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quarta-feira, 10 de dezembro de 2008
Brasil/Relatório da Unasul sobre Pando será analisado em Salvador
Os presidentes dos países que compõem a União Sul-Americana de Nações (Unasul) analisarão o relatório que a "Comisión de La Verdad" entregou na última terça-feira (2) ao presidente boliviano Evo Morales sobre o massacre de camponeses em Pando, norte da Bolívia. O titular dessa comissão, Rodolfo Mattarollo, antecipou que o relatório será analisado na Cúpula de Presidentes que se realizará no dia 16 desse mês em Salvador, Bahia.
Mattarollo indicou que "por decisão da presidente interina da Unasul, Michelle Bachelet, incluiu-se na agenda da reunião de governantes o relatório realizado pela comissão sobre o ocorrido em Pando, no dia 11 de setembro último".
O jurista ratificou que o relatório contém "recomendações sobre mecanismos de ação" acerca do ocorrido e destacou a importância da sua abordagem no encontro que ocorrerá dentro de dez dias, no Brasil.
O relatório sustenta que as vítimas foram objeto de "execuções sumárias ou extrajudiciais" e constituíam "população civil". Por isso foram "praticados múltiplos assassinatos", o que "configura um crime de lesa-humanidade".
"Ainda que algumas pessoas tenham agido violentamente por conta própria, os agressores dos camponeses o fizeram em forma organizada e respondiam, segundo alguns testemunhos, a uma cadeia de comando muito bem definida, contando inclusive com funcionários e bens do governo departamental a serviço da empreitada criminosa", relata outra conclusão do relatório, que estima o assassinato de pelo menos 20 camponeses.
O relatório de conclusões com 66 páginas foi subscrito de forma unânime pelos 12 especialistas forenses, antropólogos e cientistas da área de defesa dos direitos humanos.
A comissão especial que trabalhou em Pando foi presidida por Mattarollo e integrada por Juan Gabriel Valdés e Luciano Fouillioux (Chile); Fermino Fechio (Brasil); Francisco Borja (Equador); Guido Toro (Peru); Carlos Pita (Uruguai); Freddy Gutiérrez (Venezuela); Fulvia Benavides (Colômbia) e Nicolás Gutman, Eduardo Zuain e Ciro Annichiarico (Argentina).
http://www.patrialatina.com.br/editorias.php?idprog=35c5a2cb362c4d214156f930e7d13252&cod=2759
sexta-feira, 5 de dezembro de 2008
Bolivia/Unasur recomienda investigar ejecución de niños, desapariciones y fosas comunes
La Paz, 4 diciembre 2008 (ABI) - La Comisión Especial de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) recomienda profundizar investigaciones sobre las denuncias de la ejecución de niños, desapariciones, entierros clandestinos, abusos sexuales y otros ocurridos en los hechos sangrientos del pasado 11 de septiembre en la localidad de Porvenir, Pando.
"La Comisión propone profundizar la labor investigativa sobre las siguientes cuestiones: ejecuciones sumarias de niños, enterramientos clandestinos, destino de personas cuyo paradero se desconoce, heridos, víctimas de tortura y tratos o penas crueles inhumanos o degradantes y abusos sexuales", señala una de las recomendaciones.
Estas consideraciones fueron motivo de reacciones exacerbadas por parte del senador pandino del opositor Poder Democrático Social (Podemos), Roger Pinto, quien cuestionó el informe y exigió que se muestren los niños muertos y las mujeres violadas que afirma la Unasur.
Además propaló una serie de calificativos y adjetivos contra el Rodolfo Mattarollo jefe de la Comisión Especial.
Ante estas declaraciones, el subjefe de bancada del oficialista Movimiento Al socialismo (MAS), Jorge Silva, lamentó la desesperación de algunos opositores que buscan encubrir crímenes de lesa humanidad y atribuyó esos "descriterios" al desconocimiento del informe en detalles.
Aclaró que el informe de Unasur explica que falta comprobar las denuncias de ejecuciones de niños, violaciones, fosas comunes y por eso recomienda a la justicia boliviana investigar esos extremos para determinar la verdad, "en ningún momento afirmaron (Unasur) la existencia de estos delitos sino recomendaron una investigación".
"Los parlamentarios opositores lo que pretenden es politizar el informe, pero no lo van a conseguir porque expertos internacionales de nueve países han certificado que hubo masacre en Pando con crímenes de lesa humanidad. Este hecho debe ser tomado en cuenta para que los responsables tengan su sanción y no queden impunes estos crímenes", aseveró Silva.
REPARACIONES
El informe de la masacre de Pando en sus recomendaciones también sugieren la reparación de los daños a las víctimas de esta masacre se constituya en una política de Estado, buscando para su realización la contribución de la comunidad internacional.
Estas reparaciones, deben enmarcarse en los principios aprobados recientemente por la asamblea general de las Naciones Unidas, que deben comprender tanto la reparación individual como la reparación comunitaria.
Asimismo se determinó que debe existir una reparación simbólica que se exprese mediante el levantamiento de memoriales, espacios para la memoria y la promoción de los derechos humanos, "acciones que constituirán un instrumento ético y pedagógico fundamental para la construcción de una cultura democrática", señala el documento.
DIFERENCIAS
De la misma manera, la Comisión Especial de la Unasur recomendó al Estado boliviano implementar y fortalecer las medidas legales, administrativas y judiciales para eliminar la brecha que existe entre grupos privilegiados y los que se encuentran en situaciones vulnerables en materia política, económica, social y cultural.
La Comisión recomienda también que los órganos competentes del Estado sancionen conforme a la ley, situaciones de discriminación creadas por otros sectores sociales.
El informe puesto a disposición del Gobierno nacional por la Comisión de la Unasur, convoca además a que las evidencias y pruebas recogidas en el mismo, sean puestas a disposición de la justicia a fin de que se investigue, se juzgue y se sancione a los responsables.
http://www.abi.bo/index.php?i=noticias_texto_paleta&j=20081204133813&l=200809130009_Campesino_torturado_por_c%EDvicos_y_funcionarios_en_Pando_(archivo)
Ex prefecto boliviano reconoce responsabilidad en actos violentos

En la masacre de Pando se contabilizaron más de 20 campesinos muertos y cerca de 200 heridos. (Foto:Archivo)
La confesión del ex prefecto fue difundida por la radio estatal Patria Nueva. Fernández, detenido en la actualidad, figura como principal sospechoso de la llamada masacre de Pando, ocurrida el pasado 11 de septiembre, en la que murieron más de 20 campesinos, la mayoría afectos al presidente Evo Morales y otras 200 personas resultaron heridas.
5 diciembre 2008/TeleSUR http://www.telesurtv.net
Leopoldo Fernández, quien fue prefecto de la región boliviana de Pando, admitió este jueves que las cúpulas de la llamada Media Luna (departamentos de Beni, Pando, Tarija y Santa Cruz), acordaron los ataques contra instituciones gubernamentales que se efectuaron el pasado mes de septiembre.
La confesión del ex prefecto fue difundida por la radio estatal Patria Nueva. Fernández, detenido en la actualidad, figura como principal sospechoso de la llamada masacre de Pando, ocurrida el pasado 11 de septiembre, en la que murieron más de 20 campesinos, la mayoría afectos al presidente Evo Morales y otras 200 personas resultaron heridas.
Según el medio radiofónico boliviano, la revelación fue suministrada por el integrante venezolano de la comisión de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) encargada de investigar la citada matanza.
"Fernández nos planteó durante las pesquisas para esclarecer la matanza que él y los prefectos de Beni, Tarija y Santa Cruz (componentes de la Media Luna) llegaron al consenso de atacar instalaciones públicas", aseguró el comisionado Freddy Gutiérrez.
