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segunda-feira, 26 de agosto de 2013

Abya Ayala, Patria Grande, Venezuela/Fundación Celarg convoca a participar en el Premio Nacional de Investigación en Ciencias Sociales “Orlando Fals Borda”



Centro de Estudios Latinoamericanos Romulo Gallegos (CELARG) http://www.celarg.org.ve (Venezuela)

 El plazo de recepción de obras culmina el 14 de enero de 2014

El Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, convoca a todas y todos los investigadores residenciados en Venezuela a participar en la primera edición del Premio Nacional de Investigación en Ciencias Sociales Orlando Fals Borda. El período de recepción de obras culmina el 15 de enero de 2014. El certamen premiará al autor con la publicación de la obra ganadora y con el aporte de Bs. 50.000.

El propósito fundamental de esta iniciativa es fomentar la investigación social orientada emprender esfuerzos dirigidos hacia una comprensión más cabal de los procesos de cambio que ocurren y que han ocurrido en nuestro país, y en el conjunto de América Latina y el Caribe.

sábado, 5 de setembro de 2009

Bolivia/‘Conexión Ústachas’: Rózsa escribía ya en periódico de Marinkovic en agosto de 2006

Agencia Boliviana de Información (ABI) http://www.abi.bo

La Paz, 4 septiembre 2009 - Siete meses y 5 días después de investido el gobierno progresista de Evo Morales, el mercenario boliviano-croata-húngaro Eduardo Rózsa ya escribía, en calidad de columnista, en el periódico El Nuevo Día, gerenciado por el grupo periodístico español Prisa y de cuyo paquete accionario ya formaba parte el empresario Branco Marinkovic, de acuerdo con una investigación hemerográfica.

El 5 de agosto de ese año, el cotidiano editado en Santa Cruz, firmó un artículo sobre la situación política en Oriente Medio, envuelto en una guerra, firmado por Rózsa.

El artículo rotulado ‘Perros rabiosos asolan el Líbano’ fue publicado un día antes de la instalación de la Asamblea Constituyente de Bolivia, cuyos 245 miembros fueron elegidos en las urnas en julio de 2006.

Esta es la primera evidencia de que Rózsa, nacido en Bolivia en 1960, de padre de croata y madre boliviana, pero avecindado en Budapest, había vuelto los ojos a su país de origen en momentos en que el gobierno de Morales instrumentaba una nueva reforma agraria y buscaba repartir un quinto de la tierra cultivable entre campesinos e indígenas carenciados.

No existen más antecedentes de Rózsa en Bolivia, a excepción de una nota de opinión de la hermana de éste, Silvia Rózsa, que firma una columna en el Nuevo Día de Santa Cruz.

El artículo, cuya autoría se atribuye a Eduardo Rózsa, revela el primer contacto formal de operadores locales, cuya identidad se desconoce y se pretende establecer por conducto de una investigación judicial, trabada sistemáticamente por un juez de la jurisdicción de Santa Cruz, Luis Tapia Pachi, con la ‘Conexión Ústachas".

La ‘Conexión Ústachas’, crucial para entender, entre otros, conflictos bélicos en Europa en la última década del siglo XX, que incorporaron conceptos tales como "limpieza étnica y reliogiosa" y provocaron catástrofes humanitarias en otras latitudes del planeta, representa la unión de "fascistas con fascistas, no importa dónde hubieran nacido, qué idiomas hablaban, cuál era el color de su cabello o qué religión profesaban", escribió el intelectual boliviano Marcos Domic.

La ‘Conexión Ústachas’ guarda relación con la guerra interna que atomizó Yugoslavia a principios de la década de los ’90.

Se trata de "fascistas que de alguna manera se vincularon con Croacia post yugoslava. Es decir se trata de vinculaciones ante todo políticas", afirmó Domic.

Rózsa, de cuya presencia entre el 5 de agosto de 2006 y setiembre y octubre de 2008 no se tiene evidencia, ingresó el país subrepticiamente con un grupo de mercenarios europeos, veteranos de la guerra de Yugoslavia, para "independizar Santa Cruz, según declaró él mismo a un periodista húngaro antes de partir nuevamente a Bolivia, a fines del año pasado.

"Pasaré de Brasil a Bolivia y comenzaré a organizar una milicia, basada en la decisión de Santa Cruz" de obtener una autonomía de corte federalista, sostuvo en la entrevista que circula en la internet.

Rózsa Flores, ingresó ilegalmente a Bolivia por la extensa frontera con Brasil, confió él mismo al periodista húngaro Andreas Kepes.

"Si ellos, el gobierno (de La Paz), no permiten la autonomía de Santa Cruz, Santa Cruz está dispuesto separarse de Bolivia", declaró en húngaro el mercenario, un controvertido personaje que se desempeñó como corresponsal, poeta y escritor y que devino en la milicia ultranacionalista de Croacia.

El 16 de abril de 2009, Rózsa, que comandaba un grupo armado que buscaba detonar una guerra civil en esa región del oriente boliviano, para promover luego su separación de Bolivia, fue abatido en un intercambio de fuegos con la Policía local en un hotel de Santa Cruz.

La Policía halló ese mismo día un arsenal en una tienda de la empresaria Expoferia de Santa Cruz, en el centro de esa ciudad a 900 km al este de La Paz, del que se servía la célula de mercenarios extranjeros articulada por Rózsa en Bolivia.

