Hace 25 años Caracas y
otras ciudades venezolanas protagonizaron la primera gran insurrección popular
contra el neoliberalismo. No sólo a escala de América Latina y el Caribe, sino
planetaria. En un país petrolero, la pobreza alcanzaba a un 80 por ciento.
Espontánea, la protesta
estalló en Guarenas, al este de la capital, cuando estudiantes y trabajadores
rechazaron el alza estratosférica del transporte público. La chispa se extendió
y comenzaron los asaltos a mercados donde el pueblo tomaba algo de lo que
siempre le había sido negado. El caracazo tuvo el enorme mérito de que las
masas venezolanas rompieran colectivamente con el sacrosanto mito burgués de la
propiedad privada.
Pero el gobierno del
presidente Carlos Andrés Pérez (CAP) impuso la ley marcial y autorizó a los
cuerpos armados a disparar con munición de guerra contra los civiles. El
ministerio público cifró el número de fallecidos en 600, aunque cálculos de
investigadores establecen la cifra entre 3500 y 5000, además de miles de heridos.
Un crimen de lesa humanidad.
Compárense la bárbara
respuesta
gubernamental a aquellas justísimas protestas de todos los barrios
populares del país con la contenida y mesurada que reciben de la Guardia
Nacional Bolivariana las esmirriadas marchas actuales de enajenados y enfermos
de odio en unas cuantas urbanizaciones de clase media acomodada. Obsérvese la
actitud pacífica de las decenas y cientos de miles de chavistas que desde
comienzos de febrero inundan las calles de Caracas en apoyo al presidente Maduro.
El que sí ha practicado
la violencia feroz ha sido como siempre el sector fascista de la oposición. Su
único propósito es derrocar a Maduro, que para eso Washington manda carretadas
de dólares(http://www.cepr.net/index.php/other-languages/spanish-op-eds/el-apoyo-de-eeuu-a-un-cambio-de-gobierno-en-venezuela-es-un-error).
No importa si ese derrocamiento implica un baño de sangre ni que hace dos meses
el chavismo ganara por 10 puntos las elecciones municipales.
El último año ha sido
difícil para el pueblo venezolano. La inflación ha superado el 50 por ciento y
ha habido desabasto de productos esenciales, pero tanto los chavistas como
muchos que no lo son, comprenden que la causa principal ha sido la guerra
económica desatada por Estados Unidos y la oligarquía contra Caracas. No
olvidan además las conquistas y derechos conseguidos desde 1999.
El pueblo apoya las
medidas del gobierno contra la guerra económica y aplaude que los funcionarios
corruptos enriquecidos con la especulación sean llevados ante la justicia. Los
sectores populares no se ven representados por los acaudalados líderes
opositores y desconfían de ellos porque quieren la paz y conocen su trayectoria
golpista desde 2002.
El pueblo aprecia que
después de Chávez es poder y que ha sido con la Revolución Bolivariana que ha
podido acceder, como nunca antes, a derechos universales como la educación, la
salud, la vivienda, la seguridad social y las libertades políticas.
Las jornadas del
caracazo foguearon a las masas para los combates por venir y galvanizaron a los
oficiales patriotas que bajo el liderazgo del entonces teniente coronel Hugo
Chávez ya conspiraban para cambiar aquel estado de cosas. Ese pueblo aguerrido
fue el que apoyó el levantamiento del comandante tres años después(1992), el
que lo llevó a la presidencia y el que ha mantenido viva la Revolución
Bolivariana con su fuerza en las calles y en 18 consultas electorales. Gracias
a ese pueblo con alta conciencia política y a su dirección revolucionaria
encabezada por el presidente Maduro es que no ha habido más muertos y que el
denominado golpe blando se desinfla pese a la falsa visión que ofrece la mafia
mediática internacional.
En una actitud de
genuflexión ante Estados Unidos el socialdemócrata CAP aplicó las medidas
neoliberales que condujeron al caracazo y acabaron con el ya magro poder
adquisitivo de los pobres y de la clase media. Desencadenó una escalada
desenfrenada de precios que llevó en horas a 200 por ciento el del transporte
público y otras medidas intolerables en un contexto de deterioro acelerado de
las condiciones de vida. El abandono por el Estado a su suerte de las grandes
mayorías era la regla.
Fue a partir de Chávez (1999)
y, sobre todo, de la derrota del golpe petrolero de 2002-2003 que por primera
vez la renta petrolera se dedicó al bienestar del pueblo. De allí los
extraordinarios logros sociales que reconocen a Venezuela todas las agencias de
la ONU y hasta el Banco Mundial.
Twitter: @aguerraguerra
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