Gutiérrez señaló que el ex prefecto realizó tales declaraciones en la entrevista que tuvo con el grupo investigador.
En los hechos del 11 septiembre en Bolivia, opositores tomaron varias instituciones y provocaron daños estimados en 200 millones de dólares.
La Aduana Nacional, el Servicio de Impuestos, la Administradora Boliviana de Carreteras, el Instituto Nacional de Reforma Agraria, y la Empresa de Telecomunicaciones fueron algunas de las instituciones impactadas durante la revuelta.
El acusado Leopoldo Fernández rechazó asumir el sólo la responsabilidad y la considera políticamente compartida con los gobernantes Ernesto Suárez (Beni), Mario Cossío (Tarija) y Ruben Costas (Santa Cruz).
Por su parte, el Ministerio Público de Bolivia reveló que la mayoría de los ex funcionarios y ahora imputados por los hechos de Pando mencionan al suspendido prefecto, Leopoldo Fernández y a la presidenta del Comité Cívico, Ana Melena de Suzuki, como principales responsables e instigadores de los actos de septiembre.
La violencia que perpetró el movimiento opositor, provocó la decisión del presidente Evo Morales, de declarar el, hoy ya levantado, estado de sitio en el departamento de Pando.
El 12 de septiembre, cuando el gobierno dictó estado de sitio en Pando, alrededor de 800 pandinos, entre ellos la presidenta del Comité Cívico, Ana Melena de Suzuli, huyeron a la fronteriza ciudad de Brasilea, se declararon perseguidos políticos y no quieren retornar al país.
http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/37882-NN/ex-prefecto-boliviano-reconoce-responsabilidad-en-actos-violentos/
quarta-feira, 3 de dezembro de 2008
Bolivia/Unasur concluye que masacre en Pando fue planificada y pide juicio ordinario
La Paz, 3 diciembre 2008 (ABI) - La masacre en Pando del 11 de septiembre fue organizada bajo una cadena de mando prefectural y el atentado contra la vida y la integridad de personas en esos hechos son delitos comunes que corresponden a ser procesados en la justicia ordinaria, concluyó el informe final de la Comisión Especial de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
"A la luz de los hechos, la Comisión concluye que no se está ante delitos de función y esto, conforme a la misma jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Bolivia. En efecto, la función pública no consiste en atentar contra la vida y la integridad personal de los ciudadanos, los delitos de esa naturaleza, no pueden ser nunca delitos de función. Se trata de delitos comunes que deben ser juzgados por la justicia ordinaria", señala la octava conclusión del informe.
Estas son algunas de las 10 conclusiones que contempla el informe de la Comisión Especial que estuvo liderada por el jurista argentino, Rodolfo Mattarollo, quien fue el encargado de hacer al entrega el miércoles de este documento al presidente Evo Morales en instalaciones del hall de Palacio Quemado.
En el acto participaron los miembros de esta Comisión investigadora de los países miembros de la Unasur, autoridades nacionales, familiares de victimas de la masacre de Porvenir, medios de prensa, entre otros.
Además, el informe determinó sobre los sucesos sangrientos el pasado 11 de septiembre en el departamento boliviano de Pando, concluyó que la masacre de campesinos fue premeditada y constituye un crimen de lesa humanidad.
Mattarollo aclaró que el informe fue firmado por todos los delegados unánimemente que trabajaron en esta investigación.
La Comisión Especial fue creada por la Declaración de la Moneda, de 15 de septiembre pasado, para investigar los trágicos hechos acaecidos en Pando, donde al menos 20 personas resultaron muertas, decenas heridas y desaparecidas, a manos de sicarios presumiblemente vinculados al ex prefecto Leopoldo Fernández, preso en la cárcel de San Pedro de La Paz.
Luego de varias semanas de trabajo, que incluyó visitas al lugar de los hechos, testimonios y la opinión de peritos, la Comisión elaboró un informe que contiene conclusiones y recomendaciones que fueron puestas en conocimiento del presidente boliviano Evo Morales.
La Comisión Especial está encabezada por el jurista Rodolfo Mattarollo y lo secundan Juan Gabriel Valdés y Luciano Fouillioux (Chile), Fermino Fechio (Brasil), Francisco Borja (Ecuador), Guido Toro (Perú), Carlos Pita (Uruguay), Freddy Gutiérrez (Venezuela), Fulvia Benavides (Colombia) y Nicolás Gutman, Eduardo Zuain y Ciro Annichiarico (Argentina).
CADENA DE MANDO
La Comisión de la Unasur en sus investigaciones determinó que aún cuando hubo personas que actuaron particularmente, los agresores de los campesinos lo hicieron de forma organizada y respondían, según testimonios, "a una cadena de mando y contaban con funcionarios y bienes del gobierno departamental, al servicio de una empresa criminal".
Según el informe, de esa masacre fueron víctimas fatales un número no definitivamente establecido de campesinos. El número enteramente comprobado hasta el momento es de 20 campesinos asesinados.
"Dicha masacre reviste por sus características los rasgos de una violación extremadamente grave y flagrante de derecho a la vida y a la integridad de la vida, cuyo goce y ejercicio es condición de todos los derechos humanos", señala el documento.
POLICÍA Y POLÍTICOS
Las conclusiones también identifican a la Policía y los políticos en su rol pasivo que permitió estos hechos violentos con saldos lamentables.
El documento señala que los funcionarios políticos de los que depende la obligación de garantía de los derechos humanos y los cuadros superiores de la Policía incumplieron de manera patente su obligación de preservar la vida y la integridad física de las personas que fueron objeto de ataque, con lo que no observaron su obligación de garantía de derechos humanos fundamentales.
"Téngase en cuenta que la responsabilidad criminal alcanza aquellos que tenían el dominio de los hechos, porque en cualquier momento los podrían haber hecho cesar y por su omisión de actuar, se hacen responsables del resultado trágico de estas muertes producidas con premeditación y alevosía", señala.
Se muestra en un video el accionar militante y político del senador opositor José Villavicencio, quien advierte sobre sangre y violencia.
También se observó en los testimonios el trabajo de una policía (presumiblemente Mirtha Sosa), quien, aparentemente trabajó en complicidad con los agresores de campesinos.
CAMPESINOS TORTURADOS
La Comisión mostró la tortura de los campesinos una vez detenidos cuando pretendieron obligarlos a incriminar a algún responsable y hasta cuando los trasladaban a los heridos a un centro hospitalario.
"Igualmente hay testimonios y evidencias suficientes para calificar como tortura en unos casos y como tratos crueles inhumanos y degradantes en otros, el trato recibido por numerosos campesinos que fueron detenidos por (funcionarios) estatales y para estatales", señala otra conclusión.
La Comisión califica como tortura el trato recibido por muchos campesinos heridos, que fueron sometidos a brutales agresiones físicas y psíquicas, cuando eran conducidos a los hospitales.
Se evidenció que se desencadenó una clara persecución de un grupo o colectividad con identidad propia, fundada en motivos raciales, nacionales, étnicos, culturales y sociales.
También el informe recomienda investigar la muerte de los funcionarios prefecturales Pedro Oshiro y Alfredo Céspedes (caídos entre la mañana del día 11 de septiembre y el 12 de septiembre).
"Ambos presentaban heridas de armas de fuego por lo que se encarece a las autoridades judiciales de Bolivia su investigación exhaustiva y la sanción correspondiente", señala el informe.
IMPUNIDAD
Mattarollo, que dio lectura las conclusiones, afirmó que es necesario superar la impunidad que ha sido una constante en muchos de los países de la región, no sólo bajo las dictaduras militares, sino también después de restituido el orden constitucional.
