Traducido del
portugués para Rebelión por Alfredo Iglesias Diéguez
El pasado 30 de septiembre,
el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, preso político desde el 7
de abril de 2018, divulgó, a través de sus abogados Cristiano Zanin
y Valeska Teixeira, una carta dirigida "al pueblo brasileño" en
que rechaza el supuesto beneficio que a modo de trampa le propuso el
Ministerio Público Federal de Paraná.
En el texto, Lula se muestra rotundo: no acepta ningún regateo de sus derechos ni de su libertad y defiende que le corresponderá al Supremo Tribunal Federal juzgar la anulación de todos los actos jurídicos de Sérgio Moro, el juez que lo condenó sospechosamente y actual ministro del gobierno de Bolsonaro.
En el texto, Lula se muestra rotundo: no acepta ningún regateo de sus derechos ni de su libertad y defiende que le corresponderá al Supremo Tribunal Federal juzgar la anulación de todos los actos jurídicos de Sérgio Moro, el juez que lo condenó sospechosamente y actual ministro del gobierno de Bolsonaro.
Al
Pueblo Brasileño
No intercambio mi dignidad
por mi Libertad.
Lo único que tendrían que
hacer los procuradores de la Lava Jato es pedir disculpas al Pueblo Brasileño,
a los millones de desempleados y a mi familia, por el mal que hicieron a la
Democracia, a la Justicia y al país.
Quiero que sepan que no
acepto ningún regateo ni de mis derechos ni de mi Libertad.
Ya demostré que son falsas
las acusaciones que
me hicieron. Son ellos y no yo quienes están presos de las
mentiras que contaron a Brasil y al Mundo.
Ante las arbitrariedades
cometidas por los Procuradores y por Sérgio Moro, le corresponde ahora a la
Suprema Corte corregir lo que está mal, para que actúe la justicia
independiente e imparcial. Como le corresponde a todo ciudadano.
Tengo plena conciencia de
las decisiones que tomé en este proceso y no descansaré hasta que la verdad y
la Justicia vuelvan a prevalecer.
Curitiba, 30/09/2019
Luiz Inácio Lula de Silva
Luiz Inácio Lula de Silva
Mercosul, Brasil/Y Lula dice no a
la trampa
Desde
Río de Janeiro
No
hubo sorpresa, y se abrió un ventanal de expectativas a partir del anuncio de
Lula, divulgado en la tarde de hoy a través de una carta manuscrita, de que no
acepta pasar al régimen semiabierto, como lo solicitaron los fiscales de la
‘Operación Lava Jato’.
Para
Lula, lo único aceptable es que sea declarado inocente. Nada más le interesa.
Reiterando
lo que dice desde que fue condenado en un juicio claramente manipulado, Lula
escribió que no cambia su dignidad por su libertad.
‘Lo
que los fiscales realmente deberían hacer es pedir disculpas al pueblo
brasileño, a los millones de desempleados y a mi familia, por lo mal que
hicieron a la democracia, a la Justicia y al país’, disparó, para luego
reivindicar que ‘frente a las arbitrariedades cometidas por los Fiscales y por
Sergio Moro, le toca ahora a la Corte Suprema corregir lo que está mal, para
que haya Justicia independiente e imparcial’.
Con
lo que Lula anticipó ayer, sin esperar la decisión de la jueza encargada de su
caso, Carolina Lebbos, el esfuerzo llevado a cabo por los fiscales encabezados
por Deltan Dallagnol cae por tierra. La idea era cambiar el régimen de prisión
de Lula antes de que la Corte Suprema adopte alguna decisión, digamos, más
radical.
Al
mismo tiempo, Lula abrió espacio para una discusión jurídica con poquísimos
precedentes: ¿puede un preso rehusarse al cambio de régimen de prisión previsto
en la ley?
Hay
divergencias sobre si se trata de una determinación o una concesión legal. Son
poquísimos antecedentes de presos que se rehusaron a la mejora de las
condiciones de prisión y cuando ocurrieron han sido siempre bajo el argumento
de temer por su vida en caso saliesen de la cárcel.
Juristas
recuerdan que lo que el preso puede es negarse a aceptar condiciones impuestas
por el magistrado responsable, como la obligación del uso de una tobillera
electrónica.
La
decisión de Lula presiona a todos los involucrados: si le impone el uso de la
tobillera, Carolina Lebbos concede la posibilidad de que él se niegue a
acatarla. Con eso se justificaría su permanencia en prisión y, a la vez, se
aseguraría espacio para que siguiese exigiendo la anulación del juicio que lo
condenó.
Pero
si no hay imposición alguna y se lo fuerza a pasar al régimen semiabierto o, en
caso extremo, a prisión domiciliaria, Lula dirá que se vio obligado a aceptarla
por respeto a la ley, mientras seguirá luchando hasta que se haga justicia y él
logre probar su inocencia.
A
la vez, Lula impuso nueva presión sobre el Supremo Tribunal Federal, cuya
omisión lo transformó en cómplice de todas las irregularidades cometidas por el
entonces juez Sergio Moro y los fiscales por él teleguiados.
La
defensa de Lula reivindica que se declare sospechosa la conducción del juicio a
Lula, con énfasis en las conductas de Sergio Moro y Deltan Dallagnol. También
ingresó con un pedido de hábeas corpus favorable al ex presidente declarando la
parcialidad de Moro, pidiendo la anulación del juicio y la inmediata liberación
de Lula.
La
suma de todos esos movimientos indica que la jugada de Lula no es exactamente
arriesgada, ya que él no tiene mucho que perder.
Al
contrario, ha sido una jugada magistral. Al negar un beneficio insistiendo que
no acepta otra cosa que ser declarado inocente, refuerza su discurso de
siempre. Si le imponen el beneficio, dirá que él sí, respeta la ley, al
contrario de sus verdugos.
Con
eso, aumenta y mucho la presión sobre los integrantes de la hasta ahora muy
omisa Corte Suprema brasileña.
Ahora,
a ver cómo se portan los integrantes de la instancia más elevada de la Justicia
en Brasil, si con o sin dignidad.
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