5 noviembre 2014, Otra Política, Ciencia y Palabra del Pueblo
http://www.otrapolitica.org.ve (Venezuela)
Caracas, noviembre 2014
Propuesta inicial de una Mesa de Diálogo
POR LA PAZ LA JUSTICIA Y LA REVOLUCION
y Documento-Acuerdo entre los Colectivos de Trabajo Revolucionario
– Movimiento de Defensa Popular Juan Montoya y el Gobierno Nacional
PRIMERA PARTE
La encrucijada que vive Venezuela en estos últimos años,
caracterizada fundamentalmente por el ataque económico-financiero e
institucional, en complicidad con la banca y factores internos del Estado, está
comenzado a generar consecuencias que pueden ser fatales al proceso
revolucionario. Los hechos acaecidos este 7 de Octubre en Quinta Crespo y la
masacre correspondiente de 5 de nuestros compañeros y hermanos de lucha, así lo
confirman.
Esto, unido con la intromisión de factores externos en respaldo a
la permanencia de las viejas estructuras de poder despóticas y corruptas, que
han venido capturando a el Estado, a tal punto de convertirse en hábitos éstas
prácticas, nos alertan de la profunda crisis institucional que vivimos. Para el
pueblo revolucionario, que conoce el sustrato de lo que implica el esfuerzo de
la verdad y el ser víctima permanente de sus consecuencias, tanto en sus
condiciones de vida sociales y económicas como desde el punto de vida de la
injusticia permanente que aún vive nuestro país, se hace impostergable
encontrar nuevas alternativas políticas que revivan por completo el proceso de
transformación hacia una sociedad socialista. Se trata de promover mecanismos
que renueven permanentemente la capacidad de gobernabilidad conjunta entre
gobierno y pueblo; en el marco de un proceso que ha venido sufriendo enormes
fracturas y desgastes morales e institucionales.
En lo inmediato tenemos una realidad interna de desmejoramiento de
las condiciones de vida de la población, recrudecimiento de la represión, que
no concuerdan para nada con nuestras aspiraciones libertarias y transformadoras
a nivel nacional. Unamos esta dolorosa situación a una crisis del sistema
global capitalista que nos afecta directamente, estando aún atrapados a la
tragedia de una economía rentista donde sólo el parasitismo capitalista sale
ganando; por lo que nos vemos obligados a dar pasos firmes, decisivos para
el
futuro del país, que puedan bloquear los efectos de toda esta crisis y las
agendas conspirativas que, usando el momento, pretenden retornar al poder
gubernamental en Venezuela a la vieja burguesía oligopólica, parasitaria y
fusionada con la agenda imperialista mundial.
Los hechos de la MASACRE DE QUINTA CRESPO, el pasado 07/10/2014,
donde se ejecutó una injustificable y fría masacre en contra de cinco camaradas
revolucionarios por parte de agentes del CICPC enviados al lugar desde las
jefaturas de dicha institución y el Ministerio del Interior: José Miguel
Odreman, Carmelo Ramón González, José Ángel Tovar, Jesús Ramírez y Michael
Contreras, los cuales murieron por ejecución deliberada de dichos agentes sin
que medie ningún tipo de enfrentamiento armado con los agentes policiales, como
se ha querido dejar ver, nos pone delante de un gran reto político entre pueblo
y gobierno de manera de evitar a como dé lugar se repitan hechos parecidos. Y
por el contrario, más que servirnos de excusa para el acrecentamiento de
niveles de violencia que puede llegar a ser mutua, sirva para alimentar un
verdadero salto cualitativo del proceso revolucionario por vías de paz, de
hermandad, acuerdo, y necesariamente de transformación y justicia.
Cuando se habla de cohesión social sabemos de antemano que es mucho
más complejo que el ejercicio de ajustar conductas, y comprender que no todo
está sustentado en las normas, porque definitivamente nuestros enemigos a
vencer tienen que ver con los excesos de egos y abusos de poder tan propios de
toda sociedad marcada desde su fundación colonial por la desigualdad social, la
opresión y la explotación del pobre; que en este caso son alimentados por las
connotadas prácticas deformadas de quienes ejercen el poder en provecho de sus
intereses individuales. Es obvio que estos viejos esquemas de abuso de poder,
de ejercicio despótico y criminal del mismo, choquen con los intereses del
soberano, cuya soberanía es constitucionalmente indelegable, por lo que
tendríamos que considerar y apoyarnos en elementos constitucionales ya
refrendados, tales como el Artículo 5 de la Constitución de 1999, donde expone
taxativamente: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo…” y por
ende, el Estado-Gobierno ejecutará las políticas necesarias contenidas en esos
mandatos constitucionales. Y más allá aún de la constitución nos encontramos
frente a unos hechos donde es el sabgrado principio de la defensa de la vida lo
que debe priorizar cualquier entendimiento entre víctima y victimario
(colectivos y gobierno) dentro de estas circunstancias.