"Se trata de erradicar un fenómeno complejo que deslegitimiza al Estado y aleja a la sociedad del apego al derechos y la justicia, ya que sustituye el respeto a ley, por la búsqueda de los intereses individuales o sectoriales a cualquier precio", afirmó.
El informe considera que la impunidad es especialmente reprobable cuando, como en el caso de Pando, se está ante delitos extremadamente graves conforme al derecho interno y al derecho internacional.
http://www.abi.bo/index.php?i=noticias_texto_paleta&j=20081203134052&l=0
segunda-feira, 10 de novembro de 2008
Bolivia/Mattarollo afirma que masacre en Pando no debe quedar impune
"Para reforzar la democracia es indispensable la lucha contra la impunidad, y en este momento esa lucha en Bolivia pasa porque la masacre de Pando no quede impune", enfatizó el jefe de la misión de la Unasur.
El ex subsecretario de Derechos Humanos de la Nación llegó a Buenos Aires procedente de Bolivia, tras culminar su visita a ese país encabezando la comisión investigadora determinada por la Unasur en su reunión en septiembre en Santiago de Chile para realizar un informe sobre la denominada "masacre de Pando", en la que murieron 18 personas.
La comisión -compuesta por delegados de casi todos los países suramericanos- escuchó "a más de 60 testigos de todos los sectores involucrados, tanto del sector campesino que apoya al presidente Evo Morales como a los opositores del movimiento cívico-prefectural", explicó Mattarollo a Télam.
Junto con la comisión viajó el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), "bien conocido allá porque ayudó a encontrar los restos del Che Guevara)", indicó Mattarollo.
Además, también formaron parte del grupo dos peritos criminalísticos especialistas en video -los que intervinieron en el caso del intendente de Pinamar, Roberto Porreti-, para examinar un video cuya autenticidad estuvo inicialmente cuestionada por la oposición.
Para Mattarollo, esta labor tuvo dos dimensiones, una "política, por la respuesta internacional poco frecuente, ya que se logró conformar una comisión a los 3 días de sucedidos los hechos".
Otra más metodológica, vinculada a la estricta "imparcialidad y rigurosidad" con que busca trabajar la comisión.
"El mismo Evo Morales cuando nos recibió en La Paz nos pidió total imparcialidad, es algo muy encomiable del gobierno boliviano", opinó.
Tras recoger testimonios y realizar los peritajes respectivos, Mattarollo señaló que "se habla de 18 víctimas, pero el número puede ser más, porque algunas personas huyeron por un río, y seguramente fueron arrastradas porque no sabían nadar".
MARCHA - BALACERA
"Lo que ocurrió aquel 11 de septiembre en Pando fue que una marcha campesina de varias localidades iba a confluir en la alcaldía de Filadelfia, en Pando, cuyo edificio fue incendiado por los enemigos del Gobierno", explicó.
Explicó que la Prefectura de Pando envió cuadros y funcionarios para hacer zanjas de 4 metros de profundidad y 5 de ancho para evitar que los campesinos pasen, quienes fueron perseguidos y debieron huir al desatarse una balacera que dejó numerosos heridos, quienes incluso eran agredidos mientras se los trasladaban al hospital.
La sensación que percibió Mattarollo en el lugar de los hechos es que "las heridas están abiertas, hay mucho temor, gran zozobra espiritual como resultado de una agresión insólita".
"La gente tiene una gran necesidad de protección, son sectores muy pobres y desamparados, en comunidades aisladas y con un grado de desarrollo educativo limitado, lo que los coloca en situación muy vulnerable", añadió.
En ese sentido, Mattarollo consideró que "para reforzar el estado de derecho y la democracia es indispensable la lucha contra la impunidad. Y en Bolivia, en este momento, esta lucha pasa porque la masacre de Pando no quede impune", aseveró.
El 17 de noviembre próximo todos los comisionados llegarán a Buenos Aires y serán recibidos por Mattarollo, quien les presentará la versión preliminar del informe para luego consensuar lo que finalmente le presentarán a la presidenta chilena Michelle Bachelet, en su calidad de presidenta pro tempore de la Unasur.
http://www.abi.bo/index.php?i=noticias_texto_paleta&j=20081107124341&l=200811040022_Rodolfo_Mattarollo_en_conferencia_de_prensa._(ABI)
quarta-feira, 5 de novembro de 2008
Bolivia/La Unasur evidencia que en Pando hubo masacre y alista informe para fin de mes
La Paz, 4 noviembre 2008 (ABI) - La Comisión Especial de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) informó este martes que, por la magnitud de los datos recolectados y los testimonios directos, se evidenció que fue una masacre lo sucedido el 11 de septiembre pasado en Porvenir (Pando), y que el informe final con los detalles correspondientes se prevé que esté listo a fines de noviembre.
"Efectivamente, nosotros consideramos que hubo una masacre", declaró el jurista argentino Rodolfo Mattarollo, quien encabeza la Comisión de la Unasur que investiga los hechos acontecidos en Pando.
Sin embargo, Mattarollo explicó que las características (de la masacre), el marco de esa situación y la calificación de esa violación de los derechos humanos la darán a conocer en el informe que elevará a la Presidencia pro Témpore de la Unasur.
La Unasur en la investigación que realiza sobre los hechos sangrientos, visitó las regiones, se entrevistó con testigos (parte y contraparte), se reunió con los bolivianos que se encuentran en Brasilea y el domingo, al mediodía, concluyó la recolección de datos en Pando.
Asimismo, estuvo en la cárcel de San Pedro, de La Paz, en donde se reunió con el ex prefecto Leopoldo Fernández durante tres horas y media.
"Dialogamos con él, nos dio su versión de los hechos, su visión de la situación política de Bolivia (...) Las conclusiones yo no las voy a adelantar en este momento, pero les puedo asegurar que nos ha parecido importante esa entrevista, como también haber entrevistado este martes en Viacha a las personas que están detenidas (confinadas). Todo esto forma parte de esa actitud de imparcialidad que ha sido una característica de nuestro trabajo", explicó.
Respecto a la masacre, Mattarollo señaló que es un término muy preciso en el derecho internacional de los derechos humanos, al igual que en las Naciones Unidas en donde existe procedimientos especiales.
"El relator especial de Naciones Unidas sobre esta temática considera masacre a la privación ilegal de la vida de tres o más personas en el mismo acto, en el mismo acontecimiento, y aquí estamos evidentemente ante un fenómeno de esa naturaleza", mencionó.
La comisión de la Unasur, al evidenciar que el 11 de septiembre en la población del Porvenir, ubicada a 30 kilómetros de Cobija (capital de Pando) hubo una masacre, coincidió con varios informes de Derechos Humanos, Defensor del Pueblo, autopsias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FLECC), un Juez y testimonios de las víctimas que determinan que los sucesos sangrientos son producto de una masacre.
A fines de septiembre, misiones humanitarias, Derechos Humanos, Defensor del Pueblo, Cruz Roja, militares, parlamentarios, Iglesia Católica, Fundación Jubileo, investigadores de la FELCC y fiscales, que se constituyeron en la región para investigar los hechos sangrientos, determinaron que hubo masacre y producto de ello fallecieron 18 personas, la mayoría campesinos.
Ante ello, Mattarollo señaló que la Comisión que preside se va a expresar de acuerdo a una convicción moral a la que llegue a través del análisis de todo el material recogido.
"Lo que nos importa fundamentalmente es el material que nosotros hemos logrado obtener en testimonios directos de los más diversos sectores, y esa va a ser la fuente principal de nuestra actividad junto a los peritajes y la documentación que obtengamos. En función de esas fuentes, nosotros sacaremos nuestras conclusiones y probablemente vamos a señalar las responsabilidades", manifestó.
Respecto al tiempo que va a demorar la presentación del informe final, el representante de la Comisión de la Unasur explicó que tendrá características de celeridad.
