía, René
Sanabria, de colaborador de la DEA en narcotraficante.
Una semana antes de que se
realizara el operativo de la DEA en Panamá contra Sanabria –que en el pasado
fue un activo colaborador de la DEA-, se produjo una reunión secreta en la
embajada estadounidense en La Paz entre Reginald Tillery - un ex agente DEA que
se quedó en Bolivia para trabajar con la NAS luego de la expulsión de la agencia
antidrogas estadounidense en 2008-, con Rodney Delano Smith, alto oficial de la
CIA en Bolivia, bajo fachada de Primer Secretario de la Misión estadounidense a
cargo de asuntos regionales.
En la mencionada reunión y a
sugerencia de Tillery, se acordó la participación directa del oficial DEA
radicado en Paraguay Andy Banks, en el operativo de detención de Sanabria.
Banks es un viejo compinche de Tillery. Durante los años de 2007 hasta febrero
de 2009 estuvo radicado como oficial de la DEA en Cochabamba, al igual que
otros agentes de la DEA se dedicó más a la labor subversiva y de espionaje
contra el gobierno popular de Evo Morales que a colaborar con las autoridades
bolivianas para combatir el narcotráfico.
El objetivo de ese operativo, en
febrero de 2011, estaba claro: montar una campaña difamatoria contra el
gobierno boliviano, alegando la existencia de una supuesta corrupción y
vínculos con el narcotráfico en sus más altas esferas.
De nuevo a la carga
A dos años de ese operativo, todo
parece indicar que los servicios de inteligencia de Estados Unidos,
especialmente la DEA y la CIA en Bolivia, preparan en contubernio con algunas
fracciones de la oposición de derecha, una nueva campaña de descrédito e
intentos de desestabilización contra el gobierno popular de Evo Morales,
recurriendo a las mismas mentiras de supuestos vínculos de altas personalidades
del Ejecutivo con el narcotráfico.
Ahora el blanco aparente de los
ataques es el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, contra quien los
servicios de inteligencia norteamericanos están fabricando un expediente con
supuestas evidencias que tratan de relacionarlo con actividades de
narcotráfico.
Según fuentes bien informadas,
los planes de la embajada norteamericana en La Paz pretenden utilizar a ex miembros
y a algunos oficiales activos de la Policía como supuestos testigos y
denunciantes contra el viceministro Cáceres, un ex dirigente de los productores
de la hoja de coca del Chapare, ex alcalde de Villa Tunari y amigo personal del
presidente Evo Morales.
El desarrollo del operativo
cuenta con la participación de dos oscuros personajes que bajo la fachada de
hombres de negocios radicados en la ciudad de Santa Cruz, vienen realizando su
labor encubierta como agentes de la CIA y la DEA desde hace varios años.
Se trata de los norteamericanos
David Wayne Paiz y Bert Davi Castorino. El primero un viejo agente de la CIA y
la DEA, quien por orientación de estas agencias se radicó en Bolivia hace
varios años, luego de contraer matrimonio con una joven boliviana y obtener
ciudadanía de este país.
Wayne fue infiltrado por la CIA
en los servicios policiales bolivianos como profesor de artes marciales,
posición que le permitió desarrollar su actividad de espionaje y captación de
posibles candidatos dentro de las fuerzas de seguridad bolivianas y su
utilización como fuente de información para la embajada de los Estados Unidos.
De acuerdo a la información
obtenida, el ciudadano norteamericano también participó de alguna manera en la
campaña de desestabilización que la ultraderecha boliviana, apoyada por las
corrientes internacionales, llevó delante de forma muy activa contra el proceso
popular que encabeza el presidente Evo Morales durante el periodo 2006-2009.
Las agencias de inteligencia
estadounidenses, aprovechando esos vínculos estrechos le asignaron a Wayne la
tarea de contratar posibles denunciantes contra el viceministro Cáceres, los
que se encargarían de presentar y sustentar supuestas evidencias de los
vínculos de la autoridad boliviana con actividades de tráfico de drogas, según
se plantea.
La CIA, a través de Wayne, ha
llegado a ofrecer hasta un millón de dólares a estos falsos testigos como pago
a su colaboración, según se desprende de la información obtenida.
Wayne reporta directamente a Bert
Davi Castorino, persona de origen italiano, nacionalizado en Estados Unidos y
con un largo historial de servicio dentro de la CIA.
Al igual que Wayne, el
italo-norteamericano Castorino lleva varios años radicado en Bolivia y es un
importante enlace entre la estación CIA en La Paz con los grupos y líderes de
organizaciones de extrema derecha de la ciudad de Santa Cruz. También mantuvo
relaciones con los dirigentes de la línea dura opositora contra el proceso de
cambio.