A tal fin y sobre la base de la conciencia que tenemos del momento
histórico que vivimos y la tarea revolucionaria que en principio nos hermana al
pueblo y al gobierno, proponemos la creación de una MESA DE DIALOGO de
inmediato entre el Poder constituyente y el Gobierno, cuya delegación en este
caso estará a cargo de los colectivos de trabajo revolucionario y
organizaciones de base que quieran sumarse a este acuerdo y el gobierno. De lo
que se trata es de generar salidas revolucionarias ante esta situación de
crisis, evidenciada en la masacre de Quinta Crespo; que puedan revisar y modificar
las estructuras del poder constituidas, deteniendo así la concepción
burocrática que se ha sustentado en la permanencia del caos y nos ha desplazado
como simples apéndices políticos, las migajas del mantel, “preservativos de
ocasión”, donde sólo valemos a la hora de hacer las operaciones policiales o
comunitarias que les convenga a cualquiera en el aparato policial, o de siervos
electorales a la hora de buscar votos, por candidatos que jamás hemos elegido.
PONGÁMONOS DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS DE LOS COLECTIVOS
REVOLUCIONARIOS.
Históricamente los colectivos nacieron de la profunda división y
desmantelamiento que vivía el movimiento revolucionario en los años 80, aunada
a una enorme revuelta social contra la pobreza y neoliberalismo que culminó su
primera etapa con el genocidio del 27F hasta el 2 de marzo del 89 (El
Caracazo). Es entonces que los colectivos surgen como organizaciones en
resistencia y construcción del poder popular, sustentados en la “Democracia de
Calle” como experiencia de democracia directa e integración de un conjunto de
comunidades que requerían iniciar el proceso de transformación.
Estas estructuras se fueron multiplicando en el tiempo y el espacio
(particularmente en Caracas) hasta convertirse en un enorme movimiento de
entidades políticas de base descentralizadas, enmarcado en las metas y sueños
de lograr la Revolución Bolivariana.
Se trató, y se trata hoy, de organizaciones legitimadas y
necesarias para la construcción de la verdadera vanguardia de lucha clasista
por el cambio profundo. Como colectivos de trabajo revolucionario (CTR),
principio conceptual que los definió desde sus primeros momentos, donde se
combinó el trabajo de base comunitario con la autodefensa del pueblo frente a
toda clase de enemigos fuera y dentro del Estado, siempre estuvimos conscientes
de la existencia de innumerables agentes advenedizos a nuestra revolución, y
que han hecho de ella una carrera de poderes políticos y económicos a
otorgarse.Elementos que hemos combatido dentro de las limitaciones tasadas por
los abusos del poder y la enorme burocracia, en especial hablamos del poder
judicial donde reina la impunidad, lo que permite el acrecentamiento de los
peligros del uso irresponsables del poder, que en los últimos tiempos ha tomado
la forma de un para-estado y para-policialismo.
Siendo estos no defensores del pueblo sino amos del poder; que en
contra del bien común, no han dudado ni un instante en deformar los principios
reales que implican cambio social y casi lo logran…eso dependerá de nosotros de
nuestra conciencia y capacidad de lucha, si lo permitimos o no. Por ello
advertimos con toda serenidad pero igual firmeza que NO ACEPTAREMOS UNA
MASACRE MÁS CONTRA EL PUEBLO REVOLUCIONARIO, siendo este un principio
innegociable de la revolución bolivariana.
Aún persisten esos agentes que han penetrado muchos espacios de la
construcción socialista, disfrazados de rojos-rojitos, generando una inmensa
complicidad para saquear el país a través de la corrupción, el abuso de poder
en diferentes niveles, nepotismos, inversión de los valores éticos y morales
del funcionariado, mafias, delincuencia organizada. Realidad que llevó al
gobierno a subsumirse en las trampas y creación de una institucionalidad
represora, queriendo justificar esta opresión con hipócritas discursos de paz y
la criminalización del pueblo en lucha y sus organizaciones.
Si es por delincuentes o cualquier farsa que quieran inventar, este
no es en absoluto el caso de los colectivos 5 de Marzo, Escudo de la Revolución
y Movimiento de Defensa Popular Juan Montoya, que no amparamos actividad alguna
fuera del contexto de la construcción de la paz y la justicia revolucionaria.