En nuestros planes, antes de fin de este mes o a fines de este mes, en términos de semanas puede estar listo ese informe", declaró.
El Comisionado también abrió la posibilidad, tomando en cuenta una serie de circunstancias, que haya más víctimas de las que se conoce hasta ahora.
"Se ha pasado de una lista de varias decenas de víctimas a una de 18 digamos, me refiero a muertos, nosotros pensamos que puede haber más por las circunstancias del río, personas que pueden haber sido arrastradas por la corriente y que no han sido encontrados sus cuerpos", señaló Mattarollo.
http://www.abi.bo/index.php?i=noticias_texto_paleta&j=20081104213810&l=200811040019_Mattarollo_(der.)_lidera_la_comisi%F3n_de_investigadores_de_la_Unasur_(ABI).
terça-feira, 4 de novembro de 2008
Bolivia/Observatorio de DDHH censura a la justicia que intenta dejar impune masacre de Pando
La Paz, 3 noviembre 2008 (ABI) - El director del Observatorio de Derechos Humanos y Políticas Sociales, Guillermo Vilela, censuró a los vocales de la Sala Penal de la Corte Superior de Chuquisaca por buscar que la masacre de Porvenir quede en la impunidad al intentar liberar al acusado de ser autor material de los sucesos de Pando, Leopoldo Fernández.
"Se torna realmente inaudito que los muertos, heridos, desaparecidos y demás víctimas, de septiembre en Pando, a más de mes de ese hecho luctuoso aún continúen siendo presas de los atropellos y el manoseo político, sin que se les haga justicia y se busque la reparación de sus derechos", indicó.
Dijo que los operadores políticos y de la justicia, trasladaron al terreno de los intereses partidarios y mediáticos un hecho de violación masiva a los derechos humanos, que ha agredido la sensibilidad y dignidad de todos.
Agregó que merece la aplicación de la ley con rigurosidad, para lograr su castigo y evitar los operadores de la justicia de Chuquisaca consigan su objetivo de que quede en la impunidad la matanza sangrienta del 11 de septiembre de 2008.
Criticó la manipulación e interpretación antojadiza de los procedimientos legales, lo que está alargando innecesariamente la agonía de las víctimas y sus familiares.
Las y los involucrados deben someterse a los procesos que correspondan, evitando las manipulaciones, para que en su caso demuestren su inocencia o atenúen su culpa, señaló Vilela.
Es necesario, de una vez por todas, encauzar a los autores materiales e intelectuales, individualizándolos y señalando sus culpas como corresponde.
Comentó que su demora repercute en otros ámbitos, como los ataques a la prensa, la manipulación de la información que embandera intereses políticos partidarios.
http://www.abi.bo/index.php?i=noticias_texto_paleta&j=20081103182123&l=200809100028_Guillermo_Vilela,_director_del_Observatorio_de_DDHH_(ABI).
terça-feira, 23 de setembro de 2008
Bolivia/Víctimas de masacre de Porvenir pedirán a Brasil y Perú detención de implicados
Agencia Boliviana de Información (ABI) http://www.abi.bo
La Paz, 22 septiembre 2008 (ABI) - La abogada de las víctimas de la masacre de Porvenir, Mary Carrasco, anunció este lunes que pedirá, a través de los fiscales, que Brasil y Perú coadyuven en la búsqueda y detención de la gente criminal implicada en el caso y que huyeron a esos dos países.
"Pediremos al Ministerio Público la persecución internacional solicitando a los gobiernos del Brasil y Perú cooperen en buscar a los criminales de los grupos de paramilitares que huyeron a esos países", puntualizó.
Explicó que hay convenios entre Bolivia, Brasil y Perú para que mediante la Policía Internacional (Interpol), puedan ayudar en localizar a la gente criminal que escapó a zonas fronterizas con los países vecinos.
Dijo que también pedirá a los fiscales ampliar la imputación en contra de otras personas, en su mayoría funcionarios de la Prefectura de Pando, que participaron de la emboscada y la masacre a los campesinos, mujeres, niños y normalistas.
Citó al director del Servicio Departamental de Caminos de la Prefectura de Pando (Sedcam) que obedeciendo una orden del Prefecto movilizó la maquinaria pesada (tractores) y vehículos para cavar zanjas de 10 metros de profundidad por cinco metros de ancho con el fin de emboscar a campesinos.
Es necesario ampliar la querella porque existen más muertos, heridos, víctimas y personas torturadas por los paramilitares y sicarios al servicio de la Prefectura de Pando, añadió Carrasco.
A su vez, el fiscal Félix Peralta dijo que independientemente de la jurisdicción siguen con la investigación y acumulando las pruebas dentro del proceso ordinario que se sigue a Leopoldo Fernández.
"Lo que nos interesa como Ministerio Público es acumular los elementos de prueba que nos permitan afianzar la imputación inicial en contra de Fernández y vincular todos los elementos para un probable juicio", expresó Peralta.
http://www.abi.bo/index.php?i=noticias_texto_paleta&j=20080922221116&l=200809180017_La_necropcia_del_cuerpo_del_campesino_F%E9lix_Roca_(ABI).
segunda-feira, 22 de setembro de 2008
El salvador/FMLN expresa respaldo a Evo y pide a oposición someterse a la ley
Agencia Boliviana de Información (ABI) http://www.abi.bo
San Salvador, 22 septiembre 2008 (ABI) - El Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) expresó este lunes su respaldo al presidente Evo Morales y a su gobierno legalmente constituido, y demandó de los sectores de oposición su sometimiento incondicional a la ley y a la institucionalidad democrática boliviana.
Esa posición fue expresada por esa agrupación política respecto de los últimos acontecimientos ocurridos en Bolivia, como las tomas de instituciones por parte de grupos radicalizados opositores.
Además de la masacre de al menos 18 campesinos, en el departamento de Pando, perpetrada por sicarios presuntamente contratados por el prefecto Leopoldo Fernández, quien se encuentra aún detenido preventivamente por ese delito.
El FMLN, en un documento público, reivindica el mayoritario apoyo popular del presidente Evo Morales y su legitimidad para encarar el proceso de cambio que vive Bolivia.
"El pueblo boliviano eligió como Presidente al líder de pueblos originarios, Evo Morales Ayma, y en referéndum revocatorio el pasado 10 de agosto lo reafirmó con 67.4% de votos afirmativos, 13% más de aceptación que cuando fue electo", afirma.
Indica que esa consulta popular contó con el acompañamiento de observación internacional "que fue testigo de la voluntad soberana del pueblo boliviano. Por lo tanto, de manera indiscutible el Gobierno del presidente Evo Morales es un Gobierno legítimo, legal y constitucional".
El FMLN denuncia que no obstante de ello "ese gobierno legítimo está sometido a un claro proceso de desestabilización por parte de sectores con intereses distantes al compromiso social, democrático, transformador y soberano, que se ha puesto en marcha para beneficio de las mayorías bolivianas".
La antigua guerrilla salvadoreña asegura que cumpliendo "nuestro principio de solidaridad internacional y basados en nuestros valores democráticos, manifestamos nuestra solidaridad y deseos de que esta situación sea resuelta inmediatamente, garantizando el derecho a gobernar y generar institucionalidad democrática".
En ese contexto y pelando a la Carta Democrática del Sistema Interamericano de la OEA, exhorta públicamente al Secretario General de dicho organismo, José Miguel Insulza "para que cumpla con su deber de brindar asistencia a fin de que el gobierno de Bolivia sea respetado en su legítimo ejercicio del poder como lo establece el Artículo 17 de la citada carta".
http://www.abi.bo/index.php?i=noticias_texto_paleta&j=20080922110118&l=200809220090_Mauricio_Funes,_candidato_presidencial_del_FMLN_(archivo)
sábado, 20 de setembro de 2008
ESPECIAL BOLÍVIA (I)
UMA GUERRA QUE COMEÇOU HÁ MUITO TEMPO
Os conflitos que a Bolívia enfrenta hoje são uma nova etapa de uma antiga guerra. A história do país é uma história de massacres de indígenas, camponeses e trabalhadores, desde os tempos coloniais até hoje. A diferença, hoje, é que a oligarquia boliviana está sendo governada por um "índio", algo inaceitável para ela.