Abierta la investigación guiada por testimonios ofrecidos por dos mercenarios de la célula de Rózsa aprehendidos con vida, el húngaro Elöd Tóaso y el boliviano húngaro Mario Tadic, además de un contacto local, Ignacio Villa Vargas, "El Viejo", analistas locales infirieron que ese grupo de veteranos de las guerras de Yugoslavia, Croacia y Africa fue contactado en Bolivia por "fascistas croatas, vinculados con la derecha fascistizada de Santa Cruz".

Las investigaciones del Ministerio Público apuntaron a Marinkovic que en el segundo trimestre de este año se hizo del total del paquete accionario del Nuevo Día.

El fiscal boliviano Marcelo Soza, con asiento en La Paz, conduce la investigación y después de estudiar cientos de legajos e información colectada de los ordenadores confiscados a Rózsa, citó a Marinkovic para esclarecer su actuación en el financiamiento de la célula armada desarticulada en Bolivia.

Marinkovic, acusado por el gobierno de financiar y soliviantar a grupos de civiles armados que, entre agosto y setiembre de 2008 tomaron aeropuertos, volaron ductos y saquearon oficinas públicas en los distritos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, con el objetivo de derrocar a Morales, se niega a declarar sobre el caso Rózsa ante autoridades de la judicatura nacional.

Marinkovic presidió entre 2007 y 2009 el político empresarial Comité Pro Santa Cruz, radical opositor al presidente Morales.

El empresario agropecuario, acusado también por adherir ilegalmente a su propiedad tierras fiscales, se vale, para evadir las conminatorias judiciales, de un par de recursos planteado por el juez Tapia Pachi para que el caso se ventile en la jurisdicción de Santa Cruz, en desmedro de la de La Paz, donde el proceso acusa ya un desarrollo.

Tapia Pachi se ha ganado la tristemente célebre fama de archivar los procesos que se ventilan en Santa Cruz contra Marinkovic. El gobierno acusa al magistrado de responder a los intereses del poderoso empresario agroganadero. El intento de traslado de jurisdicción ha sido resuelto esta semana por un tribunal de garantías constitucional que radicó la investigación definitivamente en La Paz.

sexta-feira, 31 de julho de 2009

Colombia/Gobierno de Uribe presentó el mayor número de protestas de los últimos 50 años

[ADITAL] Agencia de Información Fray Tito para América Latina http://www.adital.com.br

29 julio 2009

Adital - Los seis años y medio del gobierno de Álvaro Uribe ya presentaron el mayor número de protestas sociales en Colombia desde 1975. De 2002 a 2008, el país alcanzó un promedio de 643 protestas por año. Los datos son del informe divulgado este mes por el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).
La Base de Datos de Luchas Sociales de la organización muestra que el año 2007 presentó el mayor número de protestas desde 1975, cuando el Cinep pasó a compilar las informaciones. De acuerdo con el centro, el período de gobierno de Uribe presentó el mayor número de protestas de los últimos 50 años, "lo que significa que se han realizado dos luchas sociales por día en el país", concluye la entidad.
Según investigaciones del historiador Mauricio Archila, de 1958 a 1974 el promedio anual de luchas sociales fue de 173. De acuerdo con el Centro, entre 1975 y 1990 este total saltó a 476; y de 1991 a 2001, a 429.
De los 1.120 municipios del país, 554 sirvieron de escenario para las protestas durante el mandato de Uribe. Las capitales de los departamentos se señalan como mayores concentradoras de las manifestaciones, debido a la visibilidad que poseen.
"La capital Bogotá concentra un número significativo de manifestaciones, a pesar de que parte de los conflictos no se desarrollan en la capital", se dice en el informe. Según el CINEP, las acciones suceden, principalmente, en los departamentos de Antioquia, Valle, Santander, Cauca y en los departamentos de la Costa Atlántica.
El Centro constató que el perfil de los manifestantes ha cambiado, pero que estos cambios no están ligados sólo con dinámicas relacionadas con políticas neoliberales y con la violación de derechos sociales, políticos y económicos.
"Sino también por el desplazamiento parcial del escenario político nacional de las organizaciones sindicales (históricamente se habían caracterizado por ser el actor principal en las protestas sociales) y por la emergencia de nuevos actores: indígenas, afrocolombianos, mujeres, población LGTB (lésbicas, gays, transgéneros y bisexuales), estudiantes, ONGs (Organizaciones No Gubernamentales) de derechos humanos", explica el informe.
La entidad pidió que el gobierno nacional vea a las manifestaciones públicas y colectivas como parte del conjunto de los derechos establecidos por la Constitución Nacional de 1991 (Artículo 37). "El disenso y la protesta son aspectos constitutivos de toda democracia. Por lo tanto, es preciso dejar de estigmatizar la protesta social por parte de altos funcionarios del gobierno", recomendó.
La organización también pidió al gobierno que evite una política represiva de las manifestaciones. El estudio del Cinep sugirió que el Ejecutivo desactive el Escuadrón Antimotines de la Policía Nacional, exigencia ya solicitada por estudiantes, indígenas, campesinos, mujeres, poblaciones urbanas. Las reacciones contrarias se deben "a la violencia que ejercen en las manifestaciones, que inclusive ha dejado un significativo número de muertos", criticó.

Acceda aquí al informe completo: http://www.dhcolombia.info/IMG/pdf_Informe_Especial_Cinep_-_Protesta_Social_2002-_2008.pdf

Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com

Al publicar en medio impreso, haga el favor de citar la fuente y enviar copia para: Caixa Postal 131 - CEP 60.001-970 - Fortaleza - Ceará – Brasil

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