Por esto hemos decidido presentar públicamente al gobierno nacional esta
propuesta de acuerdo.
FUNDAMENTOS PARA UN DOCUMENTO-ACUERDO:
POR LA PAZ, LA JUSTICIA Y LA REVOLUCIÓN, sin dilaciones, en aras de
una verdadera paz con justicia, dentro del marco contradictorio de avances y
retrocesos de todo proceso transformador. Somos parte de esa mayoría
revolucionaría, inspirados en la profunda auto-crítica y reflexión estratégica
que suscribió Simón Bolívar en la Carta de Jamaica, al encontrarse en la peor
situación política en que vivía la Guerra de Independencia, pero aún así,
reconociendo los inmensos errores cometidos en la primera y segunda república,
pudo sin embargo restablecer los nuevos marcos sociales y programáticos que
guiaron la guerra revolucionaria de Independencia, hasta su triunfo final. En
ese Bolívar nos inspiramos para reconstruirnos a nosotros mismos como pueblo
revolucionario, esperando la misma actitud de parte del gobierno nacional.
ROMPER LAS PRÁCTICAS Y FORMAS DE ABUSO DE PODER.
1.- De los falsos jerarcas del poder político: Se trata de
superar las pretensiones de orden despótico y nepótico, será a partir de ahí que
podremos integrar los nuevos procesos de construcción real, más allá de las
reglas mercantilistas y así poder concretar los cambios profundos.
2.- De los cuerpos de seguridad: Es urgente la integración de
los diferentes órganos de seguridad y control del Estado-Gobierno, ya que les
es obligatorio que estén vinculados a la cohesión social, sin que la
arbitrariedad se imponga como política aprehendida de esas lógicas provenientes
de los ricos contra pobres. Todas estasprácticas han llegado a tal término que
se han naturalizado: la impunidad, la arbitrariedad cómplice ejercida entre la
burocracia, el funcionariado y los órganos de seguridad; impidiendo así el real
protagonismo y la participación popular, violando una y otra vez los derechos
del soberano consagrados en la Constitución. Estos cuerpos continúan siendo la
mistificación de los intereses de la clase capitalista dominante y sus
cómplices en las estructuras burocráticas que aún sobran.
3.- De la institucionalidad: A todo lo antes expuesto, tenemos
que retomar los hechos de la MASACRE DE QUINTA CRESPO, el pasado 7 de Octubre,
donde podemos sintetizar por las características del hecho, cosa que nos
desborda de rabia, que existe una cultura política institucional que no ha
cambiado en esencia desde la independencia para acá, donde simplemente hay
cambios de forma, de acuerdo a las características formalmente democráticas o
no del régimen político, mas no de fondo, es decir sólo hay modificaciones de
estilo en el ejercicio de la relación opresiva disfrazada de norma.
4.- De los medios de comunicación: Sumemos un factor
importante, a pesar de que sí hubo una experiencia central en el área
comunicacional dentro del origen de la nueva república a construir, esta fue
revertida de un jirón con la esperanza, los deseos, los sueños de un pueblo;
donde los medios de comunicación y la libertad de expresión se tornaron en
desesperanza y frustración hasta hoy. Evidenciando el privilegio de los ricos y
la pequeña burguesía ilustrada de izquierda y derecha, y no el derecho al
protagonismo y a la participación directa, donde todos pudiéramos expresar las
verdades necesarias y dotarnos de la más amplia información, de expresar lo que
padecen los diferentes sectores en lucha, de exponer las reales necesidades:
sociales, políticas, económicas, culturales, entre otras.
Esto condujo a que prevalecieran sus propios intereses de clase,
que produjeron en forma irresponsable el manejo de una constante línea
desinformativa, adversa al desarrollo de la conciencia revolucionaria, que
debió estar tasada por la información veraz, que apoyara realmente el avance
revolucionario y creciera la conciencia integral del pueblo.
Por ejemplo los hechos de la MASACRE DE QUINTA CRESPO así lo
confirman. Responsabilizamos a la mayoría de los medios de comunicación
públicos yprivados de generar una matriz adversa a la verdad, sin medir las
consecuencias del daño que infligían a la verdad y moral de las familias de las
víctimas, de los colectivos en general, de individualidades revolucionarias. Todos
queriendo pescar en río revuelto, querían ver el caos desatado, una maquinaría
que al unísono no hacían más que defender los soberbios intereses de la clase
dominante y el terror que detenta frente a un proceso constante de organización
política en la base del pueblo, que sabe defenderse a sí mismo y los grandes
intereses de la mayoría y de la patria.