Ramiro Lizondo Diaz*
17 setembro 2008/Carta Maior http://www.cartamaior.com.br
Barcelona (ALAI-Amlatina) - Quem se interessa por história, descobrirá que a da Bolívia é uma história de massacres de indígenas, camponeses e trabalhadores desde os tempos coloniais até hoje. A República sustentou-se sobre a exploração da força de trabalho indígena e dos recursos naturais. A exploração consolidou uma estrutura social e institucional vinculada à produção e à exportação de matérias primas, consolidando no longo prazo uma condição de dependência que a converteu num dos países mais pobres do hemisfério ocidental. Com uma organização social extremamente estratificada e um horizonte estatal frágil, sua história é marcada por exclusão e massacres. Os povos originários nunca deixaram de manifestar seus anseios de liberdade, como provam as inúmeras sublevações, tanto as que culminaram com a grande rebelião de 1780, como as contra os fazendeiros, durante a República.
Algumas destas sublevações tiveram grande magnitude, não só pelo esforço da mobilização e a tragédia que representaram, mas pela memória e herança emancipatória transmitida de geração em geração. As de 1874 e 1899, nas terras altas e nas terras baixas do país, se desdobraram em manifestações que terminaram em novos massacres como a rebelião de Machaca, em 1921, ou a de Chayanta, em 1928. Os massacres de trabalhadores também tiveram sua marca de dramatismo como a matança de mineiros em Uncia, em 1923, Catavi, em 1942, a guerra do Chaco (1932-1935), a revolução de 1946, a de 1952, a de 1964, a matança de San Juan, em 1967, o golpe militar de Bánzer, em 1971, o massacre de trabalhadores e universitários de 1979, a marcha pela vida, em 1986, a marcha pela terra , em 1990, a guerra do gás e o massacre de El Alto, em 2003, e, agora, o massacre de Pando.
Com o tempo, consolidou-se na estrutura mental dos povos indígenas e dos movimentos populares, tanto das terras altas como das terras baixas, uma cultura política insurrecional e de resistência anticolonial que foi e é uma guerra longa e intermitente contra os invasores e seus descendentes, que cruza de forma transversal toda a história boliviana. Agora, esses movimentos populares e indígenas, liderados pelo presidente Evo Morales, converteram-se em uma real opção de poder político e construção de uma nova hegemonia política que questiona a estrutura oligárquico-clientelista e antinacional que governou o país até dois anos atrás. Os movimentos indígenas e campesinos já não são sujeitos de postais folclóricos, agora são uma real opção de poder político para o país. Essa é a dimensão deste novo paradigma.
Inclusive a esquerda tradicional, baseada em paradigmas que já não se sustentam, como o fato de assumir a “inevitável” vanguarda operária em todos os processos revolucionários, tem dificuldade em assumir a potência deste novo e, ao mesmo tempo, antigo ator social cuja estratégia de poder se sustenta na recuperação do Estado para as maiorias nacionais e que este sirva não só para assegurar a propriedade dos recursos naturais para todos os bolivianos, mas também para redistribuir as rendas obtidas com sua exploração. O conservadorismo da oligarquia boliviana, idêntica a de qualquer outra região, viu-se obrigada a aceitar ser governada por um “índio” que, segundo seus cálculos, cairia por si próprio e por sua condição de “índio”. Mas quando se questiona a estrutura da propriedade da terra, estão dispostos a tudo para não abandonar o cenário da história.
A sedição aberta da direita responde a uma estratégia planificada e coordenada de violência, bloqueios de estradas, ocupações de entidades estatais, controle e saque de instituições públicas, plano de fustigamento e ameaças, ocupação de quartéis, fechamento de válvulas de gás, desabastecimento de produtos básicos, desestabilização econômica, criação de um clima de insegurança e desgoverno. Um pano golpista que coincide, quase como uma cópia, com o que ocorreu no Chile durante o governo de Salvador Allende. Com tudo isso, ainda fica no ar uma sensação de passividade por parte do governo boliviano. Os movimentos sociais tomaram a iniciativa de conter a escalada golpista com a mobilização de suas bases, cuja decisão é frear a direita com a autoridade moral que lhes dá o sangue derramado, sua capacidade combativa e o horizonte de um modelo de país diferente.
Foram eles que carregaram sobre seus ombros os vexames e a marginalização a que os submeteram a colônia e o estado republicano oligárquico. O governo popular tem a obrigação de fazer respeitar o Estado de Direito em todo o país e levar para a Justiça os criminosos, sediciosos e paramilitares fascistas que executaram um novo massacre. O que eles pensaram que seria um elemento que incendiaria os sentimentos regionalistas autonomistas da direita fascista, acabou gerando uma reação contrária. O crime e a barbárie desta ação expôs essa direita. As Forças Armadas e a Polícia Nacional, historicamente, atenderam aos interesses da oligarquia a qual pertencem seus principais oficiais. Isso explica em parte sua posição de “braços cruzados” e inoperância frente às ações ameaçadoras da classe social com a qual se identificam.
Na história dos massacres, os militares sempre foram os atores inconfundíveis da repressão e da morte. Em todos os casos, atuaram como sicários a serviço das oligarquias. Exceto no último massacre campesino de Pando. Isso não é sinal de nada, só que devem cumprir a lei que lhes assinala a responsabilidade de serem “garantidores da unidade da pátria” e de obedecerem ao seu comandante geral, o presidente Evo Morales. Mas é preciso não cair na ingenuidade de pensar que estejam de acordo com o novo projeto de país que se constrói na Bolívia. A maior debilidade do campo popular é sua extrema diversidade e as lutas setoriais. A maior vantagem, a capacidade e tradição de luta revolucionária. O país está chegando a um ponto de bifurcação, a um ponto de inflexão e ruptura. A saída “democrática” foi esgotada com os resultados do referendo revocatório.
A violência provocada pelas oligarquias deve enfrentar as conseqüências da resposta popular. A guerra civil que muitos temem, na verdade, já começou há muito tempo, só que agora adquire uma dinâmica diferente, uma liderança distinta. O projeto emancipatório que devemos apoiar é o da “Revolução democrática e cultural”. O presidente Evo Morales assume com uma fortaleza grave a liderança desta nova etapa. Definindo que sua posição está ao lado do povo que hoje decide assumir o desafio que lhe impõe a história. A principal tarefa dos movimentos sociais e indígenas é tomar a iniciativa e passar da resistência à ofensiva. O seguinte passo é aprovar a Nova Constituição Política do Estado.
* Economista boliviano, professor da Universidade Autônoma de Barcelona.
Tradução: Marco Aurélio Weissheimer
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=15239&editoria_id=6
quinta-feira, 18 de setembro de 2008
Relator de la ONU denuncia que ola de violencia en Bolivia fue incitada por prefectos
18 septiembre 2008 /TeleSUR http://www.telesurtv.net
El relator especial de las Naciones Unidas para los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, denunció este jueves que la reciente ola de violencia desatada en Bolivia fue incitada por los prefectos opositores que se oponen a las iniciativas que ha implementado el gobierno central para garantizar los derechos de las comunidades aborígenes.
