El ex canciller, Armando Loayza señala que Bolivia tiene la potestad soberana de definir las maneras y los objetivos de la cooperación internacional mediante leyes.
La Paz, 30 agosto (ABI) - Legisladores, autoridades de Gobierno, prefectos, investigadores económicos y un ex canciller expresaron hoy su pleno respaldo a la decisión de aprobar una ley para que el Estado boliviano fiscalice todos los recursos de cooperación extranjera que llega al país.
El pasado miércoles, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, confirmó que el Poder Ejecutivo está trabajando en la elaboración de un decreto supremo o una norma legal que permita transparentar la administración de la cooperación internacional.
El diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Iván Canelas, aseguró que la aplicación de esa medida legal por el Poder Ejecutivo o el Legislativo evitará que recursos provenientes de la cooperación internacional sean utilizados para desprestigiar al partido en función de Gobierno y se continúe cometiendo una intromisión política como lo denunció el Poder Ejecutivo.
El congresista por la alianza política de oposición Poder Democrático Social (Podemos), Rodrigo Paz Pereira, dijo que es urgente que haya un mecanismo legal que permita fiscalizar los recursos de cooperación económica que llega al país a través de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
"Ya que se ha dado el primer paso, creo que debe haber una efectiva fiscalización no solo con la cooperación que llega a Bolivia de buena voluntad de Estados Unidos, de Venezuela y de Cuba, sino de todos los países de donde llega la cooperación", manifestó el opositor.
Para el director del Instituto de Investigaciones de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Abraham Pérez, varios estudios han concluido en que existen un grado en entidades no gubernamentales que intervienen en mecanismos de desestabilización o conspiración a través de diferentes mecanismos.
Explicó que distintos analistas económicos y políticos que opinan en contra del Gobierno, a través de los medios de comunicación, son funcionarios de ONG que reciben recursos económicos de la cooperación estadounidense mediante Usaid.
En tanto que el viceministro del Tesoro, Óscar Navarro, señaló que existe dos tipos de cooperación extranjera, la primera, a través del Estado y que es registrada para su inscripción en la inversión pública, y una segunda que no tiene ninguna forma de control por ser directa.
"Existen recursos directos de cooperación para las ONG, algunas embajadas transfieren recursos a las ONG y no hay ningún control sobre esos recursos", precisó.
El prefecto del departamento de Oruro, Alberto Aguilar, expresó su complacencia por la decisión del Poder Ejecutivo, porque esa normativa le permitirá conocer la utilización de recursos captados de la comunidad internacional mostrando la pobreza de los sectores más necesitados del país.
"En Oruro hemos pedido que se integren en los planes de desarrollo departamental que estén articulados al plan nacional de desarrollo. Las ONG reciben montos de dinero que no sabemos si se hacen efectivos, esperemos que haya más control de esos recursos", precisó el Prefecto orureño.
Su colega del departamento de La Paz, José Luís Paredes, dijo que ya era hora de que el Gobierno defina la forma de fiscalizar en un 100 por ciento todos los recursos de cooperación provenientes de la comunidad internacional.
"Se tiene que fiscalizar la cooperación de Estados Unidos, de Cuba, de Venezuela y las ONG. Es muy oportuno llevar adelante el control de las ONG y yo celebro que haya una ley", precisó.
A su vez, el ex canciller, Armando Loayza, fue enfático al manifestar que Bolivia tiene la potestad soberana de definir las maneras y los objetivos de la cooperación internacional mediante leyes.
"En todas partes del mundo los estados controlan y definen qué tipo de cooperación requieren, a qué áreas se refiere y qué procedimientos tiene que cumplir para hacer debida y plenamente controlada", manifestó.
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