5.- De la criminalización constante como forma de destrucción
masiva de los colectivos de trabajo, autónomos y con sentido de clase: Todo lo
antes expuesto se conjuga en el pretendido deseo de someternos, bajo el
espectros de la alienación y la cosificación, y aspirar convertirnos en
residuos políticos, sólo útiles a la maquinaria electoral y para el
sostenimiento de los conclaves gobernantes: nacionales, regionales y locales.
En el caso de los colectivos en lucha, el ser utilizados para determinadas
estrategias de trabajo social, que nadie discute con nosotros, somos un especie
de muestrario estadístico. Ese fue el caso de nuestros compañeros caídos por organismos
policiales que actuaron extrajudicialmente, y que abrió un abanico de preguntas
que aun permanecerán sin respuesta, y que han de persistir en el abismo para
muchos; aun para nosotros, los colectivos: 5 de Marzo, Escudo de la
Revolución, no están claros los hecho de la MASACRE DE QUINTA CRESPO. Ahí se
hirieron de muerte sueños y verdades, exigimos que se haga justicia y se
reivindique los nombres de los revolucionarios caídos en esta masacre, llevando
a juicio a quien deba llevarse desde ministros hasta directores de policía.
LOS PROBLEMAS PARA OBTENER LA PAZ.
Queremos paz, sí, por supuesto que sí, es un valor supremo que todo
revolucionario debe tener entre sus principios de humanidad. Pero estamos
igualmente conscientes que la paz sin justicia y equidad es una inmensa
hipocresía de los ricos, una “paz” sostenida en el hambre y la opresión de la
mayoría trabajadora. Cada paso que demos como pueblo en lucha está circunscrito
a la tarea de nuestra liberación, ya que desde los diferentes golpes de estado
vividos durante este proceso de 15 años está demarcada por la responsabilidad
de los ricos, de oficina burocrática o de monopolio empresarial, contra los
pobres; es necesario corroborar una vez más que la inevitable desestabilización
capitalista e imperialista ha venido a nuestro encuentro, con violencia social,
violencia económica, guerras de cuarta generación, agendas de poder con los
consabidos mecanismos institucionales y extra-institucionales a los que hemos
sido subsumidos en el tiempo: complot, conspiraciones, intentos de
intervencionismos, desfalcos a la nación, redes desestabilizadores,
laboratorios de todo tipo; creados para doblegarnos, cansarnos y mutilarnos,
desdibujarnos el destino.
Decimos basta, porque lo que más nos duele son los centenares de
muertos de nuestras filas: campesinos, obreros, indígenas, líderes comunitarios
que se mantiene aún en la impunidad total y del cual nadie habla. Nos gustaría
saber que pudiese pasar si producto de toda esta carrera de crímenes políticos
contra el pueblo luchador, muriese un rico producto de la justa violencia
revolucionaria que se ejercería contra estos asesinos: ¡escándalo mundial! y de
inmediato nos convertiríamos en terroristas. Nuestra disciplina de clase y
conciencia del delicado momento que vivimos ha llevado a bloquear cualquier
desesperación que nos lleve por este camino, pero como todo tiene sus límites y
no quisiéramos de ninguna manera encontrarnos parados en ese borde; es en ese
sentido que apostamos enteramente a la paz.
Esa violencia del opresor existe y existirá mientras no logremos
concretar o vencer la tarea de construir una sociedad libre, justa e
igualitaria. Mientras no logramos este acometido fundamental estamos
conscientes de que la violencia de los ricos seguirá ejerciéndose. Violencia
que además ya no sólo se está manifestando a través de los clásicos mecanismo
del Estado Burgués, con la aplicación de la violencia directa por parte de las
facciones abiertamente fascistas y reaccionarias; sino que se ha manifestando
también a través de la descomposición social, circunstanciada a través de los
agentes de descomposición social y de la introducción dentro de las clases
desposeídas de agendas despiadados de la conspiración acompañados de actos
violentos, que hacen parte de la estructura mafiosa y delincuencial del
capitalismo. Violencia instaurada a través del miedo y el terror, como vértice
fundamental del ordenamiento opresor de la clase burguesa, para sostener la
explotación y humillación de los pobres y como sistema del control de masas.