Los episodios violentos en los departamentos bolivianos de Santa Cruz (este), Tarija (sur), Beni (norte) y Pando se desarrollaron "dentro del contexto de una política sistemática de los responsables de estos departamentos para rechazar las iniciativas emprendidas por el gobierno de Bolivia a fin de garantizar los derechos de las poblaciones indígenas", denunció el relator especial James Anaya.
Anaya condenó esa ola violencia que ha puesto en peligro a las comunidades indígenas, a las personas y a las instituciones que trabajan en defensa suya.
"Condeno los actos de violencia contra los indígenas y los campesinos, al igual que las amenazas proferidas contra sus representantes", declaró Anaya.
"Estoy preocupado en particular por los asesinatos cometidos el 11 de septiembre en Porvenir (departamento de Pando, norte de Bolivia) donde grupos paramilitares tendieron una emboscada y mataron" a sindicalistas agrícolas y a estudiantes "en su mayoría indígenas", agregó.
http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/32952-NN/relator-de-la-onu-denuncia-que-ola-de-violencia-en-bolivia-fue-incitada-por-prefectos/
terça-feira, 16 de setembro de 2008
Bolivia/Unasur investigará masacre ocurrida en Pando y ofrece firme respaldo a Evo Morales

Presidentes suramericanos se reunieron en Chile para analizar crisis en Bolivia. (Foto: Efe)
Los presidentes ''expresan su más pleno y decidido respaldo al gobierno constitucional del presidente Evo Morales, cuyo mandato fue ratificado por una amplia mayoría'', señalan en un documento de ocho puntos, emitido durante la noche de este lunes, y leído por la presidenta de Chile, Michelle Bachelet.
16 septiembre 2008/TeleSUR http://www.telesurtv.net
Los líderes de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) acordaron conformar una comisión que investigue la masacre ocurrida en el departamento de Pando, donde por lo menos 30 personas murieron, y ofrecieron su más firme respaldo al gobierno del presidente Evo Morales.
Los presidentes "expresan su más pleno y decidido respaldo al gobierno constitucional del presidente Evo Morales, cuyo mandato fue ratificado por una amplia mayoría", señalan en un documento de ocho puntos, emitido durante la noche de este lunes, y leído por la presidenta de Chile, Michelle Bachelet.
La Declaración del Palacio de La Moneda, aprobada por unanimidad de los nueve presidentes que asistieron a la reunión, contempla la coordinación de Unasur para esclarecer los hechos ocurridos en Pando.
Asimismo crear una comisión abierta a todos los países de Unasur, coordinada por la presidencia pro témpore en manos de Chile, para acompañar la mesa de diálogo dirigida por el presidente Morales.
"Advierten que los respectivos gobiernos rechazan enérgicamente y no reconocerán cualquier situación que intente un golpe civil y la ruptura del orden institucional y que comprometa la unidad territorial de la república de Bolivia", agrega.
Asimismo condenaron el ataque de instalaciones públicas por parte de "grupos que buscan la desestabilización, y exigen al devolución de las instalaciones".
Una tercera comisión se encargará de ofrecer apoyo logístico para cubrir las necesidades que ha generado la crisis en Bolivia.
Hacen un llamado a los actores para que cesen los actos de violencia.
Por su parte, el presidente de Bolivia, Evo Morales, destacó el hecho de que es la primera vez que los "ocho países suramericanos" deciden defender los problemas de manera conjunta.
"Es importante tener opositores, pero una oposición con propuesta. Lo que ha pasado en los últimos días es antidemocrático", condenó.
Aseguró que la posición que asumió Unasur "es para defender la vida y la igualdad".
Llamado de emergencia
La presidenta de Chile convocó el pasado fin de semana la reunión extraordinaria de los líderes del grupo, en medio de la preocupación, por el serio conflicto entre el presidente de Bolivia, Evo Morales y la oposición de derecha.
Al llamado respondieron Cristina Fernández (Argentina); Lula da Silva (Brasil); Álvaro Uribe (Colombia); Rafael Correa (Ecuador); Fernando Lugo (Paraguay); Tabaré Vázquez (Uruguay), y Hugo Chávez (Venezuela), además del presidente Evo Morales (Bolivia).
También llegaron, hasta el Palacio Presidencial de La Moneda, representantes de Suriname y Guyana, así como el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, José Antonio García Belaúnde, en representación del presidente Alan García, que excusó su presencia.
Esta iniciativa del bloque subregional se suma a los esfuerzos a la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) que viajará a Bolivia el próximo miércoles, encabezada por su secretario general, José Miguel Insulza.
Por su parte, el gobierno de Evo Morales inició una mesa de diálogo con sectores de la oposición a fin de buscar una salida a la crisis que se vivie en Bolivia propiciada por sectores de la oposición.
Al concluir el encuentro el prefecto de Tarija, Mario Cossío, que representa a la oposición, informó a la prensa que se alcanzó un 80 por ciento de las bases de un acuerdo preliminar que permita encarar un diálogo profundo para solucionar la crisis política y social que atraviesa el país.
Entretanto, miles de seguidores del presidente Evo Morales se manifestaron este lunes en La Paz para pedir justicia por las muertes violentas en la región de Pando, en dos marchas donde también corearon lemas contra Estados Unidos.
Sindicatos y asociaciones de El Alto, ciudad aledaña a La Paz, mayoritariamente indígena y feudo de Morales, exigieron al grito de "no más impunidad" prisión para el prefecto de Pando, el opositor Leopoldo Fernández al que acusaron de la "sanguinaria masacre" en su región.
http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/32820-NN/unasur--investigara-masacre-ocurrida-en-pando-y-ofrece-firme-respaldo-a-evo-morales/
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Informe/CAMPONESES E MILITANTES PRÓ-MORALES SÃO ASSASSINADOS NA BOLÍVIA
Comissão Pastoral da Terra – Secretaria Nacional
Assessoria de Comunicação
INFORME
Camponeses e militantes pró-Morales são assassinados na Bolívia
A crise na Bolívia tem ocupado bastante espaço na mídia nacional, sobretudo pela possibilidade de corte do fornecimento de gás natural ao Brasil. Mas a situação é muito mais grave do que tem aparecido. Houve massacre de camponeses na Província de Pando, fronteira com Brasil e Peru, como muito bem relata a nota emitida pela Secretaria de Direitos Humanos da Diocese Anglicana de Brasília (leia abaixo). O massacre, porém, é citado pela imprensa como confronto entre governistas e oposicionistas. Mais grave ainda é que governadores de Beni, Tarija e Santa Cruz, também estados de oposição a Morales, querem imputar o massacre às tropas do Exército a serviço de Morales, como noticiou a Folha de São Paulo de sábado, 13 de setembro.
Após o assassinato de cerca de 30 camponeses na noite da última quinta-feira, 11 de setembro, por ordem de Leopoldo Fernández, governador de Pando, o governo de Evo Morales decretou estado de sítio no Estado. Entretanto, Fernández aceitou o decreto somente ontem, 14 de setembro, permitindo, a entrada do exército boliviano no Estado. De acordo com depoimentos de moradores da região e de sobreviventes do ataque, o governador de Pando contratou mercenários e narcotraficantes do Peru e do Brasil para atuar no confronto. Fernández nega a acusação, mas admite que grupos armados participaram do massacre dos camponeses.
O governo boliviano prometeu na noite deste domingo, condenar Leopoldo Fernández a 30 anos de prisão por crimes de lesa humanidade. O vice-ministro da Coordenação com os Movimentos Sociais da Bolívia, Sacha Llorenti, declarou que esse crime não ficará impune, “Quero deixar absolutamente claro que este caso não vai cair na impunidade, porque vamos mostrar que as instituições do Estado boliviano funcionam e que Leopoldo Fernández terá uma sentença de 30 anos sem direito a indulto pelos crimes que cometeu”.
