17 septiembre 2015, La
Mareahttp://www.lamarea.com (España)
Bruselas intenta superar el rechazo social a los mecanismos de protección
de los inversores al proponer cortes con jueces públicos.
Bruselas // La Comisión Europea presentó el miércoles su nueva propuesta para
establecer mecanismos de arbitraje para caso de conflicto de interés entre
Estados y inversores, después de las masivas críticas que había suscitado este
instrumento como parte del Tratado de Libre Comercio (TTIP)
entre la Unión Europea y EEUU, que se está negociando. Se da la espalda a la
figura de tribunales privados, conocidos como ISDS en sus siglas en inglés,
para dar paso a la creación de una especie de corte pública de debería dirimir
en casos cuando un inversor considera que deciciones de un gobierno perjudiquen
sus intereses.
La cláusula ISDS es uno
de los aspectos del TTIP que más rechazo ha provocado en la opinión pública.
Muchos críticos, entre ellos partidos con responsabilidad de gobierno en la UE,
temen que estos tribunales socavan la soberanía de los sistemas de Justicia de
los Estados nacionales.
En un extenso documento
de 37 páginas, presentado el miércoles, se definen las nuevas líneas de este
mecanismo, cuyo fin declarado es proteger a los inversores de supuestos
perjuicios por parte de los legisladores, como pueden ser leyes de protección
medioambiental o de derechos laborales hasta la renacionalización de empresas.
“Transparencia y “en favor a los principios democráticos”, fueron las palabras
más usadas en la rueda de prensa de la Comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, para
definir lo que las organizaciones de la sociedad civil han definido como la
“privatización de la justicia”.
¿Qué hay
de nuevo en el ISDS?
En primer lugar, el
texto establece que el derecho a regular las políticas públicas estará
totalmente preservada a los Estados. “Las disposiciones derivadas de la
protección de inversiones no deberán interpretarse como un compromiso de los
gobiernos a no cambiar su marco jurídico”.
Por otro lado, el
documento propone el establecimiento de un nuevo sistema judicial integrado por
21 jueces: 15 formarán el Tribunal de Primera Instancia y seis el de
apelaciones.
Según explica la
Comisión, en el primero habrá cinco jueces provenientes de EEUU y la UE y otros
cinco de terceros países. Además, estas figuras deberán tener calificaciones
técnicas comparables a las requeridos para los miembros de los tribunales
internacionales permanentes, como la Corte Internacional de Justicia y el
Órgano de Apelación de la OMC. Por su lado, el tribunal de apelación se
compondrá de seis miembros nombrados conjuntamente por la UE y los Estados
Unidos en un reparto proporcional.
En relación al conflicto
de interés y la transparencia, Cecilia Malmström anunció en la rueda de prensa
del miércoles que “ la independencia de los jueces deberá estar fuera de toda
duda”. Así mismo, señaló que los documentos que corresponden a las demandas en
los tribunales de arbitraje serán públicas. Cabe señalar a este respecto que la
Comisión Europea también ha presumido de que “el TTIP es el Tratado más
transparente negociado hasta el momento”. No obstante, los textos cruciales siguen
estando ocultos al público, también la posición de Europa en los aspectos más
delicados. Ni siquiera los eurodiputados que deben de adentrarse en una sala
secreta para ver que se está negociando en el TTIP, tienen un acceso completo a
la información.
Por último, el borrador
del texto legal otorga cinco derechos a las corporaciones a la hora de demandar
a un Estado. La compensación por una expropiación o nacionalización, la
garantía de un trato en la inversión como a cualquier inversor nacional, el
compromiso de compensar las pérdidas del demandante en determinadas situaciones
(como un guerra) y el de respetar los escritos firmados y las obligaciones
contractuales. También se aprecia la posibilidad de transferir (y eventualmente
repatriar) fondos relacionados con una inversión.
Una vez aprobado el
texto descrito, el siguiente paso de la Comisión será consultar a los Estados
miembros de la UE en el Consejo y debatir la propuesta en el Parlamento Europeo
antes de presentar la propuesta de texto formal a los Estados Unidos.
¿En el fondo hay algo más que un cambio de nombre?
El lenguaje es un
aspecto clave para enmarcar la realidad. Por ello la Comisión ha cambiado el
nombre del que hasta ahora se llamaba ISDS, por ICS (sistema judicial de
inversiones, por sus siglas en inglés). “Da igual como se denomime. Sigue
siendo un sistema para presionar a los Estados, a la Unión Europea, a las
autoridades locales y a la ciudadanía con el fin de lograr una legislación
favorable a las multinacionales”, señala el portavoz de los verdes europeos, Florent Marcellesi.
Cecilia Malmstrom ha
puesto la transparencia en el eje de su discurso y lo ha envuelto de medidas
que “no dejan de ser más de lo mismo”, según la activista de Amigos de la
Tierra Europa, Natacha Cingotti. “Se reafirma la concesión de derechos de VIP
para los inversionistas corporativos sin darles ninguna obligaciones que
protegerían a los ciudadanos y el medio ambiente”, añade.
El experto en Comercio
Jürgen Knirsch señala en un nota de prensa de Greenpace que “la Comisión sigue
apoyando un sistema de justicia a dos velocidades- una que privilegia a las
empresas multinacionales para proteger sus intereses privados, y una justicia
básica para los ciudadanos y las pequeñas y medianas empresas”.
Ante la recurrente insistencia
de la Comisión Europea por establecer un mecanismo que permita a las empresas
demandar a los Estados, Pia
Eberhart, investigadora del Corporate
Europe Observatory, se pregunta “por qué los juzgados no son
suficientes para los inversores exttranjeros, pero sí para el resto de
personas”. En la actualidad, menos del 10% de los tratados de comercio están
cubiertos por el ISDS e incluirlo en un acuerdo entre EEUU y la UE ampliaría su
alcance a un nivel sin precedentes. “El verdadero problema que nos ocupa aquí
no es de establecer tribunales públicos o privados, sino el de otorgar mayores
privilegios al poder corporativo”.
La Comisión Europea
también ha señalado que esta nueva propuesta ha sido posible gracias a “una
aportación sustancial” fruto de la consulta pública que realizó en marzo sobre
el ISDS. Lo que olvida, según el Corporate Europe Observatory, es que el 97% de
las miles de respuestas que recibió en ella se oponía claramente a este
mecanismo sea cual fuera su cualquier forma. “Esta propuesta alternativa es
esencialmente un ejercicio de relaciones públicas para poner fin a la enorme
controversia y oposición que se ha generado”.
Además, la Comisaria de
Comercio ha confirmado hoy, tras la pregunta de un periodista, que la nueva
propuesta no se aplicará al CETA, acuerdo de similares características al TTIP
que ultiman la Unión Europea y Canada. Este hecho permitirá a las compañías
estadounidenses con filiales en Canadá demandar a los estados miembros de
Europa basándose en el viejo modelo del ISDS.
El riesgo para los
gobierno de ser demandados por las grandes empresas es otro de los aspectos
denunciados. Un hecho que debería preocupar a España, el país de la Unión
Europea que más reclamaciones recibió en 2014 en tribunales de arbitraje y el
tercero del mundo, según datos del CIADI,
el tribunal de abritraje de Washington.
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