Apoyamos las políticas de paz iniciadas este año por el gobierno
nacional, principalmente las aplicadas para combatir las estrategias fascistas
e imperialistas de hundirnos en una situación de caos permanente y
desesperación involuntaria para así lograr llevarnos a una guerra civil. Al
mismo tiempo, cabe decir, que somos nosotros como pueblo en lucha los que
tenemos que enfrentar este caos y la violencia como la gran enemiga infiltrada
en nuestras comunidades. Si lo queremos lograr tenemos que lograr renovar
nuestras iniciativas obreras, campesinas, indígenas, comuneras, y los
movimientos sociales revolucionarios. Por lo cual nos parece un total absurdo
que se esté pidiendo a las colectivos de trabajo revolucionario su desarme al
mismo nivel que se le exige a cualquier banda delictiva. ¡NO¡, no somos bandas
delictivas, somos organizaciones revolucionarias con un rostro, en pie de
lucha, pero cansados de protestas que no se escuchan, cansados de la
criminalización, cansados de la impunidad, cansados de tantos atajos
enmarañados, que nos hieren la piel y el alma.
Todo lo expuesto en este documento se circunscribe en función de
los propósitos máximos del bien común, de confraternidad y defensa ante los
agentes de descomposición (sembrados en Venezuela desde 2002), y en definitiva,
ante cualquier conspiración contra la Revolución Bolivariana. Incluidos
cualquier desastre provocado por agentes de Estado y para-estado que pretendan
acabar con nuestros derechos y sueños de libertad.
Este DOCUMENTO-ACUERDO tiene como finalidad entre otras cosas
llegar a un consenso que nada tiene que ver con política de desarme del
movimiento revolucionario, que sólo se debe ajustar en todo caso a esas
organizaciones netamente delictivas, o las de uso personal ilegal y las de
bandas en descomposición (que han proliferado enormemente en el país).
La situación estriba, sea que tengamos o no armas, en que estamos
en medio de una crisis de violencia avasallante, donde pareciera que avanza y
el querer detenerla es casi imposible. Urge entonces una rectificación en esos
sistemas vigentes que están diseñados en contra de la revolución venezolana y
las comunidades revolucionarias. Es necesario resaltar lo que el comandante
Hugo Chávez Frías nos repitió en tantas oportunidades ¡NUESTRA REVOLUCIÓN ES
PACIFICA, MAS NO DESARMADA¡ Esta frase nos ratifica la necesidad inmediata de
que consensuemos con el gobierno una política común de defensa y enfrentamiento
con los agentes de descomposición social, como contra todo sujeto
intervencionista, sea interno o externo, que pretenda acabar con las
aspiraciones libertariasdel pueblo de Venezuela. Y así mismo pongamos de una
vez por todas en la agenda de los acuerdos un conjunto de políticas de
intervención, contraloría, información, revisión total de políticas,
iniciativas de justicia, que son fundamentales para la construcción de una
república democrática, soberana y socialista.
Segunda parte
Ya habiendo tratado algunos de los elementos concretos de este
documento, adelantamos formalmente una propuesta de plataforma de acuerdo con
el gobierno. Estos son los siguientes:
El presente acuerdo siguiendo las reflexiones ya adelantadas, se
establecerá en una mesa de diálogo pública donde estarán representadas las
respectivas delegaciones entre el gobierno nacional y los colectivos de trabajo
revolucionario y organizaciones populares de base que se sumen a este acuerdo.
Queda de antemano manifestado que este acuerdo tiene como condición primera el
que se haga justicia frente a los hechos criminales del 7 de Octubre, y vayan a
juicio los agentes responsables ministeriales, políticos y policiales de la
Masacre de Quinta Crespo.
Puntos y contenidos que proponemos como elementos a discutir:
Por un país de paz y justicia
1.- A propósito de los densos problemas estructurales que
provocan la desigualdad social dentro de una sociedad capitalista como la
nuestra, entre tantos: la violencia endógena dentro de las comunidades, la
presencia multiplicada del sicariato como mecanismo proliferado dirigido
principalmente al asesinato de dirigentes sociales y personas “inconvenientes”
a los fines de quienes pagan estos sicarios, la proliferación de bandas de
delincuentes relacionadas en muchos casos con estructuras policiales estatales
y creando ellas mismas pequeños ejércitos de violencia social, estructuras
paramilitares relacionadas con la economía mafiosa de la droga y toda clase de
ilícitos, la violencia personal arbitraria como modo de resolución de los
conflictos grupales o interpersonales principalmente en nuestros barrios,
beneficiando así una cultura del desprecio a la vida y el respeto a la misma;
cuya responsabilidad en función de la superación definitiva de semejante cuadro
de deterioro social y moral de nuestro país, competen tanto al pueblo
organizado como al gobierno revolucionario. Los colectivos y el gobierno
acuerdan su mutuo compromiso en función de hacer frente a semejante situación,
coordinando acciones específicas y estratégicas en caso de necesidad dentro del
marco de la ley, los derechos humanos y del pueblo.