Llorenti afirmou, ainda, que o crime foi premeditado e planejado já que os principais alvos dos pistoleiros eram os dirigentes dos camponeses, e quase todos os mortos receberam os tiros na cabeça e no coração.
Leopoldo Fernández é político de extrema direita, membro do Podemos, principal partido de oposição ao governo Morales, e integrou o segundo governo do general Hugo Banzer Suárez (1997-2001).
Leia abaixo a Nota da Secretaria de Direitos Humanos da Diocese Anglicana de Brasília:
SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA DIOCESE ANGLICANA DE BRASÍLIA
MATANÇA DE CAMPONESES EM PORVENIR, BOLÍVIA
Porvenir é um povoado situado a 30 km da cidade de Cobija, capital do Departamento de Pando na Bolívia, um dos cinco estados que se rebelaram contra o Governo Central daquela república. Ali ocorreu, no dia 11 de setembro, o que tem sido considerado o pior massacre da Bolívia em seu período democrático. Trinta camponeses mortos já foram contados, e se calcula que tenham ocorrido pelo menos mais 20 mortos, além de dezenas de feridos. Homens, mulheres e crianças, inclusive mulheres grávidas e idosos.
Segundo uma série de entrevistas ao vivo com sobreviventes, realizadas pela rede de rádio comunitárias boliviana “Red Erbol” (http://www.erbol.com.bo/index.php), na noite do dia 11, cinco veículos com camponeses se dirigiram, desarmados, a um “ampliado” governamental convocados pela federação de camponeses para a localidade de Filadelfia, por uma estrada no meio da mata. Às 8h30 do dia 12, eles foram retidos, ainda na estrada, por um destacamento da polícia estadual de Pando. Os policiais detiveram-nos ali, despistando-os por cerca de três horas; pouco depois das 11 horas, surgiram subitamente veículos contendo de 30 a 50 paramilitares armados de fuzis, revólveres, escopetas e metralhadoras, e foram logo atirando nos camponeses surpreendidos. A polícia se retirou, e os camponeses que não tombaram tentaram fugir pela mata, perseguidos pelos paramilitares. Quando estes os alcançavam, derrubavam-nos e matavam-nos a sangue frio. Alguns, mesmo feridos, conseguiram chegar a um rio próximo e jogaram-se nas águas. Mesmo assim, os assassinos os metralharam, e muitos morreram nestas circunstâncias.
Os paramilitares, ligados ao prefeito (governador) do Estado de Pando Sr. Leopoldo Fernandez e ao “Comitê Cívico” estadual mataram indiscriminadamente mulheres grávidas, idosos e crianças, segundo relatos feitos na rádio educativa captados aqui em Brasília via internet. Os veículos dos camponeses foram queimados e seus pertences roubados. Não houve nenhuma resistência por parte dos camponeses, que foram surpreendidos na operação. A polícia estadual a tudo assistiu sem tomar providências, e a matança prosseguiu até cinco horas da tarde.
Muitos corpos estão ainda no meio do mato e no rio; e as autoridades estaduais rebeladas contra o governo central não estão permitindo a entrada de socorro na área. Organismos de diferentes instituições têm tentado chegar ao local, mas as autoridades estaduais vedam o aceso à área do conflito e impedem que entrem na cidade. Muitos feridos têm se dirigido aos hospitais, e outros não tiveram coragem de procurar ajuda por medo de serem mortos, pois não existe nenhuma segurança na cidade, que vive uma situação de caos, sem policiamento, onde mesmo os feridos continuam sendo ameaçados impunemente, e a população se recolhe as suas casas temendo os saques que ocorrem com freqüência.
A Secretaria de Direitos Humanos da Diocese Anglicana de Brasília solidariza-se com as famílias dos falecidos; pede paz, justiça, solidariedade e diálogo na Bolívia; conclama a todos e todas para protestarem contra esse ato de barbárie perpetrado pelas autoridades do Departamento de Pando e seus grupos paramilitares protegidos; e exige que as autoridades brasileiras detenham o Sr. Leopoldo Fernandez e outras pessoas responsáveis por esse crime caso entrem em território nacional, para que possam ser processados e julgados por crime contra a humanidade.
Brasília, 14 de setembro de 2008
Paulo Couto Teixeira
secretário
Assessoria de Comunicação
Comissão Pastoral da Terra
Secretaria Nacional - Goiânia, Goiás.
Fone: 62 4008-6406/6412/6400
www.cptnacional.org.br
Fuerzas Armadas de Bolivia detuvieron al prefecto de Pando
Fernández, que no mostró resistencia al arresto, fue detenido a las 10.45 hora local, cuando se encontraba en su despacho prefectural.
16 septiembre 2008/TeleSUR http://www.telesurtv.net
Las Fuerzas Armadas de Bolivia detuvieron este martes al prefecto de Pando (noroeste), Leopoldo Fernández, acusado de ser el cabecilla de una conspiración que derivó en la masacre de campesinos en la localidad pandina de Porvenir.
Fernández, que no mostró resistencia al arresto, fue detenido a las 10.45 hora local, cuando se encontraba en su despacho prefectural.
Luego fue embarcado en una aeronave que decoló presumiblemente con rumbo a La Paz, aunque esta información no fue confirmada por fuente oficial alguna.
"La detención se realizó en cumplimiento a las normas constitucionales y legales que rigen en el país", indicó en rueda de prensa el presidente boliviano, Evo Morales.
En ese mismo marco, el ministro de Defensa, Walker San Miguel, aclaró que la captura de Fernández responde al estado de sitio que el gobierno decretó en Pando para garantizar la paz y seguridad en ese departamento.
Recordó que en los artículos 111 y 112 de la Carta Magna está consagrado el derecho que tiene un jefe de Estado a dictar estado de sitio cuando la paz de un territorio esté expuesta a peligro de guerra interna.
"Hemos asumido esta medida para proteger la vida de la gente, la vida amenazada por los sicarios en Cobija y en Pando. Es por ese motivo que se ha emitido un estado de sitio regionalizado y los resultados en cuatro días de la medida son altamente positivos", aseguró San Miguel.
Además, ratificó que la aplicación del estado de sitio en Pando se realizó para preservar la vida y detener la escalada de violencia criminal que imperó en la región, a diferencia de otras gestiones donde se decretó esa medida constitucional para defender los intereses de las transnacionales.
La Fiscalía boliviana también inició el lunes un proceso judicial por genocidio en contra de Fernández.
Ya el lunes, once ciudadanos procedente de Cobija llegaron a La Paz confinados por vulnerar el estado de sitio vigente en Pando, los mismos que también serán investigados por la masacre de campesinos en las poblaciones pandinas de Porvenir, Filadelfia, Puerto Rico y Puente Cachuelitas.
Según el artículo 111 de la Constitución Política del Estado, en casos de grave peligro por causa de conmoción interna o guerra internacional, el Jefe del Poder Ejecutivo podrá, con dictamen afirmativo del Consejo de Ministros, declarar el estado de sitio en la extensión del territorio que fuera necesario y tendrá la duración de 90 días.
Prefectura bajo control militar
Tras la detención de Fernández, la Prefectura de Pando se encuentra bajo el control militar, informó San Miguel.
Cerca de las 10.30 hora local un fuerte contingente de efectivos de la Policía Militar irrumpieron esas instalaciones donde se encontraba Fernández acompañado del senador por el ahora desaparecido Poder Democrático Social (Podemos), Pablo Bravo.
El ministro de Defensa manifestó que después de la determinación del estado de sitio se ha normalizado el flujo en el aeropuerto, que estaba tomado por instrucciones de la presidenta del Comité Cívico, Ana Melena.
"Quiero desvirtuar esas versiones de que se acabó la democracia (como lo dijo la cívica Ana Melena de Suzuki), no estamos para que una señora nos mienta, dado que lo que hemos hecho está en el marco constitucional", aseguró San Miguel.