Aún no se tiene plenamente
identificada a la estructura de esa nueva conspiración contra el gobierno de
Evo Morales, pero todo indica que Castorino está a cargo y responde ante sus
jefes de la CIA por la operación fabricada contra el viceministro Cáceres.
Como parte importante de estas
acciones de la CIA, en colaboración con la DEA, Castorino está explorando qué
personajes comprometidos con la justicia boliviana, ya sea jueces o fiscales,
podrían servir al cumplimiento del operativo encubierto. Según señalan las
informaciones preliminares, hace muy poco Castorino sostuvo un encuentro con el
Fiscal cruceño Alvaro de la Torre, conocido por sus vínculos con los sectores
más reaccionarios de la oposición y sobre quien existen sospechas de
corrupción.
La reunión entre Castorino y
Alvaro de la Torre se llevó a cabo en el Bar Discoteca Budu, al cual el enlace
CIA acude con frecuencia y utiliza como lugar predilecto para tratar negocios
que califica como delicados.
El representante de la CIA
dispone de medio millón de dólares para el fiscal que investigue el caso,
cuando la denuncia se haga efectiva contra Cáceres, y para que reciba la
declaración de los falsos testigos y para que se encargue de promover una
investigación sobre estos supuestos cargos.
Como parte del operativo
encubierto, a partir del 13 de mayo dos agentes de la DEA se encuentran en
Bolivia con el objetivo de encontrar y aportar más elementos al objetivo
conspirativo.
La oportunidad para que los
agentes DEA lleguen a Bolivia fue la organización de un curso anti-drogas para
los miembros del GIOE de la FELCN que se llevó a cabo en el Hotel Asturias de
Santa Cruz.
La coordinación del curso, que
tuvo que llevarse a cabo hasta el 24 de mayo, pero que por razones no conocidas
se suspendió el viernes 17, fue entre la FELCN, la NAS, la DEA y Donald Frerich,
director de capacitación de la embajada de Estados Unidos en La Paz.
¿Pero es Cáceres el objetivo
último de la operación encubierta?
Los servicios secretos de los
Estados Unidos, como ha ocurrido con el caso del general Sanabria, están
trabajando para que el operativo esté acompañado por una repercusión mediática
dentro y fuera de Bolivia. Ya sea con relación directa o no, la CIA y la DEA
espera que se produzca una reacción inmediata de líderes y políticos de
oposición en sentido de pedir la renuncia del viceministro de Defensa Social y
una investigación sobre hasta dónde conocía el presidente Evo Morales las
supuestas actividades de tráfico de drogas de uno de sus más cercanos
funcionarios.
Los servicios de inteligencia de
Estados Unidos saben que el desarrollo de esta operación encubierta no
producirá ningún terremoto que ponga en peligro la estabilidad del gobierno de
Morales, dado el respaldo mayoritario que tiene de la población, según ha
quedado demostrado en todos los sondeos de opinión desde que asumió la
dirección del Estado boliviano.
Pero, por lo visto se pretende
lograr dos objetivos: primero, alimentar una matriz de opinión internacional
que criminalice y estigmatice aún más al gobierno boliviano en la lucha contra
el narcotráfico. A las autoridades estadounidenses les ha caído bastante mal
que Bolivia haya conseguido exitosamente la defensa de la hoja de coca al
denunciar la Convención de Viena de 1961 y luego su reincorporación.
El gobierno de Morales también ha
criticado duramente a la administración de Obama por incorporar a Bolivia con
juicios negativos en su informe anual sobre la lucha contra las drogas, a pesar
que las Naciones Unidas han reconocido que es el país que más ha reducido sus
cultivos de coca respecto de Colombia y Perú, y que también el que más acciones
de represión al accionar del narcotráfico ha llevado a cabo.
El segundo objetivo es construir
una matriz de opinión dentro de Bolivia para afectar la imagen del gobierno
boliviano y sobre todo del presidente Evo Morales, quien se dispone a
participar de las elecciones de 2014 luego que el Tribunal Constitucional
Plurinacional habilitará su postulación al responder positivamente a una
consulta de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Es evidente, entonces, que una
vez más los sectores más reaccionarios dentro de EEUU y los órganos de
inteligencia de dicho país muestran la falsedad sobre su disposición de
establecer una real y efectiva colaboración con el gobierno boliviano para
enfrentar el flagelo que constituye el narcotráfico, bajo principios de respeto
a la soberanía y no injerencia en asuntos internos.
Como se ha señalado en
oportunidades anteriores, la lucha contra el narcotráfico es el pretexto que
Estados Unidos utiliza para tratar de imponer su presencia militar y el amplio
despliegue de su enorme aparato que compone la llamada comunidad de
inteligencia estadounidense, dirigido a la desestabilización y derrocamiento de
los gobiernos progresistas en nuestra región que no se someten a los designios
imperiales de Washigton.
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