2.- El Gobierno Nacional a tal efecto se compromete ante los
colectivos y el país a emprender una política depuración de fondo de todos los
órganos de seguridad del Estado, incluida la Guardia Nacional Bolivariana, el
DIM, el SEBIN, el CICPC, la Policía Nacional, las policías regionales y
municipales, en función borrar de sus filas toda presencia de corrupción, de
colaboración entre esta con los agentes sociales del crimen y la violencia, así
como toda práctica de uso de las bandas armadas criminales a los fines
personales de agentes integrados a las filas de dichos cuerpos. Se eliminarán
de su seno todas las estructuras parapoliciales y paramilitares que puedan
haber crecido dentro de su filas directivas, funcionarios y empleados. Se
eliminará igualmente toda política de seguridad pública dirigida a concebir
estos órganos de Estado como instrumentos de las viejas concepciones de
“seguridad nacional” y “maquinarias contrainsurgentes”, que tuvieron en su
momento el uso de estos en función de la protección del gran capital y el orden
burgués y oligárquico que ahogó nuestros países. Se beneficiara dentro de ellos
una cultura de la vida, de la protección del pueblo y las colectividades, de
colaboración con el trabajo socio-político comunitario que emprendan las
agrupaciones y colectivos de trabajo revolucionario, de una seguridad pública
respetuosa de todos los derechos del pueblo consagrados en el mundo y el
proceso revolucionario, el fin de toda práctica de la tortura, arbitrariedad y
humillación contra el pueblo, la represión hacia las acciones de movilización,
transformación social y estructural emprendida por el pueblo organizado, la
formación interna permanente para estos fines vistos en la práctica concreta de
la tarea policial y de seguridad ciudadana.
3.- El gobierno y el poder judicial se comprometen igualmente
a desarrollar una política de revolución profunda dentro del poder judicial,
bajo el entendido de que se trata de una instancia del Estado plagada de
prácticas que niegan todo principio de justicia: la continuidad de la impunidad
como cultura despreciativa de la vida y de toda voluntad de justicia, la
colaboración de jueces locales y regionales con todos los agentes del viejo
orden monopólico y terrófago, la imposibilidad de hacer frente a la corrupción
a través de las vías de justicia, la colaboración de los mismos con las
arbitrariedades y despotismos policiales y militares, la corrupción judicial
como forma de privatización de la justicia “el que no paga va preso”, la
correspondencia del ministerio público con tales prácticas, la total ausencia
de democracia participativa y protagónica a la hora de elegir jueces y
fiscales, todo lo cual se presta a la formación de cualquier cantidad de tribus
internas ligadas a agentes del poder político y económico. Será imposible un
verdadero acuerdo de paz con justicia si no se emprende esta meta fundamental
al proceso revolucionario dado el deterioro innegable del poder judicial en
nuestro país.
4.- Los colectivos y organizaciones de base en general se
comprometerán a hacer desaparecer de su seno toda práctica de la arbitrariedad
dentro sus propios espacios locales de militancia, el uso de cualquier recurso
armado que se tenga para otros fines que no sean los del bien común, la
consciencia de la tenencia del arma como recurso dirigido a la defensa
comunitaria y la paz con justicia, la defensa de la nación contra los agentes
violentos de la conspiración y la violencia fascista e imperialista. Así mismo
promoverán de manera obligatoria la actividad de formación permanente en su
seno de valores y principios inspirados en las grandes metas de todo movimiento
revolucionario auténtico: la dignificación de la vida, la solidaridad y el
apoyo mutuo, la lucha por la igualdad y la equidad social, el crecimiento
político y cultural de sus respectivas comunidades, el incentivo de todas las
expresiones concretas del poder popular, la autogestión y el autogobierno del
pueblo, el respeto del otro, la práctica y el respeto a los principios máximos
de una democracia revolucionaria protagónica y participativa, el respeto a la
libertad de expresión y la diversidad de identidades y conciencias del mundo,
la rendición de cuentas de sus actividades ante las comunidades y el pueblo, el
fin de los caudillismos y las prácticas de despotismo interno, promoviendo la
democracia de base en su seno. Los colectivos a tal fin promoverán formas de
coordinación organizada y permanente entre ellos que sirvan para la
planificación común de sus actividades, el apoyo y solidaridad entre ellos, su
crecimiento formativo y revolucionario, la resolución pacífica de cualquier
conflicto entre partes, así como el autocontrol conjunto, promoviendo una
cultura de la crítica y la autocrítica. Por otra parte los colectivos se
comprometen a expulsar de sus filas cualquier tipo de elementos que contradigan
en la práctica los principios antes mencionados o en dado caso a denunciar y
confrontar a individuos o falsos colectivos que en nombre de tales se dediquen
a la práctica cualquier forma de corrupción, delincuencia, colaboración con el
enemigo patrio y de prácticas contrarias al bien común.