Video revela la masacre
Entre tanto, este martes fue difundido un video que revela cómo paramilitares y sicarios al servicio del prefecto Fernández, según todos los testimonios recogidos de las víctimas, consumaron la matanza de campesinos indefensos en el río Tahuamanu.
Las imágenes muestran cómo los campesinos se arrojaron al río para intentar salvar sus vidas y nadando intentan cruzar el afluente, pero los hombres armados disparan.
"Ahí están más indios", se escucha en al menos dos oportunidades, por parte de personas ubicada en la orilla del Tahuamanu.
http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/32832-NN/fuerzas-armadas-de-bolivia-detuvieron-al-prefecto-de-pando/
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La Paz, 13 septiembre 2008 (Luis Bilbao) - Mediante bandas fascistas el Departamento de Estado lanzó el 09 de septiembre una ofensiva violenta con eje en Santa Cruz, Pando y Tarija.
El gobierno de Evo Morales calificó este accionar como “golpe cívico prefectural”. La expresión apunta a subrayar que las fuerzas armadas no son el instrumento de esta escalada, basada en cambio en los gobiernos de los departamentos de la llamada Media Luna. En ese sentido la definición es ajustada a la realidad. Sin embargo, estas operaciones no tienen como objetivo un golpe de Estado tal como los que la Casa Blanca promovió en innumerables oportunidades en América Latina. Washington sabe que el derrocamiento de Evo y la implantación de otro gobierno, por vía civil o militar, es una perspectiva cerrada por todo un período en Bolivia.
La táctica estadounidense está centrada en detonar una guerra civil. Operaciones terroristas contra puntos vitales de la estructura económica y el aparato del Estado; utilización de bandas fascistas contra la base social de la revolución en marcha (abrumadoramente hegemónica); secesión de la Media Luna: son peldaños de una escalada apuntada a provocar la lucha fratricida. El asesinato de Evo; la aniquilación de dirigentes sociales y políticos claves, son otros recursos que sin duda alguna intentarán los estrategas estadounidenses.
Significado de la escalada
El análisis trata de desentrañar la realidad de hoy con parámetros del pasado. Las burguesías locales y el imperialismo podían dar golpes de Estado cuando tenían instrumentos militares, políticos, sindicales y sociales en condiciones de ejercer la hegemonía necesaria para gobernar bajo fachadas más o menos represivas. Eso acabó. Una a una, las instituciones de las clases dominantes han perdido su capacidad como instrumentos válidos para el ejercicio del poder. Y esta afirmación no sólo es válida para Bolivia: toda América Latina está en la misma situación. Hoy el imperialismo ni siquiera puede apelar al recurso del golpe militar. Requiere y utiliza la violencia, pero su estrategia ya no consiste en imponer un gobierno títere. Antes de volver a pensar en esa posibilidad, necesita infligirle a las masas una derrota letal. En la época de crisis y declinación irreversible del capitalismo eso sólo es posible mediante el fascismo y la guerra civil.
Es exactamente lo que han puesto en marcha los agentes de Washington en Bolivia. El imperialismo necesita de ese enfrentamiento civil y ya ha lanzado la provocación a gran escala.
La expulsión del embajador de la Casa Blanca indica que Evo Morales comprende exactamente la estrategia imperial y ha resuelto enfrentarla. La inmediata solidaridad de Hugo Chávez, haciendo lo mismo con quien en su territorio promovía una acción análoga, el apoyo incondicional a estas medidas por parte de Daniel Ortega, la decisión del presidente hondureño Manuel Zelaya de suspender la ceremonia de recepción de credenciales del nuevo embajador de Estados Unidos, en solidaridad con Bolivia y Venezuela, son otros tantos indicativos de la rebelión antimperialista que se agiganta en América Latina. Estos países se sumaron así a la histórica conducta de la Revolución Cubana. Cuando el imperialismo apela al fascismo, la diplomacia carece de sentido. Quien se asusta del tono empleado por Chávez al reiterar su disposición a defender a Evo Morales incluso enviando combatientes a Bolivia, o bien no ha comprendido el significado de la escalada fascista, o bien programa una negociación en cuya conclusión está la cabeza de Evo. Pero Chávez no está solo. Seremos cientos de miles quienes en América Latina nos alistaremos para defender con las armas la revolución en Bolivia frente al ataque imperialista, si una enérgica acción internacional no logra detenerlo.
Unasur
Otro indicativo de los cambios en las relaciones de fuerza continental es la realización de una reunión de emergencia de Unasur, en Santiago, el lunes 15. Allí reside la posibilidad de detener la mano asesina de la Casa Blanca. Cada gobierno mostrará hasta dónde llega su compromiso con la democracia, la paz y la unión regional. La diversidad de los componentes de la Unión de Naciones Suramericanas asegura una dura disputa. Pero el mínimo común es el apoyo incondicional al gobierno de Evo (con su reciente ratificación con el 67,41% de los votos tiene más legitimidad social que ninguno de sus pares), el rechazo a la ingerencia estadounidense y el compromiso de romper relaciones diplomáticas en conjunto con Estados Unidos si Washington persiste en alimentar la escalada fascista. Luiz Inácio da Silva adelantó que “no tenemos derecho a tomar ninguna decisión sin que haya acuerdo del gobierno y la oposición”. Sus asesores en política internacional deberían informarle a Lula que “la oposición” es Estados Unidos y que los jefes políticos locales han tomado por la vía del fascismo. Apenas unos videos y unos testimonios sobre los saqueos y matanzas bastarían para que el presidente brasileño tenga la información suficiente y pueda asumir que las acciones emprendidas en estos días por los separatistas definen una estrategia de guerra, con la cual Estados Unidos pretende recuperar el control que se le va de las manos en América Latina. Eso le concierne también a Brasil.
El fascismo en sentido lato es el primer paso de esa estrategia. Fascismo no es, como se entiende corrientemente, un gobierno o una política represiva. Es la utilización de la población civil para ser lanzada contra otros estratos de la población civil. (Por eso, cuando la teoría política de las clases dominantes comenzó a enfatizar la expresión “sociedad civil”, tergiversando por completo su sentido original, era claro en qué rumbo se orientaba). Es la utilización de sectores de clases medias y de las franjas más empobrecidas y marginalizadas, a las cuales no ha podido llegar el mensaje de la revolución, para lanzarlas como fuerza de choque ciega contra los trabajadores, los campesinos, los estudiantes y los flancos concientes de las capas medias. Es el choque de aquellos que por determinaciones que van mucho más allá de su propia cotidianeidad, no están en condiciones de tomar conciencia de sus actos y contratados como mercenarios son lanzados en operaciones de guerra contra sus hermanos más próximos. Eso es el fascismo. Y siempre, por detrás, hay estrategas del capital que programa sus actos.
Urge una respuesta continental
Aparte los gobiernos, cuyo compromiso puede eventualmente lograr efectos extraordinarios, es otra la instancia latinoamericana que al cabo definirá si la revolución latinoamericana en marcha puede o no enfrentar y vencer la contraofensiva imperialista. Las acciones de solidaridad con el gobierno de Evo Morales en cada país son imprescindibles. Pero no bastan. Urge dar pasos efectivos observando la huella de la nueva fuerza revolucionaria de masas que ha aparecido en el panorama internacional: el Psuv (Partido Socialista Unido de Venezuela). Urge concretar instancias análogas de unidad social y política de masas, con definiciones antimperialistas y anticapitalistas. Urge crear organismos que permitan a las direcciones de esas fuerzas revolucionarias diseñar y aplicar una línea de acción latinoamericana. La historia no perdonará omisiones ni retardos.
La paz, 13 de septiembre de 2008