5.-Todo esto nos debe conllevar a la generación de una nueva
relación de respeto mutuo entre el gobierno y el poder popular, y
reconocimiento de la particularidad, autonomía y misión de cada quién en
función de las grandes metas comunes por el bien de la patria y el pueblo
venezolano dentro de su proceso de liberación. Acuerdo, por parte del poder
popular expresado en los colectivos de trabajo revolucionario y organizaciones
de base que se comprometan con este documento, y del gobierno por el lado del
poder constituido a través de sus delgados y comisiones de trabajo que a bien
de este acuerdo se decidan formar. Gobierno y colectivos se reunirán de forma
regular en función de evaluar el desarrollo de este acuerdo y de manera
consensuada y pública harán cualquier agregado o modificación del mismo. De los
que se trata es de promover una sociedad soberana, libre, comunal, autogobernante,
socialista, dentro del proceso de revolución democrática “pacífica mas no
desarmada” que el comandante Chávez dejó como unos de sus legados estratégicos
fundamentales.
6.- Queda claro en este acuerdo que la política de desarme
emprendida por el gobierno bolivariano va dirigida, según este acuerdo a
iniciar un proceso complejo de desarme de todas las bandas delictivas,
sicaritos, paraestatistas, sujetos mafiosos armados, “pranes” de barrios y
cárceles, individuos violentos y armados, bandas terroristas y fascistas,
buscando de esta forma restarle capacidad de fuego a estos agentes criminales
dentro de la sociedad y que tanto daño y sangre le han causado. Las armas en
manos directas de la organización del pueblo, los colectivos se comprometen a
contribuir con esta política de desarme, usando las suyas a tales fines de ser
necesario, dentro de los límites estrictos de la ley y de los derechos
consagrados en la constitución.
7.- El “armamento del pueblo” tendrá su condición de armamento
de guerra bajo el monopolio exclusivo de la Fuerza Armada Bolivariana entendida
ella como expresión más elevada del “pueblo en armas”, los armamentos o
recursos de defensa, incluidos los de producción propia, utilizados por
colectivos de trabajo revolucionario y organizaciones de base en caso de
decidir obtenerlos y usarlos de ser estrictamente necesario, estarán siempre
limitados al armamento propio a la autodefensa popular y comunitaria efectiva.
Por la superación de la crisis nacional en su conjunto:
Siendo los colectivos de trabajo revolucionario y organizaciones de
base, estructuras de auto-organización política del pueblo, no podemos
simplemente hacer un acuerdo que nos remita al problema del principio del
“pueblo en armas” en manos directas de la organización popular. Existen
problemas básicos nacionales y que hacen parte de las contradicciones profundas
que viene confrontando el proceso revolucionario. Por lo cual pedimos con todo
derecho abordarlos y decidir en este acuerdo sobre ellos. Entendemos que somos
expresión directa del ejercicio de la soberanía popular, dentro de una realidad
nacional que se ha caracterizado cada vez más por convertir al Estado y sus
instituciones en una “caja negra” absolutamente ajena al control social,
elemento que facilita en forma determinante todas estas situaciones de
corrupción, violencia y fraudes a la nación que estamos viviendo. Contemplamos
en ese sentido abordar los siguientes temas:
1.-Que se discuta pública y abiertamente al presupuesto nacional,
su correspondencia a los fines del “Plan Patria” ya convertido en ley, y que la
Asamblea Nacional presente rendición de cuentas y capacidades del ejercicio
ejecutado de todas las instituciones que se les otorga dicho presupuesto.
2.-Que se abra al conocimiento público los contratos emprendidos
con empresas transnacionales en lo que respecta a su participación en la
producción petrolera, gasífera, minera, industrial, agrícola y de servicios.
3.-Que se haga del conocimiento público la productividad de las
empresas públicas, sus políticas de desarrollo, las inversiones estimadas y los
procesos de transformación programados en ellas en función del desarrollo de su
productividad y transformación de las relaciones sociales de producción a su
interno.
4.-Que se abra un proceso nacional de evaluación participativa de
todas las misiones sociales, y se emprenda una política colectiva de
transformación de las mismas en función de pasarlas cada vez más a manos del
poder popular, de acuerdo a su programación originaria.
5.-Que se emprenda un proceso de integración y contraloría sobre
los planes de reconstrucción productiva a nivel agrícola, tecnológico e
industrial, de manera de incorporar a todo el espacio comunal, obrero,
campesino, indígena, directamente al proceso de reconstrucción económica
productiva del país, y las metas consensuadas que ha de establecerse
mutuamente.
6.-Que se comience finalmente la construcción de una plataforma
cibernética adecuada de manera que el pueblo organizado y la ciudadanía en
general puedan ejercer de manera directa su derecho constitucional a la
contraloría social.
7.- Que se termine de una vez por todas con una política
pública comunicacional únicamente dedicada a la propaganda de gobierno, a la
criminalización de la crítica, donde no cabe la discusión de fondo dirigida a
la evaluación sincera y verás del proceso revolucionario, y donde no se pueda
informar otra cosa que no sea conveniente a los intereses de la burocracia.
Necesitamos de medios realmente veraces, informativos y críticos que se pongan
por encima de la manipulación descarada de la conciencia proveniente de las
corporaciones globales y nacionales de la comunicación.
8.-Que se promueva una mesa de trabajo común en función de revisar
el problema de la tenencia y la productividad de la tierra, y la reconstrucción
de los planes socialistas agrarios en vista a un desarrollo agroecológico de
nuestra nación.
9.-Que se reemprenda el plan originario en función de promover las
empresas sociales bajo control obrero y comunitario, revisando el estado del
parque industrial existente en manos privadas o públicas, el cual ha sufrido un
gravísimo proceso de abandono o deterioro de ambos lados.
10.-Que se intervenga de manera inmediata del sistema público de
salud en la brevedad posible, en un diálogo pueblo-gobierno, en vista a lograr
salidas efectivas para resolver los grandes problemas de un sector tan
brutalmente golpeado.
11.-Que se ponga en claro la situación de nuestras minas
productivas, la producción de oro y minerales escasos en función de rendir cuentas
al pueblo respecto a la producción y reservas de oro en manos del BCV. La
participación directa de la clase trabajadora en la resolución de dicho
problema crucial ante la crisis del sistema monetario mundial y nuestra propia
crisis de reservas que abona sobre la realidad inflacionaria y estancamiento
económico que vivimos.
12.-Evaluar los planes de producción energética de nuestro país
dada la crisis energética que vivimos, dejando en claro nuestro total rechazo
-de acuerdo al Plan Patria- a cualquier alternativa que suponga mayor
contaminación y afectación de las reservas de agua y de bosques, como es el
caso de la reapertura de las minas de carbón en el Zulia.
13.-Emprender un plan conjunto de confrontación a la especulación,
el contrabando, la inundación de espacios controlados por las economías
mafiosas y sus alianzas con los sectores monopólicos y oligopólicos internos,
sus relaciones con agentes de Estado, como fuentes de corrupción del Estado y
la sociedad, y nudos básicos de nuestro problema económico actual.
14.- Aclarar de una vez por todas y dada la inmensa deuda que
detenta el gobierno frente al país respecto al defalco de miles de millones de
dólares otorgados a empresas de maletín a través de Cadivi, de lo cual no
sabemos prácticamente nada, y menos aún se han tomado las correspondientes
acciones de justicia obligantes para el caso.
15.- Los colectivos de trabajo revolucionario y organizaciones
de base firmantes de este acuerdo, se comprometerán a trabajar en apoyo al
gobierno en función de resolver estos grandesproblemas y deudas con el país,
además de promover un plan interno de formación de cuadros técnicos capacitados
para estos fines.
Para finalizar
Asumimos que este acuerdo en caso de darse tendría un carácter
vinculante y constituyente en la medida en que inaugura una nueva fase en la
relación pueblo-gobierno en nuestro país. Al mismo tiempo se trata de un
acuerdo que si bien pudiese chocar con principios de ley establecidos, él mismo
por los fines de vida, de paz, justicia y revolución que suponen, están
sustentados en propósitos superiores constitucionales respetivo al bien común,
la soberanía nacional y popular, lo cual los hace absolutamente éticos y
legítimos. Se trata por otro lado de un acuerdo de Fiel Cumplimiento, por tanto,
cualquiera de las partes puede denunciar a la otra de incumplimiento de la
misma, siendo necesaria la formación de una comisión permanente de seguimiento
de dichos acuerdos.
Viviremos y venceremos!
Chávez vive la lucha sigue!
Todo el poder para el pueblo!
Colectivos de Trabajo Revolucionario
Movimiento de Defensa Popular Juan Montoya
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